“Conozco a alguien que tiene más espíritu que Napoleón, que Voltaire, que todos los ministros presentes y futuros: la opinión pública”… CharlesMaurice Talleyrand Périgord. (1754 – 1838) Diplomático y estadista francés.
Con una Controversia Constitucional que podría impedir el ataque a las libertades de expresión e información, el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, cosechó un garbanzo de libra. El pasado 21 de diciembre el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la Defensa de los Derechos de Audiencia, donde procuró con especial interés, obstruir la opinión de quienes están al frente de los noticiarios.
Pretende que a través de cortinillas y sonidos, los noticiarios anticiparan a la audiencia cuando presentaban una noticia y de igual manera cuando se trataba de la opinión del conductor. Además de otras cortinillas que avisen cuando se manda a un corte comercial y cuando se regrese al programa noticioso; lineamientos que otorgan un trato de poca capacidad intelectual al televidente.
Pero en esa búsqueda de afectar los derechos fundamentales de la democracia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) maneja una serie de ambigüedades que resultan vergonzosas y que dejan ver el ánimo de controlar y amedrentar con sanciones de hasta el 3 por ciento de los ingresos anuales a los medios de comunicación que cometan una falta, con la posibilidad de duplicarla en dado caso de que haya reincidencia.
En su evidente ataque, manejan argumentos para defender a las audiencias, como al referirse al concepto VERACIDAD, donde exigen que la información difundida sobre hechos se encuentre respaldada por un ejercicio razonable de investigación y comprobación de su asiento legal. Y claro, los únicos aptos para determinar qué es RAZONABLE, son ellos, los mismos que se otorgan el derecho de iniciar las investigaciones con opción a multa, independientemente de si existe o no, una denuncia ciudadana.
Cuando observo semejante interés gubernamental, no entiendo como otros asuntos no los persiguen de oficio, como el enriquecimiento ilícito de funcionarios y ex funcionarios, por citar un ejemplo. Y aunque no son todos los lineamientos que atentan contra las libertades de expresión, comercio y del trabajo para las transmisiones en radio y televisión, como también lo manifestó la Cámara de esta industria, vale destacar que la Controversia Constitucional presentada por el Ejecutivo Federal podría dejar sin efectos la implementación de tan absurdos lineamientos.
Sin embargo, dicho procedimiento legal se promueve, no necesariamente para defender los derechos antes mencionados, sino por considerar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene atribuciones para generarlos. Es decir, con la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a través de 8 artículos se le otorgaron facultades al IFETEL, que son exclusivas del Ejecutivo Federal, como podría ser el reglamentar el artículo sexto constitucional, como lo señaló el propio Consejero Jurídico del Presidente de México, Alberto Castillejos Fernández.
De tal manera que no se puede descartar que el interés mostrado de contener a la opinión pública, retome fuerza luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esta vez, implementado ahora sí por quien tiene la facultad, es decir, el Presidente de México. Y aunque el análisis, discusión y fallo podría tardar varios meses, el Gobierno Federal dejó ver que solicitará el Incidente de Suspensión, para que dichos lineamientos queden sin efecto, mientras resuelva la Suprema Corte.
Por cierto, es hasta ahora que el IFETEL publicó sus lineamientos, que la clase política mexicana representada en el Congreso de la Unión y en especial en el Senado, se dio cuenta del error que habían cometido. Y es que tampoco se puede descartar que en el fondo, sí haya un interés inaplazable de contener la crítica y buscar opciones para aplicar leyes mordaza a los medios de comunicación, a los periodistas y a los ciudadanos en general.
Mientras tanto, los medios de Comunicación están obligados a irse preparando para implementar los lineamientos ordenados por el IFETEL, a partir del 16 de febrero, si antes el Ejecutivo no presenta el Incidente de Suspensión. Aunque por elemental congruencia, deberá presentarlo en cuanto la Corte acepte la Controversia Constitucional.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.
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