CUATRO ACUSADOS DE SECUESTRO QUEDAN EN LIBERTAD POR FALTA DE SENTENCIA

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POR ANDRÉS RESILLAS

Debido a que el Nuevo Sistema de Justicia Penal impone un plazo de dos años para que todos los imputados en algún delito reciban su respectiva sentencia, cuatro sujetos culpados de secuestro quedaron en libertad en un caso del municipio de Lázaro Cárdenas.

El 12 de julio del presente año se realizó la audiencia pública para la revisión de las medidas cautelares aplicadas a cuatro personas acusadas de secuestro, en hechos ocurridos en junio del 2015. Se trata del expediente con número 129/2017  y número anterior 91/2015.

En esa audiencia y luego de escuchar los alegatos de la Defensa y Fiscalía los jueces Hidalgo Chávez Amezcua y Fernando González Hernández determinaron la libertad bajo caución de los cuatro inculpados.

La Defensa solicitó esa resolución ya que ahora el artículo 20 de la Constitución Política de nuestro país establece que a todo imputado se le deberá de dictar sentencia en un plazo no mayor de dos años.

La Fiscalía por su parte se opuso a que se les dejara en libertad a los imputados, ya que responsabilizó a la Defensa de haber alargado demasiado el proceso judicial y el enjuiciamiento por los constantes y repetidos desahogos de pruebas, los cuales fueron prolongándose hasta la fecha en que se cumplieron los dos años.

La Fiscalía indicó que por la gravedad del delito que se les imputa –secuestro- no puede cambiarse la prisión preventiva oficiosa como lo marca la propia Constitución.

Recordó que por ser un delito de alto impacto, la ley señala una pena mínima de 40 años y la máxima de 80 años de prisión.

Sin embargo, los jueces mencionados ordenaron la prisión domiciliaria de los inculpados, con la condición de que semanalmente acudan al tribunal a firmar el libro donde se encuentran los imputados que están libre bajo fianza. También se les exigió una garantía de 50 mil pesos a cada uno de ellos.

La Fiscalía rechazó la resolución y anunció que la impugnará, pues en sus argumentos señaló que existe la posibilidad de que los inculpados huyan para evitar la aplicación de la justicia.

 

 

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