Han sido meses de constantes denuncias. Que si la impunidad ambiental es el estado regular que prevalece en los bosques de Madero y de Michoacán; que si el número de predios a los que se les está haciendo cambio de uso de suelo se incrementa cada día; que si los manantiales han sido acaparados por los aguacateros y los plantadores de frutillas dejando sin agua a la población.
Han sido semanas de señalamientos. Que si ha comenzado la perforación de pozos profundos para exprimirle el agua al subsuelo; que si la tala ilegal se está expandiendo como plaga en los bosques; que si ante la falta de gobierno la corrupción de las corporaciones policiacas se ha apoderado del espacio regulador del Estado imponiendo sus propias reglas para autorizar el saqueo clandestino de bosques y de aguas.
Han sido meses de movilización en caravana de los pobladores de la sierra de Madero para identificar predios en donde se cometen delitos ambientales para constatar que el delito está ahí. Han sido días para solicitar el establecimiento de una Mesa Permanente con autoridades ambientales federales, estatales y municipales, para poner freno a este inagotable ecocidio.
Y ha sido el tiempo para que las poblaciones se organicen en Comités Ciudadanos de Defensa Ambiental para hacer que las cosas sucedan. Para que, desde los pueblos inmediatamente afectados por la devastación, se ofrezca la resistencia vital para la preservación de los bosques y se impulsen acciones que lleven a ello.
Por eso, la sesión del jueves 1 de julio ha representado un momento muy importante en la lucha por el derecho a un medio ambiente sano de los maderenses. La instalación de la Mesa Permanente para atender la problemática de Madero, a la cual asistieron por el gobierno federal la Semarnat, la Profepa y la Conafor; por el gobierno estatal, la Semaccdet, la Proam, la Cofom, la Fiscalía Ambiental de Michoacán, el Consejo Consultivo de Cambio Climático, el Consejo Estatal de Ecología; y por el municipio, el presidente municipal en funciones y el presidente municipal electo, ha sido satisfactoria y será una herramienta bastante útil para recuperar la legalidad ambiental y frenar el cambio de uso de suelo.
La asistencia de comisariados ejidales, jefes de tenencia, encargados del orden, de la asociación de industriales de la madera y pobladores interesados, han dado a la mesa una gran autoridad y fuerza para emprender acciones, como las que ya se acordaron.
Es de la mayor relevancia que la Mesa se haya pronunciado por la cero tolerancia al cambio de uso de suelo, la tala ilegal y la concentración también ilegal de aguas y que se haya pronunciado por la necesaria concurrencia de voluntades gubernamentales y sociales para frenar el deterioro ambiental.
Son valiosos los acuerdos que en ese sentido han tomado los poblados de no proporcionar agua a las huertas con cambio de uso de suelo y advertir a compradores de bosques que en ellos no se permitirá su arrasamiento. Como también lo es el acuerdo de que los ejidos ajusten sus reglamentos interiores para vigilar la venta de parcelas forestales indicando explícitamente la prohibición de la tala y el cambio de uso de suelo.
No menos importantes son los acuerdos de que las autoridades quedan comprometidas a la vigilancia de bosques, al combate a la corrupción de las corporaciones que propician la impunidad, a la revisión sobre la legalidad de la concesión de aguas, a la realización del Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial y el Atlas de Inventario de Riesgos, y dar cumplimiento a los predios ya clausurados para que retornen a su condición forestal original.
Debe quedar claro que la idea de la Mesa Permanente tiene la finalidad de revisar con regularidad el cumplimiento de los acuerdos. La mayoría de ellos relacionados con denuncias específicas de predios en donde se incendió o se está haciendo tala ilegal y cambio de uso de suelo (el Gavilán, 25 hectáreas; las Carboneras, 20 hectáreas; Coalcomecas, 35 hectáreas; el puerto del Fresno, 50 hectáreas; los manantiales de Moreno, de la Pitaya, del Zangarro, de Porúas y Villa Madero, entre muchos otros).
El éxito de la Mesa Permanente dependerá de la voluntad para actuar, en primer lugar de las instituciones gubernamentales y luego de la participación cívica. Ambas entidades, la primera desde sus responsabilidades constitucionales y la segunda desde su responsabilidad como actor central en el ejercicio de sus derechos ambientales.
Es un instrumento que deberá ser apoyado y fortalecido con propuestas y compromisos de todos los actores involucrados. En ello va el futuro de la gobernabilidad ambiental de este municipio y tal vez sirva de referente en el estado.