SURGEN DOS OBSERVATORIOS CIUDADANOS DE TRANSPARENCIA: CONSEJERO ROMERO

Leopoldo Romero

POR ANDRÉS RESILLAS

¿Consejero, usted al iniciar su gestión en el ITAIMICH afirmó que si no se lograba avanzar en materia de transparencia usted renunciaría, cuál es el saldo de esa gestión?

“En el periodo como consejero hemos avanzando en nuestro trabajo impulsando algunas medidas.

“Por ejemplo hay un trabajo muy interesante en la construcción de dos observatorios ciudadanos en materia de transparencia y del acceso  a la información pública. Uno es por parte de la Universidad Michoacana que se denomina Jóvenes Nicolaitas  y otro el del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, que lo preside una docente alemana que está naturalizada como mexicana.

“Ya llevamos dos años trabajando, e iniciamos con un ejercicio muy sencillo: mandamos una solicitud de acceso y no les contestaron al observatorio; les dije bueno, ahora presenten el recurso de revisión y vamos agotando los pasos para que el sujeto obligado responda mediante los apercibimientos que marca la ley.

“Seguimos con el proceso de capacitación y dicen que para el próximo año estarán ya construyendo un sistema de semáforos, el cual responderá al proceso de evaluación de cada uno de los sitios de transparencia de los distintos niveles gubernamentales.

“De esta manera, en el análisis de los portales de los municipios podremos clasificar su situación de transparencia mediante los colores del sistema de semáforo, ya sea amarillo, rojo o verde. Eso lo están haciendo de manera disciplinada y sistemática.

“Por ejemplo, si el portal de transparencia del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas está negando la información a los ciudadanos o en la evaluación resultó que no cuenta con la información que le mandata la ley, lo puede denunciar.

Explica que también esos observatorios ciudadanos realizan ejercicios de enviar solicitudes a todos los municipios sobre determinada información y evalúan cuáles son los ayuntamientos que no responden, cuáles sí y con qué calidad de información.

“Hay un trabajo muy importante del Tecnológico de Monterrey que está ayudando en la construcción de la cultura de transparencia y acceso a la información”, añadió.

Lenguaje sencillo, sin tecnicismos

Romero Gonzalez explica que otro avance importante es que en materia de transparencia y acceso a la información se utilice un lenguaje que sea entendible por el ciudadano, y que se deben desechar términos  jurídicos y técnicos que no comprende la gente.

“Incluso si las resoluciones salen con un lenguaje jurídico, será necesario crear un anexo donde se explique de manera llana y sencilla lo que significa, para que el ciudadano lo entienda perfectamente. Para que también el ciudadano sepa lo que se le está resolviendo y pueda actuar en consecuencia. Hacia allá vamos.

Los recursos de revisión

Otro avance fundamental es en el número de recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos, lo que quiere decir es que el propio ciudadano decide impugnar ante el ITAIMICH a que la autoridad que no le quiso proporcionar la información o que no se la entregó completa.

¿Cómo hacer que el ciudadano ejerza el derecho a la información?

Nosotros  lo que estamos pugnando para que el órgano regulador pueda recibir las solicitudes de acceso a la información y canalizarlas a los sujetos obligados, el caso de Cuanajo es representativo. Ahí la comunidad demandaba información de los programas sociales y por un lado no podía trasladarse a la ventanilla del Palacio de Gobierno y por el otro no tenía el internet ni la tecnología para solicitarla por esa vía. Tuvimos que intervenir y logramos que llegaran las solicitudes y se convirtió en un caso exitoso.

Uno de los principales logros es que cuando existan dudas en la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se consulte y se aplique lo estipulado en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, eso es muy importante.

Otro de los elementos importantísimos es el que se refiere al de mínima formalidad. De lo que se trata en este punto es facilitar el acceso de los ciudadanos sin poner requisitos excesivos o por detalles formales, sino de lo que se trata es facilitar el acceso a los ciudadanos a la información pública. Entonces deben de prevalecer los principios de máxima publicidad con mínima formalidad.

¿Existe Un apartado en esa reforma a la Ley de Transparencia que se refiere a la publicación de todos los convenios comerciales que en materia de publicidad oficial suscriben los sujetos obligados de los tres poderes  y de los municipios; ahora la ley mandata publicar todos los contratos , con sus montos y servicios. Se hará realidad?

Claro que se hará realidad, los ciudadanos tienen todo el derecho a saber cómo se aplica el gasto público en esa materia.

“Creo que ese es uno de los puntos neurálgicos de la transparencia en todos los niveles de gobierno, el gasto que destinan a la publicidad oficial en los medios de comunicación masiva; se debe conocer la forma en que se aplica, con quien se aplica y porque se aplica de esa forma. La ley ahora es muy puntual y clara en ese aspecto y tendrán que cumplirla, de lo contrario, el ITAIMICH los obligará a hacerlo.

¿Las sanciones: son suficientes con la nueva reforma?

“Nosotros no intervenimos en la manufactura de la nueva reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pero registra avances importantes.

“Lo que nos preocupa es que el ciudadano tenga más facilidades para llegar a la información que tienen las dependencias o llamados sujetos obligados.

“Me sigue preocupando que muchos funcionarios digan, amonéstame y haz lo que se te dé la gana, pero no te entrego la información. Pero con la nueva reforma, ahora existen más recursos de apremio e incluso ya se convoca, en el renglón de las sanciones, acudir a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y Situación Patrimonial.

“Ahora lo que si lo que ya les va a afectar y doler es –como dice el artículo 44 de la actual ley de transparencia- es que aquel que omita, esconda, niegue o la destruya puede tener hasta cinco años de inhabilitación. Eso afectará mucho a los funcionarios.

“También existe ya una sanción pecunaria, pero no la siento muy fuerte, pues si hacemos cuentas estamos hablando de 30 mil pesos de sanción, lo que no me parece significativo. Incluso hasta el funcionario podría disponer del propio presupuesto para solventar la sanción, entonces, no es suficiente”, concluyó.

 

 

 

 

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