Con la guardia muy abajo ha sorprendido la pandemia a la mayoría de las instituciones públicas de todos los ámbitos de gobierno. Hemos visto trastabillar a la institución presidencial y muy desvanecidas las secretarías de estado. Si la gobernabilidad observada hasta antes de que nos impactara el Covid-19 padecía de fragilidad la que hoy tenemos aparece francamente desvanecida.
La misma ruta han seguido instituciones estatales y municipales. La falta de planificación y fortaleza se están haciendo notar. Debemos reconocer que nuestro entramado institucional y liderazgos públicos se han achicado y vienen actuando con desconcierto frente a un problema que se menosprecio y ante el cual no existía preparación a pesar de los antecedentes epidémicos.
El acalambramiento de las instituciones, que confirma que no saben actuar frente a crisis múltiples, está descuidando o abandonando ámbitos que están siendo ocupados por ambiciones ajenas al interés público. Así está pasando en el campo de la seguridad en donde la delincuencia organizada avanza con su monstruosa cuota de sangre y muerte; y pasa también en el sensible terreno medio ambiental en donde los poderosos capitales, legales e ilegales, han apostado a una gran ofensiva para incinerar bosques y convertirlos en plantaciones aguacateras o de frutillas.
La semana que pasó esta ofensiva ecocida se alzó, frente al gobierno y la sociedad, con una victoria escandalosa. En un solo acto criminal convirtió en cenizas más de mil trescientas hectáreas de bosque, cubierta vegetal, especies faunísticas y zonas de recarga hídrica, en el municipio de Tacámbaro. También la semana pasada fueron reiterados los esfuerzos criminales para destruir los bosques que aún quedan del Cerro de la Cruz en Uruapan; los mismos que anualmente son incendiados reiteradamente y que parecen vivir la condición de área sitiada por la piromanía aguacatera. El mismo fenómeno emerge con fuerza en la región boscosa de Zacapu en donde no ha habido poder que contenga a quienes se han propuesto convertir las serranías en huertas.
La crisis sanitaria por la que estamos transitando y la crisis económica que se ha precipitado por ella, están arrastrando a esa misma condición a varias de las actividades del país, sobre todo aquellas que ya mostraban comportamientos críticos y frente a las cuales el gobierno había demostrado una apatía o abandono evidentes.
Mucho antes de la pandemia las condiciones ambientales del país ya eran críticas. El abandono de políticas ecológicas que en algunas regiones del país mantenían dudosos equilibrios francamente han entrado en retroceso. El castigo presupuestal a la Semarnat y sus dependencias y el desmantelamiento de instituciones como la Profepa, han dejado el campo libre a quienes con regularidad ya venían cometiendo delitos ambientales para obtener grandes beneficios económicos.
La promoción de proyectos como el Tren Maya y la construcción de refinerías como la de Dos Bocas, que alientan criterios anti ecológicos en el establecimiento de políticas públicas, son ejemplo para inversionistas que tienen sus ojos puestos en las riquezas naturales. Ellos reciben un mensaje muy claro: el «progreso» es a costa de la naturaleza y del derecho constitucional de los mexicanos a un medio ambiente sano. La ganancia económica por encima de todo.
Como anillo al dedo les ha caído la pandemia a los expansionistas aguacateros. El acalambrado aturdimiento y distracción de las instituciones lo seguirán aprovechando. La desarticulación y desmantelamiento de las instituciones federales correspondientes y el desvanecimiento de la Mesa de Seguridad Ambiental de Michoacán, son la mejor noticia que han tenido en los últimos años. Asumen que el terreno es de ellos.
Sin los instrumentos institucionales habilitados quienes han incendiado el cerro de Los Tres Picos en Tacámbaro, el Cerro de la Cruz en Uruapan, los bosques de Zacapu y los bosques de encino y pino de la parte norte de Ucasiro en Madero, quedarán en la impunidad, pero además son bosques que jamás serán recuperados para su vocación original. Si eso no ocurrió con las más de 140 mil hectáreas de aguacate legal existentes, no vemos ni voluntad ni condiciones institucionales para que pueda ocurrir. Ojalá nos equivoquemos, pero hasta ahora la historia reciente no da para el optimismo.
Pero aún, la consolidación ampliada de la crisis ambiental vendrá con lo que ya se anticipa: el cabildeo entre aguacateros y políticos (algunos ya han presumido estas reuniones) que aspiran a obtener alguna candidatura y que buscarán el dinero de los primeros para sus campañas y comprometer a cambio la complicidad para que el ecocidio continúe.
Como ciudadanos debemos exigir a las autoridades de todos los niveles el fortalecimiento de las políticas ambientales y la aplicación del estado de derecho. Pero junto a ello un ejercicio de transparencia pública en el seguimiento a todos los incendios forestales, y de manera singular en la recuperación ─como lo marca la ley─ de esos predios a su vocación natural a través de la regeneración con absoluto costo para los responsables.
Que el placer por quemar nuestros bosques e incinerar nuestra riqueza biológica no quede impune. El castigo a los responsables y la regeneración de los predios incendiados debe tener seguimiento público.