En virtud de un acuerdo del Grupo de Coordinación Michoacán, las fuerzas federales y estatales de seguridad que convergen en los operativos interinstitucionales, intensificarán acciones focalizadas a la detección de civiles que se encuentren armados sin la autorización oficial correspondiente, quienes serán puestos a disposición de las autoridades, como parte de las estrategias para disminuir la incidencia de delitos del fuero común.
En reunión ordinaria del Grupo de Coordinación Michoacán, encabezada por el general Felipe Gurrola Ramírez y el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, fue revisada la incidencia delictiva en la entidad y se determinó que la posesión y portación de armas de fuego en forma ilegal por parte de civiles, debe ser combatido con intensidad, ya que constituye un factor que da origen o alienta las conductas delictivas.
Con base en los reportes presentados por Israel Galván Jaime, comisario de la Policía Federal en el estado, se identificaron municipios y regiones prioritarias para continuar las acciones de desarme.
En el análisis de las formas de operar de los delincuentes, se detectó que es recurrente el uso de motocicletas para tener mayor movilidad y evadir a las fuerzas de seguridad, por ello, se acordó implementar operativos de revisión de personas a bordo de este tipo de vehículos con el propósito de detectar a civiles armados y al mismo tiempo, comprobar la posesión legal del automotor.
La profesionalización de las fuerzas policiacas del estado es un complemento obligado a las acciones de combate a la delincuencia. En ese sentido, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Víctor Manuel Magaña García, presentó avances en el proceso de depuración de la Fuerza Rural, instancia policial que habrá de fortalecerse con la incorporación de perfiles que cumplan con los requisitos y capacitación que la hagan más confiable.
Puntualizó que se llevó a cabo una reunión con 21 comandantes de la Fuerza Rural, a quienes les fueron reiterados los lineamientos que deben regir sus acciones operativas y su proceder individual como integrantes de una institución pública, tanto en horas de servicio como de descanso.
En dicha reunión, se dejó clara a los integrantes de la Fuerza Rural la cadena de mando que deben respetar; es decir, deben acatar instrucciones y dar informes a sus respectivos mandos regionales. Un aspecto importante para poner orden en el ejercicio de sus funciones dirigidas a preservar el bienestar de la población, es que no podrán operar fuera de la zona a la que han sido asignados si no hay una orden superior que lo autorice.
Magaña García recalcó que los elementos que no acaten los lineamientos de la Fuerza Rural pueden ser sujetos a procesos administrativos y eventuales sanciones, que pueden ir desde la imposición de una multa hasta su baja de la corporación.