OPINIÓN: JUAN BERNARDO Y EL ABUSO DE AUTORIDAD CONTRA MAESTROS. Por Juan Pérez Medina

Cuando un perro te muerde el responsable de tal hecho es el dueño del perro. Cuando el perro te muerde por indicaciones de su dueño el asunto se vuelve una villanía. En ambos casos debe reclamarse la reparación del daño y el castigo al responsable.

Digo lo anterior para ejemplificar, lo acontecido el martes 7 de noviembre, durante la acción de protesta realizada por diversos sindicatos en la Ciudad en la exigencia justa de diversos asuntos, entre ellos y, fundamentalmente, el pago de adeudos a los trabajadores estatales y la reposición del fondo de pensiones, actualmente en quiebra.

Ese día, en medio de la acción represiva de las fuerzas policiales encabezadas por el propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, se dieron hechos deleznables que reclaman la intervención de las instituciones responsables de velar por los derechos humanos. Un hecho de barbarie que acumula a los tantos que han realizado las fuerzas represivas en contra de manifestantes (Caltzontzin, Arantepakua, Normalistas, estudiantes y Maestros).

De nueva cuenta los policías fueron filmados abusando, en esta ocasión, en contra de los maestros y maestras, a quienes insultaron y golpearon, de manera alevosa y cobarde, mientras eran trasladados a los separos de la procuraduría de gobierno. Golpes arteros fueron los que con lujo de violencia propinaron contra los maestros. Toletazos en las costillas por uno y por otro en varias ocasiones poniendo en riesgo la integridad de los docentes, en una acción que destilaba odio, rencor, desesperación y hasta gozo.

En esa ocasión pudo verse además, como el secretario de seguridad arengaba a sus huestes, como perros de presa, a atrapar a tal o cual docente, lanzándose en contra de uno de ellos en particular haciéndolo caer al piso para golpearlo con saña. En medio de la represión, el cancerbero de Hades (perro de tres cabezas), Subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, se destacó por dedicarse a amenazar y desafiar personalmente a los docentes que filmaban los hechos, con expresiones como “te voy a buscar personalmente”, yo te voy a buscar solito” “tómale una foto para luego buscarlo” etc. Lo hecho por este sádico personaje es un asunto de alta gravedad que pone bajo amenaza y riesgo a cualquier manifestante. No nos habrá de extrañar que cumpla con ellas cuando le hemos visto en su funesta actuación en contra de quienes les deciden enfrentar.

Todo lo anterior se califica como delitos graves que se consignan en la ley de acuerdo con el Artículo 215 del código penal federal, que menciona que cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare, como ha sido en este caso.

No valen las declaraciones de los mismos jefes infractores, en el sentido de que habrán de investigar los hechos para deslindar responsabilidades y aplicar la ley. De acuerdo con el citado código penal federal, las penas aplicadas van hasta los 8 años de cárcel y el pago de hasta trescientos días de multa y destitución e inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Cuestión que se establece casi en los mismos términos en el código penal estatal, con una pequeña reducción en las penas.

Sostuve desde el día de los acontecimientos que era necesaria la acción legal de parte de las organizaciones sindicales y los afectados para presentar la denuncia ante las autoridades correspondientes y acudir ante la Comisión estatal de Derechos Humanos, así como ante los organismos de derechos humanos independientes, como el Comité Digna Ochoa o el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, antes de que ocurran hechos lamentables para los que no haya posibilidades de reparación.

Es aún tiempo para actuar y no dejar pasar otro hecho como estos de lo contrario, los abusos aumentarán en número y en gravedad en contra de quienes ejerzan la protesta social. Juan Bernardo Corona y Gómez Arrieta deben dejar el cargo y ser enjuiciados conforme a la ley.

El gobierno estatal tiene una estrategia de respuesta social que obedece a la que a nivel nacional ha establecido el gobierno federal. Alineado a éste, no ha escatimado en lo más mínimo el uso de los recursos disponibles para cumplir con la parte que le toca en la tarea de “apaciguar” a palos a los inconformes para dar paso a la política neoliberal de hurto y despojo. Dentro de esta política juega un papel central la inhibición y limitación de las libertades fundamentales básicas de expresión y reunión. Este gobierno se ha caracterizado hasta hoy por anteponer la fuerza al dialogo constructivo y responsable. Primero la disuasión y luego la falsa

negociación o atención a los asuntos que se plantean. En esta profunda estrategia represiva está la determinación de evitar o disuadir cualquier tipo de protesta. Cuando se reúne un número de 20 personas frente a Palacio de Gobierno de inmediato se instala un grupo de granaderos para impedirles y acotar la libre manifestación. Estamos ante un gobierno altamente represivo, que ha demostrado que actúa sin miramientos y sin importar sí entre los manifestantes hay mujeres, niños o ancianos como ha sido hasta hoy. Pero sobre todo, se ha destacado por la saña de su actuación en contra de maestros, estudiantes e indígenas a los cuales ha perseguido, encarcelado, vejado, golpeado, amenazado y asesinado.

Es tan parecido al gobierno de Peña Nieto que, una vez que las redes sociales dieron cuenta de la saña con la que se actuó en contra de los maestros detenidos el martes negro de referencia, crearon un invento mediático para que la opinión pública se lanzara en contra de los manifestantes y acabara justificando sus excesos. Al igual que el caso de la inexistente niña Frida en el marco del terremoto del 19 de septiembre, en la ciudad de México; aquí la policía creo la noticia acerca de la muerte de un niño a causa del bloqueo que impidió a la ambulancia en donde viajaba llegar al hospital. Pero al igual que en el caso de Frida, el gusto les duró poco y al ser descubiertos, los medios de comunicación enterraron el caso, pues se comenzó a volver en contra de quienes lo generaron.

El movimiento popular y las organizaciones sindicales y estudiantiles deberían generar una serie de propuestas para hacer frente a la ofensiva gubernamental y no seguir actuando en la inmediatez.

De inicio debe tomar la determinación de no dejar pasar hechos como éstos y llevar a cabo las denuncias o quejas ante los organismos independientes y las dependencias responsables de su atención y desarrollar una serie de acciones encaminadas a procurar que sean atendidas. Por otra parte, urge una estrategia de medios que no sólo vaya por la vía de combatir la agresiva campaña mediática en contra del movimiento (por ejemplo: el miércoles 8, la primera plana del diario “publímetro” fue la muerte inventada del niño que no alcanzó a llegar al hospital); sino que además, desarrolle una estrategia en contra de aquellos comunicadores que se regodean día a día tratando a los manifestantes con motes de “delincuentes”, “pandilleros”, “flojos”, “pillos” y “vándalos” entre otras lindeces, en una permanente campaña de denostación e incitación a la represión o a la justificación del uso de la violencia por parte del gobierno.

Ellos también son responsables de la actuación represiva del gobierno. Esta estrategia debe estar sustentada por el estudio de cada uno de los medios y comunicadores y su relación con el gobierno y sus representantes. Cada medio y comunicador tiene un a historia que debemos conocer hasta en lo más mínimo para saber a cabalidad quien es quien nos desinforma. Establecer como constante el uso de la réplica en esos mismos medios y generar foros de comunicación independientes y otros en donde los comunicadores detractores del movimiento social puedan estar frente a los causantes de sus cotidianos malos comentarios. No deben dejarse pasar situaciones como éstas so pena de seguir pagando las consecuencias.

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