“Cerramos hoy, para que siempre esté abierto”
-CGH
“Ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica.”
-Salvador Allende
En México más de 7 millones de jóvenes entre los 15 y 24 años no estudian ni trabajan. Es el porcentaje más alto dentro de los países que integran la OCDE, solo por encima de Turquía, España, Italia y Chile. La mayoría de ellos mantiene bajos estándares de calificación educativa y no encuentra oportunidades, ni en la escuela, ni en el campo laboral tan restringido. El derecho a la educación está en entredicho cuando solo 6 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 17 años logran ingresar a la educación media superior quedando fuera en promedio, cada año, 400 de cada mil. Sí a ello sumamos que anualmente el 15% de las y los estudiantes de bachillerato deja sus estudios, el problema se agrava enormemente, pues significa que en los últimos 10 años dejaron de estudiar al menos 6 millones de jóvenes en el grupo de edad señalado.
Michoacán es la tercera entidad con peor cobertura educativa en el nivel medio superior del país, sólo por arriba de Guanajuato y Chiapas, dejando ver con ello un grave problema social que impide estudiar a casi la mitad de sus jóvenes, lanzándolos al abandono, a la delincuencia, a los riesgos de la emigración y al mercado laboral informal. De acuerdo con datos oficiales, en la entidad existen más de 300 mil `ninis´; lo que representa casi una tercera parte de los jóvenes michoacanos que ni estudian, ni trabajan.
El problema es, sobre todo, un asunto ético y político de parte del estado, quien incumple con un derecho social establecido en la Constitución Política, que en su Artículo Tercero manifiesta que “todo individuo tiene derecho a la educación” y que: “El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la MEDIA SUPERIOR”, además de que “…promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyara la investigación científica y tecnológica, y alentara el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”. Dicha obligación incumplida queda de manifiesto cada inicio de ciclo escolar en donde miles de jóvenes son excluidos en las instituciones públicas mediante el sistema de ingreso que responde a criterios de selección que apelando a la tesis de Darwin, sólo acepta a los más aptos.
El pasado miércoles, el Movimiento de Aspirantes y Rechazados (MAR) tomó las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), para exigir el ingreso de mil 425 jóvenes. La toma, se ha dicho, será por tiempo indefinido, hasta que la exigencia sea resuelta. No son los únicos, pero sí son los que se han decidido a defender su derecho constitucional y, sobre todo, ético.
Igualmente, como cada año, ha surgido una andanada de vituperios y descalificaciones por parte del sector más retardatario de la sociedad michoacana (que cada día crece y crece y, lo más grave, pasa también al interior de la propia UMSH), que forma parte de una campaña que pretende descalificar las acciones de los jóvenes, generar una opinión en su contra para aislar su lucha y acabar negándoles su justa exigencia. Esta campaña va encabezada por los desinformantes de los medios de comunicación que soslayando este derecho constitucional, se lanzan contra los jóvenes con argumentos procaces y verdaderamente nefastos. En su derecho a decir lo que les da la gana, mal informan sacando del contexto los argumentos que sustentan a los jóvenes para denigrar su lucha, sin entender que el examen es sólo una herramienta para excluir a quienes no se desea garantizar su ingreso y que éste está por debajo de su derecho a estudiar.
Peor aún se muestran aquellas autoridades responsables de atender la ley, cuando en sus diatribas hacen declaraciones encaminadas a mantener la exclusión y no a generar condiciones para garantizar a los jóvenes un lugar en la escuela. Alegar que el presupuesto no alcanza, que no existe estructura física y laboral para atender la demanda, solo deja claro que, por una parte, están convencidos que lo que reza la constitución es letra muerta y, que la educación, por tanto, no es un derecho social; pero también deja claro que la política neoliberal actual niega ese derecho y, por el contrario, favorece el mercado educativo, pues en contrapartida, mientras que el sistema público se achica a la demanda, el monopolio del mercado educativo acrecienta su influencia en la entidad.
Es necesario que los actores políticos y sociales y los ciudadanos conscientes y comprometidos con la educación como un derecho social y humano, eleven la voz y nos sumemos a la demanda de los jóvenes del MAR para que todos los demandantes logren un espacio en las escuelas y le adjudiquemos a la derecha neoliberal e irresponsable una derrota en tiempos en que son ellos los que avanzan. Esta justa lucha reclama nuestra atención y nos demanda a levantar la voz y accionar en solidaridad con nuestros jóvenes. A los estudiantes que lograron un lugar en alguna institución de educación de educación media y superior de educación pública y a aquellos estudiantes que tienen condiciones para pagar una matrícula en una institución privada, pero que son conscientes de este fenómeno, los invitamos a no hacer eco de los argumentos de las autoridades y, por el contrario, les pedimos que se sumen a la lucha de los jóvenes desde sus propias instituciones, como lo vienen haciendo los estudiantes en Chile, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia y España, por sólo mencionar algunos países donde los estudiantes han asumido la lucha por la defensa de la educación como un derecho social y humano. Ese sería el mejor ejemplo de nuestros jóvenes en torno a la certidumbre del futuro próximo; además de garantizar que este movimiento sea más breve y logre que en el menor tiempo los estudiantes vuelvan a las aulas. Es mucho mejor tener a nuestros jóvenes estudiando que en la calle del desamparo, la incertidumbre y la desesperación.