Iniciamos esta administración con un diagnóstico objetivo de la situación que vive nuestro Estado, inmerso entonces en un ambiente de inestabilidad e ingobernabilidad, de violencia generalizada, desprestigio de instituciones y desconfianza en las autoridades.
Michoacán ha vivido una crisis multifactorial, que limita y detiene el desarrollo.
Teniendo claro entonces que para salir adelante, Michoacán requiere de cambios de fondo, que se lograrán en la medida en que consolidemos finanzas sanas, seguridad pública y educación de calidad.
Por ello, focalizamos las acciones de gobierno en cuatro ejes fundamentales: desarrollo social y humano, desarrollo económico, desarrollo de infraestructura y seguridad pública.
Así en estos primeros dos años la labor del Gobierno Estatal, se centró en emprender el proceso de recuperación para la viabilidad financiera, en restablecer, paulatinamente, el sistema para una educación de calidad y en ir garantizando un esquema de seguridad ciudadana, para sentar las bases de una paz duradera.
Regresar el Estado a la gobernabilidad, ha sido un proceso complejo que nos ha requerido romper inercias del pasado y comenzar a revertir tendencias negativas en los diversos sectores. Las estrategias para la recuperación de los espacios públicos han sido fundamentales para recobrar la confianza.
Suplimos la escasez de recursos con una actitud de colaboración activa y coordinada, con todos los ámbitos del Estado mexicano, sin distingo de ideología o extracción partidaria.
Mediante un esfuerzo coordinado, hemos acometido los desafíos y aunque tenemos avances significativos en programas, obras y acciones, reconozco que aún falta un largo camino por recorrer.
Los problemas, no se resuelven de tajo, ni de la noche a la mañana. Hay que planear y caminar con dirección definida, establecer objetivos y tiempos para alcanzar las metas.
El propósito, ha sido recuperar la gobernabilidad, cambiar el rumbo, romper esquemas y comenzar a revertir tendencias negativas en los diversos sectores.
En este momento estamos concentrados en consolidar programas y acciones; ampliar espacios de participación y concertación ciudadana, así como fortalecer las instituciones para que incidan en los objetivos de mediano y largo plazo, con una visión que vaya más allá de este sexenio.
Pasar de políticas de gobierno a políticas de Estado, es lo que propicia progreso y bienestar en el largo plazo. Las sociedades exitosas lo han comprobado.
Hoy cerramos un ciclo. Concluye el primer tercio de esta administración, reconozco que aún falta mucho por hacer; tenemos grandes asignaturas pendientes y grandes retos por delante.
Convencido de los cambios de fondo que requiere la administración pública estatal, en abril de este año, llevamos a cabo la mayor reforma a la Ley Orgánica en las últimas 5 administraciones.
Esta reingeniería adelgazará la estructura gubernamental en un 20 por ciento, a través de la fusión, descentralización y extinción de 4 secretarías y 11 organismos descentralizados.
Por primera vez en 25 años, la administración pública estatal se reduce. Así, el costo del aparato de gobierno será menor para los ciudadanos.
Al recibir la administración, las finanzas públicas estaban colapsadas; con pasivos de corto plazo asfixiantes, cercanos a los 13 mil millones de pesos, con un déficit para cubrir la nómina magisterial de 5 mil 200 millones de pesos, y una deuda con instituciones bancarias superior a los 17 mil millones.
No contábamos con la liquidez suficiente para responder a la presión financiera inmediata; incluso a los municipios se les adeudaban, por parte de la pasada administración estatal, las participaciones federales de 2 meses, así como los recursos correspondientes del Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, que deriva de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado.
No obstante, asumimos el reto y no dejamos de cumplir nuestros compromisos; pagos a proveedores y contratistas, cumplimiento de obligaciones de la deuda contraída, pago de los servicios personales, así como la inversión de recursos en obras y acciones de carácter prioritario.
La viabilidad y la estabilidad financiera parecían inalcanzables, sin embargo, estamos avanzando para conseguirlas.
Con toda responsabilidad les informo que se ha logrado la disminución de la deuda a corto plazo, de 13 mil 358 millones, pasamos a 8 mil 809 millones de pesos. Ésta reducción equivale a más del 30 por ciento de la misma.
A los Ayuntamientos, desde hace 2 años, las participaciones y aportaciones federales se les transfieren de acuerdo a la programación.
También emití el Decreto de Austeridad y el Acuerdo para el Ajuste del Gasto Público, para cuidar que el gasto de los recursos sea con transparencia y se destine para lo que están presupuestados, evitando dispendios y gastos innecesarios.
En Michoacán, cada peso que ingresa a la hacienda pública estatal debe ser gastado con transparencia, saber en qué se utiliza y en dónde están los resultados.
Eliminamos los viáticos para los funcionarios de primer nivel, el abasto de combustible se limitó a los vehículos operativos y se canceló el pago de telefonía celular, sin excepción.
El trabajo responsable en estos rubros permitió la evaluación positiva de las agencias calificadoras en este año, donde por una parte, Standar and Poor´s elevó la calificación del Estado, de negativa a estable, y por otra parte, HR Ratings nos otorgó alta calidad crediticia en virtud del desempeño financiero de la administración.
También es una determinación darle prioridad a la inversión de obra pública y acciones que generan desarrollo social.
Así queda demostrado en los más de 13 mil 600 millones de pesos que en combinación de recursos de origen estatal y federal, hemos invertido en obras y acciones durante este segundo año de gobierno. Lo que representa 250 por ciento más, respecto a la inversión aprobada para el primer año.
