BITÁCORA SOBRE EL PROCESO DE DENUNCIA COLECTIVA DE LAS AGRESIONES A PERIODISTAS
1.- Se recibió respuesta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que contenía la siguiente documentación oficial:
a) Oficio de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el cual su Dirección de Planeación Informática y Estadística establece que existen siete averiguaciones previas desde el año de 2014, por los delitos de homicidio, extorsión, privación de la libertad, lesiones dolosas y robo de vehículo
Ninguna de esas averiguaciones fue consignada ante un juez. Dos de ellas fueron suspendidas, tres archivadas, una por incompetencia.
Las agresiones se registraron en los municipios de Morelia, Paracho, Apatzingán, Jacona y Zamora y datan desde el año del 2004 hasta el presente año.
2.- Oficio de la Consejería Jurídica y de Enlace Legislativo donde se informa que desde julio del 2013 el Gobierno de Michoacán firmó el convenio de Coordinación para la aplicación del Mecanismo de Protección a los Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y que dicho convenio está vigente, aplicándose cuando la Junta de Gobierno lo solicita.
3.- Relación de la totalidad de quejas existentes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre agresiones a periodistas, suman 22 casos desde el año 2010. En ninguno de los casos fue castigado el agresor y la máxima sanción a la que se hizo acreedor uno de ellos fue la de hacer pública la recomendación de que no se cumplió por lo mandatado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
4.- De las dependencias que se giró una copia de la denuncia colectiva, la única que respondió fue la Comisión para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Michoacán, que preside Alfredo Castillo Cervantes, la cual fue contestada de manera verbal por el responsable de Atención Ciudadana y el Jefe de Prensa o comunicación social, quienes manifestaron su respeto a los derechos de libertad de expresión y a la Información de los michoacanos en general y de los periodistas en lo particular.
Esta dependencia federal ofreció socializar los protocolos de seguridad y coordinación con los periodistas para la cobertura de la fuente policiaca.
5.- En el caso del Poder Ejecutivo, el secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera recibió y firmó el documento de enterado.
6.- En el caso del titular del Poder Ejecutivo, Salvador Jara Guerrero se negó a recibir el documento y ordenó a un asistente que lo recibiera. Se le explicó el asunto y la necesidad de que firmara de recibido a lo que se negó también. Un asistente firmó de recibido, pero se desconoce su nombre su cargo y responsabilidad en esa instancia. Tampoco hubo una respuesta verbal ni escrita, por lo que se desconoce si efectivamente Jara Guerrero se enteró del contenido de la misiva.
7.- De las organizaciones nacionales defensoras de los derechos de los periodistas, tanto la Casa de los Derechos de Periodistas, como la organización Periodistas de a Pie, el Centro de Análisis para la Seguridad con Democracia (CASEDE) así como el Centro de Comunicación Social (Cencos) respondieron sobre la queja colectiva y aseguraron que le darán seguimiento.
8.- Las organizaciones internacionales Reporteros sin Fronteras y Freedom House respondieron a la queja colectiva y anunciaron que se tomará en cuenta para sus informar de carácter internacional, también que se le dará seguimiento. No contestó el organismo Artículo 19.
CONCLUSIONES
1.- Se documenta la impunidad que existe en Michoacán respecto a las denuncias y agresiones sufridas por los periodistas michoacanos. Por sus propios informes, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán da cuenta de la falta de eficiencia y el interés institucional por la procuración de la justicia para el sector periodístico.
Este informe de la Procuraduría General de Justicia será entregado a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado para que exija a la dependencia la falta de atención y seguimiento de las averiguaciones previas.
También se dará vista a la Visitaduría de la Procuraduría de Justicia para que castigue a los servidores públicos responsables de no concluir las averiguaciones previas levantadas por causa de las agresiones a los periodistas.
2.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tampoco ha cumplido con su función de atender, tramitar, investigar, recomendar y castigar a los responsables de las 22 agresiones sufridas por los periodistas.
En este caso, el asunto es grave pues el Obudsman michoacano parece tener una complicidad con las autoridades llámese Poder Ejecutivo, Gobierno del Estado, Procuraduría de Justicia, Seguridad Pública y con los gobiernos municipales, a quienes no ha requerido ni sancionado por las agresiones a periodistas.
De las 22 quejas presentadas por los periodistas agredidos ante la Comisión, la única que ha tenido repercusiones directas para los responsables es el caso de un foto periodista de La Voz de Michoacán, que fue golpeado por un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual fue destituido.
El informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos será entregado también a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado para que exijan una explicación al organismo por su falta de cumplimiento en sus obligaciones constitucionales.
3.- También debemos señalar que pese a que el Gobierno de Michoacán firmó el convenio de coordinación con la Federación para aplicar el Mecanismo de Protección a los Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, jamás ha sido aplicado en Michoacán, ello pese a que se han tenido casos recientes de periodistas involucrados.
También porque no se encuentra estructurado ni se ha consultado a los periodistas para su aplicación.
4.- Como fue una queja colectiva, se entrega a todos los periodistas copias de la documentación recibida, así como aquellos que firmaron el documento.
SIGUIENTES ACTIVIDADES
1.- Se dará copia de la documentación recibida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para los afectos a que tenga lugar y confronte sus quejas con las registradas por el organismo estatal; también para que constate la falta de cumplimiento en sus funciones de los organismos públicos michoacanos y de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán.
2.- Se dará copia a todos los organismos nacionales e internacionales que respondieron y se interesaron por dar seguimiento y registro de la queja colectiva.
3.- Una vez agotada la instancia estatal, sigue la nacional y posteriormente la internacional para solicitar que Michoacán sea declarado como una entidad federativa de alto riesgo e impunidad de la actividad periodística.
Responsable de la redacción de este documento, Andrés Mariano Resillas Mejía.
AGRESIONES RECIENTES Y DE HACE AÑOS
1.- La agresión sufrida por el fotoperiodista Armando Solís, que fue agredido y amenazado de muerte por un policía estatal.
2.- La detención de Juan Manuel Valenzuela y que está preso en Zamora.
3.- La denuncia de Arturo Herrera Cornejo que consiste en haber renunciado a la Cadena de Radio RASA porque el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes es el responsable de haber impuesto un nuevo noticiero para evitar críticas a su persona y a los gobiernos estatal y federal.
AGRESIONES ANTERIORES
Asesinatos: En la última década han sido asesinados cuatro periodistas: Jaime Arturo Olvera Bravo, Gerardo Israel García Pimentel, Miguel Ángel Villagómez Valle y Martín Javier Miranda Avilés.
Desaparecidos: José Antonio García Apac, Mauricio Estrada Zamora, María Esther Aguilar Cansimbe y Ramón Ángeles Zalpa.
También sufrieron persecución los periodistas Ángel Méndez Flores del municipio Aquila y Antonio Ramos Tafolla de Nueva Italia.
En el Valle de Apatzingán los periodistas locales fueron secuestrados por el crimen organizado, intimidados y obligados a la autocensura.
Desaparición del Noticiero Respuesta en la Cadena de Radio RASA, cuya denuncia de los periodistas, entre ellos Jaime López Martínez, es que fue responsabilidad del ex gobernador Leonel Godoy Rangel.