Resumen: La democracia necesita la verdad tal como nosotros necesitamos de oxígeno. Defender el derecho a la verdad es defender las libertades, la libertad de todos a tener una opinión informada, a saber, que lo que decidimos tiene un fundamento sobre un conocimiento real de los hechos, de las opciones, de los riesgos
Palabras-clave: fake news, democracia, política, elecciones, era postverdad
Morelia, Mich., 11 de marzo 2018.-Las «fake news» no solo desestabilizan la verdad, sino que erosionan el tejido de las democracias
La democracia necesita la verdad tal como nosotros necesitamos de oxígeno. Defender el derecho a la verdad es defender las libertades, la libertad de todos a tener una opinión informada, a saber, que lo que decidimos tiene un fundamento sobre un conocimiento real de los hechos, de las opciones, de los riesgos, O sea, a decidir «soberanamente», sin estar sometidos a la tiranía de las mentiras desde el poder. No nos engañemos, “las mentiras son mentiras, por mucho poder que las respalde” (Krugman) e ineluctablemente llevan al totalitarismo.
Desde este punto de vista de la democracia, las noticias falsas («fake news») son tóxicas, una poción mortal contra las libertades políticas establecidas en el pacto constitucional. Pero, el uso de la “falsa” información para construir “real” poder o eliminar oposiciones críticas y adversarios incómodos no es nuevo.
La idea del rumor, la fábrica de calumnias, el proceso de manipulación de la opinión pública, a través de las noticias falsas es tan antigua como el mundo.
Del oráculo de Delfos, pasando por la Sibila de Cumes y la aria de Rossini o por la fabricación de «fuentes documentales» falsas (ej.: los protocolos de Sión), un mismo proceso, una misma agenda: el control de las masas a través de la mentira deliberada ha sido (es) una de las herramientas más poderosas de producción de percepciones, de manejo de la crítica, de canalizar los descontentamientos
El fenómeno de las «noticias falsas», en el sentido en que lo escuchamos hoy, parece sin embargo relacionado con el funcionamiento de los nuevos canales de producción y circulación de información, o lo que se pasa por información. Se refiere a una configuración específica de conocimiento y no conocimiento, sobre la cual el sociólogo y el historiador deberían ser cuestionados
La política, en una democracia, necesita de la verdad; pero la verdad no se puede imponer ni políticamente ni produciendo «leyes» específicas sobre las «fake news». El riesgo es siempre doble: por un lado, tenemos que crear defensas (inclusive, instrumentos preventivos) contra las «fake news», sin embargo, por otro lado, estamos obligados a evitar que otros se encarguen – vía legislativa o políticamente – de decidir por nosotros lo que es «verdad» y lo que no es «verdad».
En sí misma, la falsedad no debe ser criminalizada, tal como es la intención directa y explícita de la reciente legislación llamada «Ley de réplica». Esto, porque tal solo la hará más atractiva, confiriéndole el aura ilusoria de la «verdad «reprimida. Lo que servirá para alimentar a los «conspiracionistas» que utilizan, en la mayor parte de los casos el argumento de que «solo es posible, sino también plausible, pensar que todo esto es real, dado que intencionadamente se nos oculta todo», para hacer que sus puntos de vista sean tan creíbles como sea posible. Riesgo de deriva a tener en cuenta, principalmente en países como México en que “la ‘teoría del complot» ocupa inevitablemente el centro de la construcción del debate público, eliminando las posibilidades reales de participación del ciudadano en la construcción de una opinión pública crítica, que pueda tomar decisiones con conocimiento de causa.”
O sea, necesitamos de entender el fenómeno antes de combatirlo. Es aquí donde entra la “sociología de la calumnia” (si la puedo llamar así). La sociología de los rumores nos enseña que las personas que los comparten no necesariamente creen todo lo que difunden, sino que lo hacen porque se adhieren a la cosmovisión que venden. Sin embargo, lo que caracteriza el fenómeno de las «fake news», además de la industrialización de su producción para generar ingresos publicitarios en las redes sociales (ver las «fábricas» rusas de «fake news» durante las campañas de Trump y de Macron o el ejército de los «peñabots» en el 2012), es su uso para fines de propaganda política.
