El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en sesión extraordinaria, aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de informes de ingresos y egresos de los precandidatos al cargo de gobernador en el estado de Michoacán.
Para la elaboración de este dictamen se recibieron un total de siete informes de precandidatos al cargo de gobernador, provenientes de 6 partidos políticos (PAN, PRI, PRD, PT, Movimiento Ciudadano y Morena).
De la revisión de los informes se detectaron 87 aportaciones en efectivo por un monto total de un millón 785 mil pesos a un partido político. Toda vez que cada aportación superaba el monto equivalente a 90 días de salario mínimo, el pleno determinó que el instituto político incumplió con las normas en materia de fiscalización, que prohíbe las aportaciones en efectivo que superen dicho valor.
Por lo anterior, las Consejeras y Consejeros establecieron una multa de 200 por ciento del monto involucrado, que se traduce en una sanción de tres millones 570 mil pesos.
El Consejero Benito Nacif, Presidente de la Comisión de Fiscalización, precisó que las leyes electorales buscan que el régimen financiero de los partidos políticos pase, en la medida de lo posible, por el Sistema Bancario, puesto que sólo así se garantiza la trazabilidad del origen y el destino de los recursos.
Refiriéndose a la norma en cuestión, enfatizó que “Esta disposición en el Reglamento de Fiscalización tiene que ver en última instancia con proteger la propia fiscalización, asegurar que existe un origen y destino conocido de los recursos de los partidos políticos”.
Por su parte, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova destacó que esta revisión ya contiene novedades derivadas de la implementación del nuevo sistema de fiscalización relacionadas con la rigurosidad y la brevedad.
“El nuevo modelo de fiscalización supone un proceso de adaptación a plazos mucho más estrechos, de los que depende al final del día que pueda cumplirse con el mandato constitucional. Y el segundo plano de novedad y consecuentemente, de adaptación al que tenemos que ajustarnos, es el de la rigurosidad de la misma fiscalización”, aseguró.
Otro elemento del mecanismo de revisión, refirió el Consejero Presidente, es la estandarización de criterios en los ámbitos nacional y local, uno de los propósitos de la reforma fue volver la fiscalización en el plano local más rigurosa y homologarla.
Lorenzo Córdova agregó que con ello, se prueba que el sistema de fiscalización está funcionando y el INE ahora es competente para fiscalizar los ingresos y gastos en el plano local.
El nuevo sistema de fiscalización –dijo- no debe interpretarse solamente como un conjunto de nuevas atribuciones a cargo de la autoridad electoral, sino que implica el robustecimiento de las estructuras contables de los partidos políticos en el plano local.
Por su parte, el Consejero Ciro Murayama, señaló que: “esta es la primera vez en la historia del Instituto Nacional Electoral que esta autoridad fiscaliza y toma determinaciones sobre la conducta de los actores políticos en una precampaña a una gubernatura, se trata, precisamente, del estado de Michoacán”.
Explicó que la reforma electoral diseñó un sistema de fiscalización riguroso que exige a los partidos no sólo conductas impolutas en materia de ingresos y gastos, sino también una mayor institucionalización y profesionalización de sus áreas de finanzas.