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Todas las personas trabajan con su cuerpo. Unas lo hacen con las manos; algunas otras con la fuerza de sus diferentes músculos; todas, con el cerebro. Sin embargo, en el momento en que se involucran los órganos sexuales, surge toda una polémica que cuestiona, incluso, si a esa actividad se le puede clasificar como trabajo.
La discusión sobre el concepto de trabajo sexual se ha agudizado en la Ciudad de México en las últimas semanas, en el marco de la construcción de la primera Constitución local, la cual deberá ser dictaminada a más tardar el 30 de noviembre, para ser aprobada en su totalidad el 31 de enero próximo.
El debate se ha dado en especial al interior del movimiento feminista, al ser el fenómeno uno que involucra principalmente a las mujeres (ya sea biológicas o transexuales). Por un lado, están las activistas que defienden la venta de sexo como un trabajo que requiere ser reconocido y amparado por las leyes laborales, siempre y cuando sea elegido libremente por quien lo ejerce. En el otro lado se encuentran aquellas activistas que sostienen que ninguna mujer elige libremente ese trabajo, sino que está siempre determinada por el sistema patriarcal que dicta que los cuerpos femeninos son susceptibles de venderse, comprarse y poseerse, y que en ese ambiente las mujeres nunca estarán exentas de la violencia machista.
En el medio de la discusión están quienes desempeñan esta actividad, que dicen estar cansadas de que gente de la academia, de las instituciones de gobierno y de muchas organizaciones civiles se siente a hablar sobre ellas, sobre lo que deberían o no hacer y lo que convendría para sus vidas, cuando no saben lo que cada una tiene que pasar para sobrevivir día a día.
Exposición y riesgo
En la década de los cincuenta, el entonces regente capitalino Ernesto Uruchurtu se propuso acabar con la vida nocturna de la Ciudad de México, en especial con los prostíbulos o “casas de citas”, que veía como foco de decadencia y degradación –aun cuando se dice que tenía una cercana relación con Graciela Olmos “La Bandida”, la más poderosa madame de la época–.
A partir de aquel momento, las trabajadoras del sexo no desaparecieron, sino que se vieron forzadas a trabajar en las calles o en establecimientos pero de manera clandestina, en ambos casos a merced de la extorsión constante de todo tipo de autoridades. Esto a pesar de que en nuestro país, ya desde el siglo XIX con las reformas juaristas, vender sexo no es un delito. Se trata, sí, de una falta administrativa, pero eso no significa que el trabajo sexual esté prohibido por la ley para las personas mayores de edad.
La sanción administrativa a la que se hacen acreedoras las y los trabajadores sexuales de la Ciudad de México está descrita en el artículo 24, fracción VII de la Ley de Cultura Cívica local, que incluye a esta actividad en la categoría de “infracciones contra la tranquilidad de las personas”, equiparándola con la posesión de animales sin las medidas higiénicas necesarias o la producción de ruido que perturbe la paz de los vecinos. Para que esta sanción sea exigible, desde 1997 se puso como condición que haya una queja vecinal.
Aun así, las extorsiones son constantes para las trabajadoras sexuales que están en la calle, por lo que en 2012, un grupo de trabajadoras del sexo comercial, de la mano de la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, solicitó que se las reconociera como trabajadoras no asalariadas de acuerdo con los criterios de la Secretaría del Trabajo del entonces Distrito Federal (misma categoría en la que entran limpiabotas o franeleros). La petición les fue negada, por lo que se interpuso un juicio de amparo, mismo que fue concedido en febrero de 2014. Esta resolución permitió que las quejosas obtuvieran una credencial de trabajadoras no asalariadas, con la que pueden defenderse, al menos simbólicamente, de extorsiones o detenciones arbitrarias.
El proyecto de Constitución de la Ciudad de México incluye de manera expresa el reconocimiento y la protección al “trabajó sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
Apuesta por la protección legal
A partir de esa resolución, dictada por la juez primera de distrito en materia administrativa, Paula María García Villegas, el consejo de notables que elaboró el proyecto de Constitución de la Ciudad de México decidió incluir de manera expresa el reconocimiento y la protección al “trabajó sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
De acuerdo con la antropóloga feminista Marta Lamas, esto permitirá plantear nuevas formas de organización del trabajo, considerando también que las actuales leyes contra la trata de personas en México criminalizan las alianzas laborales en este rubro, como puede ser el caso de dos amigas que rentan un departamento con el fin de vender sexo, donde la que firma el contrato de arrendamiento puede ser considerada tratante.
“Si se aceptara que las mujeres pudieran trabajar en locales regulados, eso sería más seguro y más barato para ellas”, afirmó al participar en el primero de cuatro parlamentos abiertos sobre el tema, organizados por el diputado local Víctor Hugo Romo, del PRD. Además de mejorar las condiciones laborales para quienes se dedican al comercio sexual, la propuesta es derogar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica, para que no exista ninguna sanción administrativa contra esta actividad.
A las dos primeras mesas de diálogo acudieron numerosas trabajadoras sexuales, tanto transexuales como mujeres biológicas, y algunos hombres dedicados a ese comercio, así como feministas que buscan eliminar totalmente el fenómeno por considerar que atenta contra los derechos humanos de las mujeres que venden sexo.