Tanto en los Estados Unidos como en Francia o en Argentina y México, las redes organizadas, ubicadas con frecuencia en la extrema derecha del espectro político, difunden información falsa que alimenta un discurso político claramente antisistema, xenófobo,
alimentado por los resentimientos acumulados, subculturas de la violencia y por ideologías del odio.
.Sin embargo, si esta información falsa tiene tanto éxito (se puede compartir decenas o incluso cientos de miles de veces en las redes sociales con una viralidad extrema en Twitter o WhatsApp, por ej.), es porque expresan una «ideología de desconfianza absoluta ( con marcadas raíces históricas y sociales) en las Instituciones y en el Estado que podemos enunciar bajo el paradigma: ‘la burra no era arisca, pero la hicieron arisca…’ .Desconfianza hacia las elites políticas, mediáticas y políticas. Desconfianza hacia lo académico, la ciencia, lo intelectual.
En este sentido, las «noticias falsas» también pueden entenderse como el vehículo de la indignación ordinaria de una parte cada vez mayor de la población contra la discriminación (como diría Bourdieu) clasista establecida por los instrumentos de construcción social de la «distinción “.
Sin embargo, la falsedad, debe combatirse porque daña nuestras democracias y las hace vulnerables. Las buenas armas, sin embargo, no son ni la prohibición (criminalización) ni la del discurso, desde el pedestal de la «superioridad» de la pericia del periodista que desmonta la «falsedad» de la información. La famosa «comprobación de los hechos» (ej.: la sección diaria del programa de Anderson Cooper, «fact-checking»), en que se presentan como » verdades «, «hechos «que no son exactamente, a su vez, toda la verdad.
Pero, tenemos que establecer dos excepciones. En primer lugar, porque lo anteriormente expuesto, no significa que algunas mentiras no sean criminales. Por ende, merecen ser perseguidas como tal. Pero, lo que las convierte en actos jurídicamente ilícitos, son sus efectos (el «maleficium», dirían los romanos), mismos que solo pueden ser determinados a posteriori.
Asimismo, durante los períodos electorales, plataformas como las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, etc) deberían proporcionar información «clara, justa y transparente» sobre el «contenido informativo» que se ha presentado a cambio de una remuneración, o sea a través de la compra de canales de difusión rápida de las «fake news» (sean medias verdades, calumnias o rumores). Debemos, ahí sí, legislar para que los proveedores de servicios en Internet, en particular las plataformas sociales, especifiquen claramente la identidad de quien produce contenido publicitario y/o sobre actualidad política, no a título personal, sino para difusión masiva, quién paga y cuanta paga, o incluso quien es su patrocinador, si tiene uno.
En este sentido, antes que nos sorprendan con el “albazo” de alguna ley regulatorio de las “fake news”, deberíamos hacer un cuidadoso análisis, por un lado de las deficiencias ( y de los elementos inconstitucionales) de la reciente “Ley de Réplica” mexicana y, por otro lado , del concepto de un nuevo «deber de cooperación» impuesto a las redes sociales, plataformas y proveedores de servicios de Internet en la iniciativa de ley del gobierno de Macron sobre el “control” de las “fake news”. En la iniciativa francesa (todavía en fase de debate) las plataformas sociales y los proveedores de servicios, estarán obligados a ofrecer a los usuarios de Internet un mecanismo para reportar información falsa, además de que también estarían obligados a «informar de inmediato a las autoridades competentes sobre cualquier actividad que difunda esta información falsa » y, para la cual hayan sido activados los mecanismos de denuncia.
Finalmente, deberán «hacer públicos los medios que [ellos] dedican a luchar» contra «noticias falsas». Tal como está, el texto no prevé la retirada de contenido, como en la iniciativa de ley alemana, mucho más restrictiva y con mayores (potenciales) conflictos con el principio de la libertad de expresión. Ambas iniciativas, dejan a las plataformas en cuestión la posibilidad de adoptar medidas más restrictivas en los reglamentos (“contratos de servicio”).