OPINIÓN: ESTE AÑO QUE VIENE COMO SIEMPRE LOS SACRIFICADOS SERÁN LOS TRABAJADORES. Por el Profr. Juan Pérez Medina

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Un año incierto que apunta hacia el decrecimiento y la recesión económica por cuanto hace al presupuesto enviado al Congreso de la Unión por el gobierno de Peña Nieto. Esto significa que la generación de empleos caerá aún más y las condiciones para los trabajadores y, sobre todo, para aquellos que están buscando empleo, serán todavía más duras de lo que de por sí ya lo son.

Puede argumentarse que el entorno económico es difícil en el marco de las elecciones en los Estados Unidos y la desaceleración de la economía china. Pero en el centro del problema está una crisis insoslayable del modelo de producción que se recrea cotidianamente generando desajustes y rupturas que no tienen solución ni a corto ni a largo plazo.

El entramado financiero construido sobre la base de sostener y aumentar los niveles de ganancia de los grandes centros de poder económico a partir de generar un sistema financiero altamente especulativo y, sobre todo injusto, lleva a una situación de conflicto permanente que no tiene fin. Lo anterior ocurre porque la condición para mantener y aumentar los niveles de ganancia están fincados en el deterioro de los niveles de vida de los trabajadores a partir de arrebatarles lo poco que aún les queda.

Esto explica el que en los últimos 40 años en salario de los trabajadores haya disminuido en más de un 40 por ciento y que derechos como el de la plena garantía de una digna jubilación a la hora de la cesantía y la seguridad en el empleo cuando la materia de trabajo permanece estén en franco riesgo y a punto de perderse.

Esto explica que mientras los ajustes programáticos de un presupuesto 2017 recesivo golpea las áreas sociales como educación, salud e infraestructura; los compromisos financieros con nuestros acreedores queden intactos y por esa vía se nos vaya un alto porcentaje del gasto para mantener una sangría económica de una deuda impagable que se ha duplicado en los últimos 40 años de neoliberalismo hasta alcanzar actualmente los 8.7 billones de pesos, lo que representa el 51% del PIB. Una deuda descomunal que ancla al país en sus posibilidades de desarrollo e inversión, por su alto costo financiero.

El presupuesto para 2017 que ha presentado Peña Nieto al Congreso se destaca porque lo destinado a los rubros de educación, salud y desarrollo social juntos es aún menor a lo que habrá de entregarse al pago de los intereses de la deuda del sector público. De este tamaño es la desfachatez de la apropiación de la riqueza de parte de los neoliberales.

Si a esto le sumamos el alto grado de descomposición moral de la clase en el poder que de manera cotidiana nos asesta golpes de impunidad y se regodea en la máxima de “al ladrón, al ladrón” mientras se llena las bolsas del producto del trabajo de millones de trabajadores mexicanos.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF), nuestro país avanzó en competitividad 4 lugares con respecto a 2015, sin embargo, el alto grado de corrupción hace que lo anterior no se refleje en mejoría para la población que produce más y gana menos.

Las cifras del WEF muestran que mientras en 2008 el país se encontraba en el lugar 98 de la lista de los países con mayor desviación de fondos públicos, para 2016 éste ha escalado 18 peldaños situándose en el lugar 126, como uno de los países más corruptos del planeta.

Una de las maneras más escandalosas es el proceso por el cual las grandes empresas logran evadir su responsabilidad impositiva en contubernio con el gobierno federal. En 2013 Televisa logró recuperar 3 mil millones de pesos vía devolución del IVA

por parte del SAT y en 2015, las empresas Sabritas, que obtuvo una condonación de 929.49 millones de pesos (mdp); Gamesa, por 150.45 mdp; Prologis-Mexico City Investment en dos ocasiones con un RFC diferente por un total de 14.83 mdp, y Scotiabank Inverlat por 28.82 mdp., figuran en la lista de beneficiarios de esta práctica inmoralmente legal.

Escudados en una injusta legislación, más de 400 grandes consorcios empresariales del país (casi) no pagan impuestos. Lo reconoce la propia Secretaría de Hacienda en un documento oficial: “400 grandes grupos empresariales acumularon ingresos por 4 billones 960 mil millones de pesos en 2008, pero apenas pagan 1.7 por ciento en promedio de Impuesto Sobre la Renta”.

Eso significa, en otras palabras, que posponen de manera indefinida el pago de impuestos. Tanto que en 2008 quedaron a deber una cantidad cercana a 132 mil millones de pesos. Y nadie sabe, ni las mismas autoridades, si algún día pagarán.

Dentro de este selecto grupo de privilegiados se encuentran empresas como Cemex, Telmex, Electra, Femsa, Bimbo, Comercial Mexicana, Waltmarth, Liverpool, Televisa y grupo Posadas, los cuales evaden sus responsabilidades para con el país en materia de impuestos, ya sea por vía de devoluciones o simplemente difiriendo su pago de manera indefinida sin que haya autoridad que las obligue a pagar.

Seguramente, este año será de “vacas flacas” para los trabajadores en medio de una creciente inseguridad y una corrupción galopante que parece nunca alcanzar fondo; pero no así para los grandes empresarios que ya se aprestan a exprimir hasta el tuétano a los trabajadores buscando endeudarlos aún más ante la ola recesiva que ya está entre nosotros y que amenaza con hacer más explosiva la ya de por sí explosiva situación nacional.

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