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Torturas, incomunicación, montaje de un operativo, siembra de pruebas, negativa a un defensor y violaciones a todo el debido proceso es el resultado del encarcelamiento de José Manuel Mireles, denunció, su defensora Thalía Vázquez Alatorre, quien advirtió que la justicia federal debe dejarlo en libertad si en realidad el Poder Judicial Federal tiene independencia del Ejecutivo Federal.
La abogada narra las circunstancias en que tanto José Manuel Mireles como dos de sus escoltas padecieron al ser detenidos pór miembros del Ejército Mexicano el pasado mes de junio en la comunidad de La Mira, del municipio de Lázaro Cárdenas.
¿Cómo se encuentra el doctor Mireles? pregunta el reportero:
“Desde el martes 19 de agosto se encuentra en las instalaciones del Cefereso 11, con sede en el Estado de Sonora.
“ Está en el hospital porque le tienen que regular la glucosa, ya que es diabético. También tiene un problema de la presión arterial alta. No lo han podido estabilizar y está bajo observación. Pero gracias a su voluntad está de buen ánimo”.
Actualmente los abogados de Mireles, encabezados por Thalía Vazquez Alatorre interpusieron una apelación contra el auto de formal prisión, que no es un juicio, sino que se lleva de manera paralela, que se lleva en el segundo tribunal federal unitario penal en Morelia.
“Hubo una audiencia el pasado 20 de agosto; el proceso se tiene que ganar porque hay pruebas ilegales o ilícitas, lo que se llama efecto corruptor, y es porque de acuerdo al expediente hay irregularidades que deben de anular todas las acusaciones.
“Por ejemplo, se detuvo al doctor Míreles, sin orden de aprehensión y sin orden de presentación, esto se puede dar sólo cuando hay flagrancia, y aquí no había flagrancia; uno de los elementos que tenemos para demostrar que no había flagrancia es el parte policiaco en el que los elementos que lo firman dicen que tenían noticias desde antes del doctor Míreles, que sabían que se iba llevar a cabio una asamblea en La Mira.
“Mientras que el 27 de junio hay una declaración de Alfredo Castillo con Denise Mercker de que iban a ir por Míreles; simplemente con esa declaración, podemos derrumbar el argumento, pues Castillo lo que debió hacer es ir con el ministerio público para poner la denuncia y proceder a girar la orden de aprehensión.
“El parte que firman los ministeriales supuestamente involucrados en el operativo, afirman que el doctor Mireles fue detenido por el Ejército, es decir, con eso se demuestra que dichos elementos no estuvieron en el lugar de la detención. Lo que es una prueba ilícita.
“También los elementos ministeriales que firman el documento, sostienen que al doctor Míreles se le detuvo en el municipio de Tacámbaro y no en el de Lázaro Cárdenas como ocurrió.
“Y esos elementos dicen que lo detuvieron en Tacámbaro, porque ellos estaban ahí, lo que es totalmente inverosímil porque Tacámbaro se encuentra a cuatro horas de La Mira, donde ocurrieron los hechos.
“Otra irregularidad es que al doctor Mireles no lo pusieron a disposición del ministerio público, pues según eso lo detuvieron en flagrancia y tuvieron que consignarlo a Morelia de inmediato, lo que no ocurrió.
“Tampoco lo llevaron al puerto de Lázaro Cárdenas, donde radican tres agentes del ministerio público federal, sino que el doctor Mireles llegó a Morelia seis horas después de su detención.
“Lo que dice Mireles es que durante horas lo trajeron a bordo de un helicóptero en altamar, amenazándolo de aventarlo si no se confesaba culpable de haberse levantado en armas.
“De acuerdo con los ministeriales, cuando ocurrió la detención, el doctor míreles y su escolta iban fuertemente armados y saliendo del Pollo Feliz y se dirigían hacia una camioneta que estaba con la puerta abierta y es por ello que se dan cuenta de que traían un gran arsenal de armamento.
“Sin embargo, los policías o los que detuvieron al doctor Mireles no siguieron los protocolos para preservar la escena donde ocurrieron los hechos. No se aseguró la zona y eso deja en estado de indefensión a los acusados. Si había armamento, tuvieron que solicitar la presencia de los peritos oficiales para que recogieran las evidencias del delito, lo que no se hizo.