Así, Alma Delia, una trabajadora sexual trans de la organización Ángeles en busca de la libertad, aseguró que mientras no se legisle sobre su actividad como un trabajo persistirá la corrupción, además de exigir que se les otorguen derechos como la vivienda o los servicios funerarios.
Por su parte, tanto Krisna como Erika Villegas, otras trabajadoras sexuales trans, afirmaron por separado que están “hartas de que se sienten a hablar de nosotras”, pues cualquier política pública que se planee en la materia debería contar con su participación.
El poder del dinero y del patriarcado
“No estoy en la calle por gusto, sino por necesidad”, dijo Regina Segovia, mujer trans trabajadora del sexo que estudió la licenciatura en economía, pero no puede ejercerla debido a su identidad de género.
A su voz se suman la de Mérida, Evelyn, Erika, Yessica y todas las otras que asienten con la cabeza al escuchar esta afirmación. No han encontrado otro trabajo que les dé las ganancias que obtienen vendiendo su cuerpo, e incluso cuando han trabajado en empresas o fábricas “tenemos que acostarnos con el patrón, porque si no nos corren; y a eso no se le llama trabajo sexual”, objeta Evelyn.
¿Qué papel juegan, entonces, el sistema capitalista y el patriarcado en este fenómeno? Es lo que cuestionan las feministas que plantean la eliminación de lo que ellas llaman prostitución. Las mujeres, sostienen, no hacen trabajo sexual, sino que se encuentran en situación de prostitución debido a un sistema que considera al cuerpo femenino como un objeto utilizable y desechable, susceptible de intercambio monetario. La evidencia de esto la encuentran en los testimonios de mujeres que afirman que lo hacen por necesidad y no por “gusto”.
Por ejemplo, Rita Mellado, de la organización R832 de Tijuana, asevera que de 600 mujeres en prostitución que ha entrevistado, sólo el 12 por ciento ha dicho estar ahí por decisión. De hecho, del total, entre 42 y 48 por ciento cobran por sexo debido a que las llevaron a la ciudad fronteriza por diversas vías (enganche amoroso, secuestro, falsas promesas de trabajo) siendo menores de edad, aunque muchas de ellas se quedaron una vez que su proxeneta “las soltó”.
Unas 10 mil personas ejercen el trabajo sexual en la Ciudad de México, según cifras de la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”
Por su parte, Silvia Anguiano, visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, presente también en el evento, encontró que de 45 quejosas dedicadas al trabajo sexual y víctimas de delitos en la capital tapatía, sólo dos dijeron que se dedicaban a eso “por gusto”.
Por esto, Marta Torres, de la Coalición para la Abolición de la Prostitución (CAP Internacional) se pregunta si acaso reconocer a ésta como trabajo “implica institucionalizar la precariedad, la desigualdad de oportunidades”. Asimismo, cuestiona: “¿Qué es el trabajo sexual y qué implica? ¿Sólo con regular los derechos laborales se garantizan todos los derechos de las trabajadoras? ¿Se han previsto los riesgos laborales? ¿Se ha previsto cómo respaldar a personas que ya no puedan o ya no quieran seguir ejerciendo este trabajo?”.
La verdad, sostiene Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), es que “detrás de la puerta de la habitación, las mujeres están solas”.
No decidan sin nosotras
“Estas mujeres, sentadas en sus escritorios, no saben lo que es tener que acostarse con un hombre que no conoces”, espetó Evelyn al frente de la mesa de discusión en la Asamblea Legislativa. “Nadie nos ha preguntado lo que nosotras queremos o necesitamos”, agregó otra voz al fondo del salón.
Frente a este panorama, el diputado local Alfonso Suárez del Real, de Morena, recordó que hace 20 años se convocó también a las trabajadoras sexuales a la Asamblea para discutir su situación. La diferencia es que en aquel momento ellas se presentaron con bolsas de papel cubriendo sus rostros, mientras que ahora acuden a reivindicar su dignidad.
Es por esa dignidad por la que se pronuncia el llamado sector reglamentarista, que busca regular las condiciones en que se ejerce el trabajo sexual, para lo cual el primer paso es reconocerlo como un trabajo.
Es verdad que el sexual es un mercado nocivo, reconoce Marta Lamas, pero la vía para acabar con él no es prohibirlo, sino atacar sus causas estructurales, “en eso coincidimos” con las llamadas abolicionistas, expresó. “Estamos en el capitalismo y en el patriarcado; lo que buscamos son mediaciones para que quienes elijan este trabajo tengan mejores condiciones”.
Mientras tanto, quienes se oponen a regularlo argumentan que esto convertirá a la Ciudad de México en un polo de comercio sexual que no se detendrá en “contratar” a las personas que lo ejercen voluntariamente, sino que continuará en la persona de niñas y niños, es decir, las víctimas de la trata que ahora serán explotadas “con permiso”.
Sin embargo, regulación es lo que las mujeres presentes en los debates pidieron. Están convencidas de que esa actividad es la que eligieron para sobrevivir ya que les da mejores ganancias. Y como enfatizaron Regina, Ivonne, Lola y Krisna, “con ley o sin ley, con ustedes o sin ustedes, hemos estado en las calles y ahí vamos a seguir”.