El 19 de junio, día aciago para el magisterio nacional, día tristísimo para los oaxaqueños, un día de vergüenza para el gobierno nacional. Ese día murieron a manos de la policía federal ocho personas y más de 40 resultaron con heridas de bala. Un día trágico para Nochixtlán, el pueblo de Oaxaca en dónde maestros y población en general cerraron el tráfico carretero en protesta contra el gobierno represivo.
Ocho muertos ese día y todo el dolor para una comunidad arrojada que recibió el plomo quemante y fatídico por atreverse a enfrentar la brutalidad del estado, representada por sus policías. La dimensión de las consecuencias para esa población es incalculable. Nochixtlán, un pueblo inexistente hasta ese día, ya nunca será el mismo y, al igual que Aguas Blancas en Guerrero o Acteal en Chiapas, que han quedado en la historia como acciones de la barbarie y la impunidad gubernamental; se ha convertido en un elemento de presión nacional e internacional para el gobierno, al cual ha obligado a detenerse en su accionar represivo con ausencia de diálogo.
El gobierno había determinado ponerles oídos sordos a las voces actuantes del magisterio y a sus acciones, protestas y manifestaciones anteponiendo un plan que incluyó acusaciones sin fundamento, construidas desde la razón del poder, campañas de desprestigio, detenciones moralmente y legalmente insostenibles, despidos, descuentos, amenazas y la acción de la fuerza policiaca. Todo el país se enteró del feroz incremento de las fuerzas policiales (represivas) en las entidades de Michoacán, Guerrero, Chiapas y sobre todo Oaxaca como elementos de disuasión, primero y luego como fuerzas de acción represiva que golpeo y golpeo sin piedad a los maestros, amparados en una férrea cobertura de medios en donde los que eran golpeados se convertían en victimarios.
Pero los maestros siempre resistieron y, sin duda, resistirán, pues los acompaña una tradición histórica de dignidad que las fuerzas del estado no tienen. Unos golpean por obligación, obedeciendo una orden, cuidando su empleo y su salario, mientras que a los otros los motiva su indignación, sus razones políticas y profesionales y la fortaleza colectiva que le da su experiencia de vida en las aulas. Nadie sabe cómo ellos, lo que pasa en la escuela y lo que debería pasar. Nadie como ellos saben e intuyen, si se quiere, lo que está en juego con la reforma educativa del régimen.
Los 8 muertos de Nochixtlán son ahora los muertos de todos. Aparecen en el diario cotidiano de todos, incluyendo a aquellos que con su indiferencia han abonado a los sucesos y, sin duda, lo son de aquellos que desde el poder económico y político lo exigieron, lo provocaron, lo hicieron posible. Este es un crimen de estado, pero también es un crimen de la clase empresarial que la provocó. Tan culpable es Peña Nieto como lo es Claudio X González. Tan culpable es el PRI como “Mexicanos Primero”. Tan asesinos unos como otros.
Es un crimen de estado porque es indudable que quienes conducen este país dieron la orden de disparar en contra de los manifestantes. No se sabe aún qué nivel de autoridad gubernamental la dio, pero es un hecho que los principales culpables empiezan por lo más alto de la pirámide de la estructura del poder del gobierno. Peña, Osorio Chong y Gabino Cue. En un país más o menos decente, estos personajes ya hubieran renunciado e, incluso, ya estarían sujetos a proceso.
No se justifica que aun ahora existan medios y comunicadores que pretendan justificar los hechos del 19 de junio en Nochixtlán y que busquen en el lado de los muertos la responsabilidad moral y política de los siniestros hechos, que han dado vuelta al mundo que los ha reprobado y condenado.
Una vez que el gobierno masacró a los muertos de Nochixtlán, las voces se alzaron y aquellos que apenas un día antes condenaron el movimiento magisterial y justificaron la actitud del gobierno, no tuvieron más remedio de abandonarlo y manifestarse en contra de la violencia y la cerrazón y hacer llamadas al diálogo. Los panistas y los perredistas desde el Congreso comenzaron a balbucear acerca de la posibilidad de modificar la reforma para tomar en cuenta la opinión de los maestros inconformes (todos), dejando claro que eso era posible.
Se abrió la mesa de negociación y el gobierno en la persona del Secretario de Gobernación recibió a los disidentes para encontrar una salida a esta crisis social que ha crecido enormemente y ha consolidado su fuerza de por sí ya histórica. En esa mesa además de los actores de ambas partes, también están los 8 muertos de Nochixtlán exigiendo justicia. La CNTE no deberá caer en la tentación de buscar una salida que cubra de impunidad a los asesinos. Es necesario que los culpables paguen. No debe repetirse la historia como en Aguan Blancas, Acteal o Iguala, Guerrero, en aquella noche trágica del 26 de septiembre de 2014.
La CNTE debe de exigir no sólo la derogación de la ley del servicio profesional docente, sino también justicia en el caso de los mártires de Nochixtlán y castigo a los responsables. La lucha sigue.
Muy bien; sólo que es Estado, con mayúscula, cuando se refiere uno al gobierno o régimen.