Son tiempos de crisis neoliberal. Tiempos de malestar social que se expresa en múltiples y variadas formas. Tiempos difíciles en el que el poder, como siempre, actúa fortaleciendo las leyes que le permiten accionar para inhibir, frenar e impedir que la gente tome las calles y haga crecer la inconformidad y acción social.
El estado, como tal, en medio de profundas contradicciones sociales, actúa desde su visión de poder limitando la acción de protesta antes que ceder a la atención de las causas que generan la inconformidad de las masas. Los gobiernos nacionales de corte neoliberal no escapan a esta realidad y se manifiestan invocando a la ley para defender el orden y los derechos de terceros afectados. Los últimos años las manifestaciones han crecido en número, cantidad de manifestantes y, sobre todo, se han caracterizado en su mayoría por hechos de violencia que han servido para que la fuerza pública justifique su intervención, a pesar de que no han cesado las denuncias y se han documentado, de que al interior de las marchas se alojan provocadores con la pretensión de generar disturbios que justifiquen la acción del estado y para descalificar a los manifestantes, que no es un asunto menor.
Cierto que muchas movilizaciones, sobre todo la que han encabezado los jóvenes, se han realizado en la línea de la legalidad e ilegalidad constitucional existente, en cuanto a que en ellas se han afectado a terceros y, diciéndolo en palabras de los dueños de los medios de comunicación y los propios funcionarios del gobierno, han atentado contra el libre tránsito y el orden público.
Sin embargo, no quiero dejar de afirmar que estas maneras no han estado exentas de justificación. Las acciones desarrolladas por los manifestantes han estado enmarcadas en una serie de elementos políticos y decisiones gubernamentales que han orillado a la gente a actuar de esa forma. La acción política del estado ha afectado a diversos sectores sociales que en mayor o menor medida se han mostrado, no sólo para ejercer su derecho a manifestarse, sino para exigir respuestas puntuales a sus problemas de seguridad, violencia, pobreza y afectación de derechos conquistados. Así han sido las manifestaciones de los estudiantes de las escuelas normales en su lucha por conservar su derecho a la contratación que históricamente se había tenido y que hoy, para darle entrada al mercado educativo, se ha cancelado para dar paso a los concursos; y por mantener abiertas las escuelas donde estudian y que representan la base angular del normalismo en México.
La lucha por estas causas, que se niegan en la implantación de la Reforma Educativa de Peña Nieto, generó los hechos de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, en donde murieron personas y desaparecieron 43 estudiantes.
En medio de este escenario, el gobierno del PAN en su momento y ahora el PRI han insistido en la necesidad de regular las manifestaciones para que éstas no se conviertan en problemas de orden público como así ha ocurrido. Por este sendero avanza en Michoacán la iniciativa de reforma a la Constitución del Estado para limitar el derecho a la libre manifestación con medidas que pretenden mediatizar la expresión de la inconformidad. Y no se trata de sólo manifestarse, como lo dije ya párrafos arriba, sino de exigirle al gobierno solución a los asuntos planteados y a la exigencia de detener las medidas económicas y políticas que nos han venido afectando.
La diputada Macarena Chávez Flores del PAN y el diputado Ernesto Núñez del PVEM/PRI son los responsables de esta nueva iniciativa cuyo objetivo es frenar la inconformidad social y de paso
legalizar la intervención policial en la acción de los manifestantes en las calles bajo esta pretensión de generar un nuevo marco de regulación de la libertad de expresión y manifestación contenida en la declaración universal de los derechos humanos.
En un país en paz, bajo un gobierno democrático y favorable a la mayoría de los mexicanos, preocupado por la atención al combate a la pobreza y la generación de empleos dignos y bien remunerados lo anterior no estuviera sucediendo. Ni las manifestaciones que se han generado, ni los hechos que nos han denigrado como país, como Ayotzinapa y nochixtlán, hubieran sucedido sí el gobierno fuera distinto y se dedicara a defender el país y buscar el bienestar de los mexicanos, esto no estuviera sucediendo y la derecha no buscara maneras legales de cómo acallar la protesta, como ocurre ahora.
En este momento los diputados de derecha del PRI, el PAN y el PVEM, están buscando los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada para lograr que esta iniciativa en tiempos neoliberales sea sancionada y con ello intenten limitar las manifestaciones y buscar con esta posible nueva herramienta reprimir con mayor fortaleza a los manifestantes, lo que sin duda generaría mayor violencia y descomposición política.
En el fondo de todo esto está la profunda crisis del gobierno actual que se acerca a una recesión económica con claras afectaciones sociales en medio de una enorme impopularidad producto de su manifiesta corrupción, impunidad e incapacidad política, junto con un ambiente creciente de violencia e inseguridad.
Los proponentes, son fieles representantes del régimen, son representantes de una visión que desprecia la acción de los que se manifiestan, no sólo por los problemas de todo tipo que les generan, sino además, por el tipo de ciudadanos que son. Hay un profundo desprecio por los pobres e indígenas y eso no puede soslayarse de su planteamiento.
Toca a todos detener estas graves intenciones. No podemos confiar en los diputados que se dicen de izquierda porque ya nos han demostrado con creces que cuando se trata de votar por acuerdo político entre partidos, les vale un cacahuate lo que están votando. Esta semana el dictamen tratará de amarrar la mayoría necesaria y depende de los diputados del PRD, PT, MC y MORENA que ésta no se alcance. Ya lo veremos. Por lo pronto, es necesario que estemos atentos y hagamos presencia en el Congreso. La manifestación no sólo es un derecho, sino que además, es ahora, más que nunca, una imperiosa necesidad y una expresión del nivel de confrontación social en la disputa por el tipo de país que necesitamos. Si ellos logran avanzar, nosotros no debemos retroceder.