OPINIÓN: MATAR LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN. Por Teresa Da Cunha Lopes

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Se habla mucho de » libertad de expresión «, pero continuando aceptando estructuras de control y de censura sobre los medios de comunicación y sobre el quehacer individual de los comunicadores, que serían consideradas indignas y no aceptables en otras áreas. Es altura de revertir esta situación si queremos la supervivencia del sistema democrático, asegurando, por un lado, la seguridad física y, por otro lado, la seguridad económica y de empleo de los comunicadores.

Morelia, Michoacán, 20 de julio 2017.- Es altura de dejar atrás la » era del chayote» y pasar a la era de la transparencia. Primero, no existe nada malo en sí, en tener contratos de marketing político, asesoría de imagen y de publicidad. Más, en las democracias avanzadas (por ejemplo, Francia) existe en la ley, la obligatoriedad para el estado de establecer los subsidios que permiten a los medios de comunicación locales y alternativos mantenerse en un ambiente de mercado altamente competitivo y, para el cual no tienen estructuras que les permitan sobrevivir por si solos.

Seamos claros, una democracia fuerte necesita de múltiples voces y, por ende, de crear las condiciones para que las diversas posiciones sean escuchadas y para que el público, los ciudadanos tengan acceso a la pluralidad de opiniones. Pero, cuando los financiamientos son bajo la mesa, no transparentes y sujetos a la arbitrariedad del » buen placer» político, o sea cuando son entendidos como «chayote» y no como subsidios propios a los regímenes democráticos, uno de los riesgos inherentes es la eliminación de las voces críticas y por ende la censura directa y la autocensura.

En cualquier de los casos, el silencio de la voz crítica, de la opinión divergente, de la pluralidad en la comunicación de la Información. Resultado: un déficit de libertades y de democracia. Esta es la realidad, la triste realidad, en la mayor parte de las entidades federativas. ¿Cómo revertir esta situación?

La respuesta, creo yo es simple: primero con transparencia; segundo inscribiendo en la ley los criterios claros de atribución de los subsidios, así como los requisitos mínimos para poder acceder a ellos. Tercero, eliminar en la ley la posibilidad de usar discriminatoriamente los recursos públicos, para ejercer, a través del » chantaje» económico sobre los medios y periodistas plurales y críticos, un control acérrimo sobre los medios de comunicación, que elimina, de facto, el ejercicio de la libertad de información.

Sin embargo, asegurar la independencia de los periodistas y comunicadores frente al arbitrio de quienes ejercen cargos públicos, por ejemplo, también conlleva, en las democracias avanzadas, obligaciones. Se habla mucho de transparencia (apoyo) pero nunca de que esta también debería ser parte del quehacer periodístico.

En este sentido, debería ser obligatorio (de hecho, como «sujetos obligados «, lo es, pero nadie cumple) permitir el acceso a la información sobre los rubros que reciben por publicidad y otros servicios, tanto las empresas de comunicación como los comunicadores, así como hacer pública la lista de políticos, organizaciones, dependencias, privados que pagan esos servicios.

En la era de la información es esencial que el público pueda identificar si una específica posición le he presentada porque existe un «contrato » o lazos financieros, antes de formar una opinión propia. O quién está pagando la «línea editorial «. O sea, en el momento actual, el peligro para las democracias adviene tanto de la manipulación informativa (fake news, editoriales comprados, bots en redes) como del potencial desaparecimiento de los medios locales, comunitarios, regionales y de las presiones sobre una prensa plural y crítica.

Recientemente se presentó una iniciativa de Ley de Protección Integral al Ejercicio del Periodismo en Michoacán, iniciativa que saludo, pero que pienso que es tímida y queda corta ya que se centra en cuestiones de protección de la seguridad física frente a las amenazas (reales) del contexto de violencia criminal, sin partir de una visión integral de los riesgos que achacan el quehacer diario de aquellos que se dedican a la comunicación social.

Se habla mucho de » libertad de expresión «, pero continuando aceptando estructuras de control y de censura sobre los medios de comunicación y sobre el quehacer individual de los comunicadores, que serían consideradas indignas y no aceptables en otras áreas. La inseguridad de los comunicadores y periodistas no es solo una inseguridad física (preocupante, no lo niego) es, también, una inseguridad en el trabajo, una inseguridad económica, una falta de acceso al ejercicio de los derechos laborales. Y, pienso que las dos, inseguridad laboral e inseguridad física, están en determinada medida conectadas.

Si existe una seguridad de empleo, económica y un status social adecuado, la consecuencia directa es una posición de respeto que ayudaría a tener una otra percepción de la labor fundamental de la Información en nuestra sociedad y de la necesidad de proteger aquellos que deben ser un pilar de las libertades y no un » eco» del poder. Es altura de repensar esta situación, es urgente acabar con los ambientes tóxicos en que el comunicador o el periodista está obligado a trabajar. Es tiempo de » liberar» a los trabajadores del área de la información del sometimiento a los poderes fácticos y, también de las presiones económicas desde el poder.

Es altura de dejar atrás la » era del chayote» y pasar a la era de la transparencia y de una debida regulación de todas las formas de comunicación social, con particular enfoque en los nuevos medios electrónicos. Porque, no podemos hacernos los “ingenuos”: no apoyar la seguridad económica, la libertad de trabajo y de asociación y la seguridad física de los comunicadores y periodistas equivale, en última instancia, a matar la libertad de expresión.

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