Junto con ello, y gracias a trabajo del Congreso del Estado, se logró la reestructura y refinanciamiento de una parte de la deuda contraída por administraciones anteriores, a tasas que favorecen las finanzas públicas del gobierno estatal.
En un hecho sin precedente, por su transparencia y apego a la Ley, se realizó la licitación pública estatal para refinanciar un importe de 3 mil 156 millones de pesos, sin que en ello exista la contratación de deuda adicional.
Así mismo, derivado de las negociaciones con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, se reestructura un importe de 5 mil millones de pesos, con el objetivo de reducir el costo del servicio de la deuda y mejorar las condiciones contractuales de los financiamientos.
Tanto el refinanciamiento como la reestructura nos permitirán ahorros estimados de 175 millones de pesos anuales, lo que significa que en los próximos 10 años se dejarán de pagar Mil 750 millones de pesos.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, el pasado 20 de septiembre fue entregado a este Congreso, el proyecto para el ejercicio Fiscal 2018, por la cantidad de 65 mil 670 millones, lo que refleja un crecimiento de 6.27 por ciento respecto al anterior.
En este Paquete Económico, se tiene como eje estratégico potenciar la capacidad recaudatoria y de fiscalización del Estado, por lo cual no se incorpora ninguna carga impositiva adicional que vaya en detrimento de sector alguno. Asimismo, no se consideran ingresos provenientes de endeudamiento.
En materia del gasto se destina un monto de Mil 380 millones de pesos en programas sociales estratégicos, destinados a atender las necesidades más apremiantes de la sociedad y sectores vulnerables.
Se considera un incremento de 682 millones de pesos de recursos estatales en gasto de inversión pública en infraestructura, tan necesaria para mejorar la competitividad de nuestra Entidad.
El Paquete Económico 2018, se diseñó de manera responsable con las finanzas públicas, buscando lograr la sostenibilidad del equilibrio financiero.
Aún queda bastante tramo por recorrer, por ello continuaremos haciendo los ajustes que sean necesarios para optimizar el gasto y elevar los ingresos estatales.
El objetivo es que al final de esta administración, Michoacán tenga una hacienda púbica estatal sana, que permita la realización de obras y acciones hasta alcanzar mayores niveles de bienestar para las y los michoacanos.
Estamos haciendo todo lo necesario para que la educación ocupe el lugar, que le corresponde en el desarrollo de Michoacán.
El sector educativo NO escapó a la inercia de vacío institucional, NO solamente por el abandono reiterado de las aulas, sino también por el incumplimiento de los compromisos de gobiernos, que irresponsablemente firmaron minutas y acuerdos con el magisterio sin respaldo financiero.
Cada año se aprobaba un presupuesto público con un déficit superior al 50 por ciento para cubrir la nómina magisterial. Es decir, no se contaba con recurso suficiente para cubrir los salarios, mucho menos para prestaciones y bonos a docentes.
Por segundo año consecutivo el gobierno que encabezo ha presentado presupuestos con déficit cero en educación. Paulatinamente vamos cubriendo las necesidades.
Muestra de ello es que nuestros maestros reciben sus pagos quincenales y, además, en los últimos meses se ha cubierto, lo que en derecho les corresponde: más de Mil 400 millones de pesos, que son parte del rezago en el cumplimiento de las obligaciones del gobierno.
Además de los problemas financieros y administrativos en educación, también encontramos rezagos importantes como la deserción en nivel primaria y secundaria.
No obstante, dimos pasos importantes en eficiencia terminal al avanzar cuatro puntos en educación primaria.
Lo mismo sucedió en la tarea de combate al analfabetismo, recibimos la administración ubicándonos en la tercera posición nacional. Este indicador, se redujo ya de 8 a 6 por ciento. De continuar la tendencia, al final del año llegaremos a 4 por ciento.
La mayoría de las maestras y los maestros, están cumpliendo su responsabilidad. Están comprometidos con la vocación de ser formadores de las presentes y futuras generaciones.
Prueba de ello, es que por primera vez en Michoacán, se logró evaluar al 97 por ciento de la meta que nos propusimos.
Por segundo año consecutivo, Michoacán dejó de tener paros magisteriales indefinidos o plantones permanentes.
Dotar a los profesores de condiciones adecuadas e infraestructura para el desarrollo de su labor, es nuestra responsabilidad como gobierno.
Al llegar a la administración, 9 de cada 10 escuelas de educación básica se encontraban en condiciones de precariedad.
En un frente coordinado con la Secretaría de Educación Pública Federal, firmamos un convenio para invertir alrededor de mil 850 millones de pesos en infraestructura educativa para todo el Estado. Estos recursos son adicionales a los programados anualmente.
En esta administración realizamos obras y acciones de infraestructura educativa en Mil 700 escuelas, lo que quiere decir que atendimos más de 3 escuelas diarias durante los 365 días del año, durante los últimos 18 meses. Cifra histórica, inconcebible en otros momentos.
De igual manera estamos cumpliendo el anhelo de sustituir las “aulas de palitos”: 270 planteles han salido de esta condición.
Esto hace posible que, después de 40 años, podamos contar con escuelas dignas y equipadas. Estudiantes y maestros desarrollan su actividad en espacios decorosos.
Aprovecho aquí para agradecer profundamente a mi amigo Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública, su acompañamiento, cercanía y compromiso con los michoacanos. Hoy avanzamos hacia una verdadera educación de calidad.
Para incrementar la cobertura en educación superior, dimos inicio a la construcción de la Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas y a la Universidad Tecnológica del Oriente. Inauguramos el campus de la Universidad Intercultural Indígena en San Felipe de Los Alzati, en el municipio de Zitácuaro e iniciamos la construcción del campus en Tiríndaro, municipio de Zacapu.