REDACCIÓN//
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), consejo autónomo e independiente, constituido por Jefes de Tenencia, Jueces Tradicionales, Comisariados Ejidales y Comunales, así como por Concejos de Gobiernos Comunales de 60 comunidades originarias, que caminamos colectivamente en nuestra libre autodeterminación, mediante el presente comunicado manifestamos de forma conjunta lo siguiente:
En Michoacán, habitan más de 136,608 hablantes de un idioma originario (INEGI / 2010), de los cuales más del 90% viven en localidades no urbanas y rurales (EDESPIMICH / 2017), el 74.9% de la población indígena se encuentran en situación de pobreza y marginación (CONEVAL / 2018), así mismo 8 de cada 10 viviendas en las que habita una persona de habla indígena mantiene rezago habitacional, 19.9% carece de servicios de agua dentro de la vivienda, 26,6% no cuenta con drenaje a la red pública y el 13,9% mantienen vivienda con pisos de tierra (INEGI / Encuesta Intercensal 2015).
En este marco de discriminación, pobreza y exclusión social, la llamada “Educación en Línea” impuesta por la Secretaria de Educación Pública (SEP) es improcedente, inoperante y violatoria de derechos para las comunidades originarias, ya que la mayoría de la población indígena en Michoacán no cuenta con recursos económicos suficientes que le permitan el acceso a los servicios de internet, así mismo, en diversos territorios de las regiones p´urhépecha, la costa de Michoacán o el oriente del estado, no cuentan siquiera con señal de teléfono, por otro lado, denunciamos que ninguno de los canales de televisión donde se difunden los programas de “Aprende en casa” de la SEP se pueden observar en las comunidades, ni mucho menos los han difundido por programas de radio, ni entregado por cuadernillos escolares a través de CONAFE, finalmente la educación en línea es violatoria de los derechos de los pueblos originarios, al no impartir contenidos de acuerdo con nuestras necesidades particulares, cosmovisión, idioma y cultural, aún más, el modelo educativo denominado “Nueva Escuela Mexicana” no fue consultado de manera libre, previa, informada y vinculatoria con las comunidades originarias, con lo que el Estado mexicano continúa con las viejas políticas integracionistas, paternalistas y discriminatorias hacia los pueblos originarios.