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“El sistema de justicia integral para adolescentes demanda de los operadores jurídicos una especialización y conocimiento en el trato con el menor de edad y de sus derechos humanos”, expresó Antonio Fierros Ramírez, magistrado de la Sala Especializada en Justicia Integral para Adolescentes del Poder Judicial de Jalisco.
Lo anterior, al impartir los primeros módulos del Curso de especialización en materia de justicia integral para adolescentes. La segunda instancia, que impulsa el Consejo del Poder Judicial de Michoacán y en el que participan magistradas y magistrados penales del Supremo Tribunal de Justicia del estado, así como secretarios proyectistas de sala.
El programa académico forma parte de una capacitación integral en la materia a realizarse este 2017 con una duración de alrededor de 200 horas, y cuyo fin es enriquecer la labor jurisdiccional. En lo particular, esta parte del curso se llevó a cabo gracias a la colaboración con el Poder Judicial de Jalisco.
En la última sesión, el ponente comentó que el curso cobra relevancia debido a que “el artículo 18 constitucional fue reformado para establecer un nuevo sistema de justicia penal y recientemente tuvo una modificación para que los juicios orales también se apliquen a los menores de edad”.
Añadió que una de las exigencias del sistema acusatorio adversarial para adolescentes, estriba en que los operadores del mismo cuenten con un conocimiento especializado y trabajen bajo la perspectiva de transversalidad, “además de conocer las responsabilidades que tienen como servidores públicos, con una nueva visión del debido proceso y del bienestar para el menor de edad”, señaló.
Durante dos fines de semanas y 20 horas de capacitación, se abordaron temas como: Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y principios del proceso penal acusatorio para adolescentes; Debido proceso acusatorio para adolescentes: La valoración de la prueba; Recursos en materia de Justicia Integral para Adolescentes y La sentencia en segunda instancia.
Además, revisaron los fundamentos filosóficos, sustantivos y adjetivos de las decisiones judiciales en esta materia, así como de la dialéctica humanista y el debido proceso.