Es cierto que no en todo el estado ni en todo el país se vive la misma condición de violencia. Algunos municipios, por su escasa población no constituyen mercados atractivos para las drogas; otros por su ubicación no interesan a los distribuidores de esas mercancías; tampoco faltan los espacios libres, los “paraísos” para el descanso y/o retiro de los gerentes de esos negocios; o simplemente por azares del destino hay nichos donde la vida transcurre con tranquilidad. También es factible que la acción de la autoridad genere seguridad.
En un escenario así, es prudente convocar a la prensa a ”no magnificar las cosas”, y a la vez, es un deber elemental del gobierno -a todos sus niveles- informar a la ciudadanía, aportar materiales a los medios para que desarrollen su labor de comunicación y facilitar la interacción para que los ciudadanos aportemos nuestro esfuerzo a una política de seguridad dirigida por la autoridad. En este caso, por Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, en coordinación con el gobierno federal y los alcaldes.
Quizá podamos coincidir en que el principal sujeto obligado es el gobierno porque: 1) su función central es garantizar la vida, la libertad y el patrimonio de las personas; 2) goza del atributo legal de ejercer la violencia en nombre de la sociedad; 3) está en mejores condiciones de generar, procesar, sistematizar y publicar información; y, a diferencia de los reporteros, 4) dispone de un equipo humano y material que le provee de reportes, asesoría e ideas para evitar improvisaciones decir cualquier ocurrencia en público.
Silbidos y posición partidaria
Desde luego, no todo lo que expresa Silvano son exabruptos. De la producción discursiva de Aureoles Conejo distingo sus reacciones inmediatas respecto de sus puntos de vista razonados y seguramente compartidos con sus colegas más cercanos. Reitero, separo sus dichos “a bote pronto” de sus juicios y construcciones más serenas.
Entre los primeros, lo ordinario de Silvano es enfadarse con la prensa, como ocurrió recientemente cuando expresó: no es cierto lo que estás diciendo; no magnifiquen las cosas que no son así (…) sí ha habido asesinatos por cobros de factura entre los grupos, por cambios de bando, pero han disminuido. En rigor, Silvano no llamó mentirosos a los periodistas. Tampoco en el video que circula en las redes se escucha claramente la oración “es normal que haya encobijados”.
Por lo externado se infiere el adjetivo mentirosos (“no es cierto lo que estás diciendo”), pero no fue esa su palabra. Vale considerar las expresiones completas y el contexto.
Otra forma de reaccionar es chiflar. Así lanzó su silbido con gestos de burla el 21 de octubre de 2019 en Uruapan cuando, en ocasión del aniversario de los Mártires de esa ciudad, una periodista le preguntó sobre la estrategia de seguridad (Minuto por Minuto, acceso 5-02-2021). Silbar está muy a tono con su nombre.
Las burlas del primer mandatario son una pequeñez comparadas con la emisión de sus juicios y su posicionamiento político. Mientras estuvo Enrique Peña Nieto, la cúpula del PRD (prianrredé) invariablemente sostuvo que la causa de los homicidios dolosos era la convivencia social y la cultura ancestral de violencia. Los más pre claros exponentes de esa idea fueron José Martín Castro Godoy (qpd) y Juan Bernardo Corona Martínez. ¿Qué argumentaban? Llegaron a sostener que esas muertes se debían a diferencias deportivas, religiosas, discusiones entre familiares. Castro Godoy ejemplificaba: alguien discute por un partido de futbol, otro por asuntos pasionales … el tío mata al sobrino, el suegro al yerno … son homicidios por convivencia familiar y su prevención y aplicación es competencia de los municipios que no hacen su trabajo. Los funcionarios llegaron a justificar la imposibilidad de bajar la violencia diciendo: no podemos tener un policía en cada partido de futbol
Ahora, ¿Qué dice Silvano contra lo que reiteró junto con Castro Godoy, Pascual Sigala Paez -qpd- (ex diputado PRD, ex secretario de gobierno, ex coordinador de asesores), Adrian López Solís (ex diputado por el PRD y actual fiscal), Juan Bernardo Corona (ex diputado del PRD, ex secretario de seguridad; presidente del PRD; y ahora postulante como candidato a diputado.
