Por Andrés Resillas
Este lunes se cumplió una semana de la huelga de hambre que sostiene la doctora Graciela Delgado Luna por la serie de injusticias y violaciones de sus derechos humanos tanto como por el Centro de Control y Confianza, como por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
La profesional no ceja en su empeño de que se le haga justicia y se le reconozca su capacidad profesional que ha desempeñado a lo largo de 27 años como servidora pública tanto en la Procuraduría General de la República (PGR), como en la Procuraduría General de Justicia de Michoacán.
Delgado Luna acusa a la CEDH de negligencia en realizar sus investigaciones y como defensora de los derechos humanos de todos los michoacanos, ya que durante tres años no pudieron acreditar que se violaron sus derechos humanos cuando se le practicaron los exámenes de control y confianza, motivo por el cual fue despedida de su trabajo.
Acusa a la CEDH de haberse convertido en una cueva de burócratas, que sólo cobran el sueldo por tramitar las quejas y no resolverlas y defender los derechos ciudadanos
LA HISTORIA
En un acto de injusticia, tanto el Centro de Control y Confianza como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos propiciaron que una profesional de la medicina forense perdiera su empleo y quedara en un estado de indefensión, laboral y social; se trata de la doctora Graciela Delgado Luna quien fue sometida a los exámenes de control y confianza bajo la consigna de despedirla de su puesto en la Procuraduría General de Justicia en el Estado.
Lejos de defender a toda costa su caso, por tratarse de una profesional con un padecimiento de diabetes mellitus, el órgano garante de los derechos humanos en la entidad incurrió en ineficiencia al no defender las prerrogativas que le asistían a esta profesional.
La Procuraduría de Justicia aprovechó el dolo y crueldad con que se aplican los exámenes de control y confianza a todo el personal policiaco para certificar su capacidad profesional para el puesto y de esa manera despedirla.
A pesar de que la doctora Delgado Luna externó que padecía de una enfermedad, el Instituto de Control y Confianza no generó las condiciones para que se le aplicaran las evaluaciones tomando en cuenta su estado físico, lo que perjudicó directamente a esta profesional.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos no sólo fue ineficiente en atender el caso, sino que fue omisa, negligente y apática para defender los derechos humanos de la doctora Delgado, lo que propició que finalmente fuera despedida de la Procuraduría de Justicia en el Estado.
La doctora Graciela Delgado cuenta con un amplio reconocimiento profesional entre sus compañeros y de quienes sirvió en el cumplimiento de su labora en la Dirección de Servicios Periciales.
También cuenta con una amplia experiencia laboral dentro de la Procuraduría General de la República, por lo que se trata de una profesional en la materia que a largo de su trayectoria demostró su capacidad profesional.
De nada sirvieron los elementos probatorios que aportó la doctora Graciela Delgado para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos defendiera con vigor su caso y no se cometiera una injusticia.
Desde el presidente de la Comisión, José María Cázarez, hasta la visitadora Yurisha Andrade Morales y el abogado Juan Plancarte Esquivel todos ellos intervinieron en el presente caso e incurrieron en ineficiencia, omisión e indiferencia por luchar favor de la doctora Graciela Delgado.
Ahora ella carece de empleo y de seguridad laboral; su estado físico poco a poco ha ido empeorando y no tiene a nadie más que recurrir.
La Procuraduría de Justicia en el Estado la despidió oficialmente en el mes de abril del presente año a la doctora Graciela Delgado, por lo que ahora no se le puede emplazar por parte del organismo defensor de derechos humanos.
Incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos desechó el exhorto de la diputada Laura González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado para que atendieran con puntualidad el caso de la doctora Delgado.
Así pasaron meses y meses para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos defendiera esta injusticia laboral y no lo hizo, propiciando un daño moral, patrimonial y físico en la persona de esta profesional.