“Sino que manipularon la escena, la camioneta y el armamento. Y ahora resulta que las armas que están presentando ante el juzgado, no coinciden, pues son distintas ya que no coinciden los número de matrícula, los modelos y el tipo, y eso es una grave irregularidad que por sí misma esa prueba no tiene validez. Es decir no coincide nada. Y de eso hay videos.
“Jamás se hizo una cadena de custodia adecuada como lo marca la ley y no se le respetaron las garantías al doctor Mireles que mandata la Constitución.
“Después de su captura, el doctor Mireles, junto con sus tres escoltas tardó más de seis horas en llegar a Morelia, siempre los trajeron encapuchados, cuando en helicóptero regularmente se hace una hora. Incluso hay videos de cuando Mireles llega a Morelia después de las nueve de la noche.
“Sin embargo, los exámenes de integridad médica, están realizados entre las 7.30 y las 8 de la noche. ¿Cómo es posible que hayan hecho esos exámenes médicos, antes de que el doctor Míreles y sus escoltas llegaran a Morelia?
“Entonces, lo que pasó es que se practicaron esos exámenes en ausencia de los detenidos.
“También ninguna de las pruebas periciales tiene responsable. Es decir, no hay nombres ni firmas, no se sabe quien las practicó, ni se acredita que son peritos, lo que lo hicieron. Tampoco ratificaron dichas pruebas periciales.
“Todos los peritajes que están en el expediente, de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, porque ya hay jurisprudencia al respecto, afirman que no tienen validez esas periciales. Pues las personas que lo hicieron jamás acreditaron su calidad de peritos.
“Entonces, los peritajes sobre las drogas, armas, y los detenidos son ilícitos, falsos.
“Otra irregularidad es que a los detenidos jamás se les leyeron sus derechos, y lo más grave de todo es que no se les nombró a un defensor de oficio, pues a nosotros no se nos dejó entrar y participar en el proceso. El doctor Mireles estuvo detenido durante 27 horas sin que ningún defensor lo asistiera. Estuvo incomunicado.
“Durante esas 27 horas se hicieron todos los exámenes y peritajes falsos, y eso invalida toda la averiguación previa, porque se supone que si no hubiéramos llegado los defensores particulares, le corresponde al Ministerio Público la obligación de leerle sus derechos y de asignarle un defensor de oficio para que pueda asistirlo en todas las diligencias.
“Los detenidos tenían derecho a que un defensor de oficio o particular los defendiera en esas diligencias y en toda la investigación y eso no ocurrió, no tuvo una defensa adecuada porque no se lo permitieron violando la ley.
“También en los exámenes de toxicología tampoco hay los nombres de los peritos y si fueron de parte de la PGR o de alguna institución.
“En el caso de las drogas, cocaína y mariguana y que fueron sembradas por la PGR, las pruebas periciales son igualmente falsas, pues como no hubo cadena de custodia, no se sabe de dónde provinieron, ni quien las recolectó ni nada.
“La prueba pericial se realizó el sábado 28 de junio a las 14.30 horas, cuando consta en el expediente que la perito recibió las drogas a las 15.30, una hora después, es decir, hizo su peritaje cuando no tenía aún las muestras de las drogas. Todo eso invalida la averiguación previa.
“Todo lo aquí descrito da muestra de que se trató de un montaje, de lo que se llama un efecto corruptor, y como en el caso de Florence Casses, consiste en que las actuaciones de la autoridad son graves y encaminadas de mala fe, para fabricar pruebas de manera ilegal.
“Además de todo, el Ministerio Público no consignó a los detenidos conforme marca la ley, que es a las 48 horas. De acuerdo con la Constitución, el Ministerio Público debe o no consignar, y si no consigna, debe dejar en libertad a los detenidos, lo que no ocurrió.
“Lo que hizo el Ministerio Público fue poner bajo resguardo de la Procuraduría de Justicia del Estado a los detenidos mientras se les definía su situación jurídica.
“Es por ello que el magistrado federal que tiene el caso debe de resolver con apego a derecho y dejar en libertad al doctor míreles y a sus escoltas. Se debe de revocar el auto de formal prisión que ya le declararon y por lo tanto ya no habría juicio.
“En este caso se demostrará si el Poder Judicial Federal tiene autonomía del Poder Ejecutivo, pues no hay pruebas, sino que fue un montaje, donde hubo torturas, incomunicación, siembra de pruebas, violaciones a la ley y dolo por parte de la PGR”.