El discurso de Silvano cambió: en tiempos de Peña Nieto esos crímenes eran asuntos “del orden común”, ahora son de competencia federal, o sea de López Obrador. En la mirada política de Silvano, quienes no cumplían eran los alcaldes, no Peña Nieto; ahora los que fallan son Andrés Manuel y algunos alcaldes.
No pasa desapercibida la distinción que Silvano hace de los eventos cuando, a pesar de su magnitud, no amerita de sus comentarios críticos. La Piedad (PAN), Tangancícuaro (PAN) y Jacona (PRI), con menos población que Zamora han registrado una mayor mortalidad, medida a través de la tasa por cien mil habitantes, pero tanto Aureoles como la mayor parte de los medios omiten opinar o lo hacen con mesura.
El 22 de junio de 2019, Jacona, con una de las mayores tasas de homicidios, fue reconocida por sus avances en materia de seguridad y a punto de convertirse en el segundo municipio del estado que cumpliría los estándares nacionales en cuanto a número de elementos policíacos (Respuesta; El Independiente, 22-06-2019).
Recientemente, en el mes que acaba de terminar, enero 2021, Jacona sumó 14 homicidios con una población de alrededor de 80 mil habitantes. Y un solo día, el miércoles 27 la noticia de 4 jóvenes hallados sin vida por el rumbo de la “casa del agua”, estremeció las conciencias de los que aún no interiorizan la normalización de la violencia.
El otro Michoacán o el mundo mágico de Silvano
Para estimar si la violencia aumenta o disminuye es indispensable indicar nuestros puntos de referencia. Si, por ejemplo, con base en las cifras absolutas que procesa el Sistema Nacional de Seguridad, comparamos 2019 con 2020, resulta que los homicidios a nivel nacional bajaron de 29,455 a 28,976 (659 menos), mientras que en el estado subieron de 1653 a 1976 (323 más). Por su parte, Zamora pasó de 160 a 371 casos (211 más) y Jacona casi permaneció igual al cambiar de 95 a 102.
Los conteos del Centro Nacional de Información del Secretariado del Sistema Nacional Pública (CNI-SNSP) se abastecen de los datos que proporcionan estados y municipios (certificados médicos y actas de defunción), no las inventa el gobierno federal. Cabría preguntar: ¿Cuándo sí avalamos cifras y en qué casos no?
Para el caso de Zamora-Jacona sí contamos con un monitoreo a partir de la prensa, los reportes de las redes y del cotejo casi directo de los casos. Nuestras cifras son mayores: 470 homicidios en 2019 contra 255 del CNI-SNSP). En 2020 casi estamos a la par: 544 nuestro estudio y 473 el sistema nacional.
Aun reconociendo la mejor calidad de los instrumentos oficiales para el registro, clasificación y reporte de delitos y víctimas del gobierno federal (CNSP/38/15), que los nuestros, nos atrevemos a afirmar que de 2016 a 2020, estos municipios siameses, Zamora-Jacona, sumaron 1734 homicidios y, por lo menos, 1094 tentativas de homicidio (1094 heridos de los cuales algunos fallecieron por su gravedad, falta de recursos económicos y carencia de equipo técnico y humano en los hospitales).
Los primeros cinco días de febrero de 2021, con cuartel de la Guardia Nacional inaugurado hace menos de un mes y con la aplicación de “un nuevo esquema de seguridad” (según Silvano), las cifras funerales de Zamora-Jacona son des animantes: diez y seis (16) homicidios al cierre de las 19:30 horas del 5-02-201, tres (3) crímenes por día. Más tres (3) heridos.
Silvano tienen razón y suficientes motivos para apelar al buen juicio de la prensa (no magnificar los hechos), pero es inaceptable que si el gobierno estatal ejerció el control de las policías desde 2014 (desde Vallejo, por lo menos) mediante el conocido mando unificado, nos comuniquen ese rasgo distintivo del nuevo esquema de seguridad: ahora sí se van a coordinar.
Por los recientes comentarios del señor gobernador, parece que hablamos de otro Michoacán.
Zamora, Michoacán, febrero 6 de 2021