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El Congreso del Estado de Michoacán inicia proceso de Juicio Político contra Juan Carlos Campos Ponce, expresidente municipal de Zitácuaro, acusado nepotismo a los funcionarios públicos. E instruyó a la Audiencia Superior Michoacán, lleve a cabo de manera inmediata una Auditoría Integral a dicho ayuntamiento y en particular al DIF Municipal durante el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015.
El dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales contiene la denuncia promovida por el ciudadano Marcos Joel Vera Terrazas en contra del ex funcionario, quien la presentó ante la Mesa Directiva del Poder legislativo el pasado 27 de julio, anexando pruebas de que a decir del demandante, comprueban que el Ex Presidente violó la Ley de responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos, al beneficiar con cargos públicos a familiares, familiares de su cónyuge y a terceros., dentro de la administración municipal que presidió.
FAMILIARES DEL EX ALCALDE QUE RECIBIERON DINERO
La nómina:
* José Luis Ramírez del Valle, cuñado, era director de Servicios Públicos Municipales.
* Arturo Ramírez Ibarra, sobrino político, era director del DIF.
* Jessica Ramírez Hernández, sobrina política, era encargada de los Centros de Desarrollo Comunitario.
* Yunuén Ramírez Sandoval, sobrina política de la esposa del entonces Alcalde, Patricia Ramírez del Valle, era asesora del DIF.
* Lizbeth Rosana Campos Bucio, hermana, era jefa de oficina.
La entonces presidenta del DIF, esposa de Campos, libró el juicio porque dicho cargo es honorario.
LO QUE SIGUE:
En este contexto, las comisiones dictaminadoras declararon procedente el Juicio Político contra Juan Carlos Campos Ponce, y señaló como improcedente el demandado hacia Patricia Ramírez del Valle, expresidenta del DIF municipal, ya que la ley no lo contempla como sujeto a juicio político por ser un cargo honorario.
Por lo que, lo diputados acordaron ordenar, a través de la Comisión de la Auditoría Superior de Michoacán, se instruya al órgano fiscalizador para realizar una auditoría integral del período de gestión del exfuncionario, dejando a salvo los derechos del denunciante, para que de considerarlo acuda ante la Autoridad competente a hacer valer sus derechos.
Finalmente, será la comisión de Jurisdiccional la encargada de desahogar el procedimiento del caso, en términos de lo establecido por la Constitución Política, la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios y la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado.