Salvador Cienfuegos Zepeda, más conocido como General Cienfuegos, con su detención y -más- con su liberación está “quemando” a muchos políticos y animando la discusión sobre soberanía.
No es para menos: que el Secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Enrique Peña Nieto haya sido detenido el 15 de octubre en el aeropuerto de Los Angeles, CA, por los cargos estadunidenses de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos y lavado de dinero, chamusca a la administración de Peña Nieto, a las fuerzas armadas, al gobierno de López Obrador. Salpica y asusta y preocupa a todos, empezando por los ciudadanos de “a pie”.
El general Cienfuegos Zepeda fue huésped del Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles, California y el juez Alexander F. MacKinnon estuvo a cargo para juzgar al militar mexicano acusado de: 1) proteger a Juan Francisco Patrón Sánchez, “el H2”, líder del Cártel de la droga de los hermanos Beltrán Leyva en Nayarit y Sinaloa, abatido ´por la marina en Tepic, Nayarit el 9 de febrero de 2017; 2) participar en una conspiración para importar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana así como de lavado de dinero; 3) favorecer la expansión de las operaciones de su protegido a Mazatlán, Sinaloa; 4) localizar transportes marítimos con cargamentos de droga; presentar a su socio con otras autoridades corruptas a cambio de sobornos y advertir de acciones u operativos en su contra por parte de autoridades norteamericanas (MSN, Noticias, Animal Político, 10-10-2020).
Su liberación es toda una “papa caliente” que se echa López Obrador pues, pese a la gravedad de los cargos imputados, es altamente probable que el trámite haya concluido y ocurra lo que el mismo Marcelo Ebrad vaticinaba: traer al general y no hacer nada sería casi un suicidio.
Y .. ¿La mentada soberanía?
Que un jurado estadounidense delibere y resuelva las presuntas responsabilidades penales, civiles y/o administrativas de un mexicano y que un juez de aquel país emita la orden de aprehensión nos recuerda que México es una especie de colonia de Estados Unidos y que la soberanía nacional es un adorno desempolvable en las fiestas cívicas septembrinas.
En los gobiernos pre salinistas, como los tiempos de Luis Echeverría y Díaz Ordaz, se guardaban las apariencias y aunque cantaban con fervor: “mas si osare un extraño enemigo”, capacitaban a oficiales de la milicia en “La Escuela de las Américas” de los Estados Unidos. Gobiernos priistas represores del movimiento estudiantil exaltaban su nacionalismo a la par que actuaban en sintonía con EUA para reprimir el descontento social, pero NO adoptaron su doctrina de seguridad ni reconocieron en público que los “gringos” les apoyaban (técnica y materialmente”) para sofocar la insurgencia (Lagos Velasco, Colmich, 2014)
Ahora -un ahora que tiene muchos años- y, sobre todo, con la guerra de Felipe Calderón, la llamada Iniciativa Mérida no deja dudas acerca de la subordinación mexicana a la política de seguridad de Estados Unidos. En nombre de “la soberanía”, Felipe Calderón y Bush, firmaron en diciembre de 2008 la primera Carta de Acuerdo sobre la Iniciativa Mérida. Tal plan contemplaba cuatro importantes programas: 1) afectar la capacidad operativa del crimen organizado; 2) institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de derecho; 3) crear la estructura fronteriza del siglo XXI; y, 4) construir comunidades fuertes y resilientes (USA, Embajada, acceso 20-11-2020).
En pláticas suena bien que ambos gobiernos se propusieran, en el primer punto: “Disminuir el poder de los grupos criminales mexicanos al capturar y encarcelar sistemáticamente a sus líderes; reducir las ganancias del tráfico de drogas mediante el decomiso de narcóticos; frenar el lavado de dinero y disminuir la producción de drogas” (USA, Embajada, acceso 20-11-2020). No es poca cosa que la Iniciativa Mérida haya asignado más de 247 millones de dólares para apoyar a México en la transición hacia el nuevo sistema de justicia penal.
Posteriormente, Peña Nieto y Obama ratificaron los tratados con cambios que acentuaron la dependencia. Una de las decisiones controvertidas -no las peores, sí de las más sonadas- fue la licencia para que agentes norteamericanos que operan en México portaran arma corta de 40 mm como máximo o de mayor calibre en indefinidas condiciones “especiales”.
El viernes 24 de abril de 2015, la Cámara de Diputados concluyó una reforma propuesta por Enrique Peña Nieto para modificar la Ley de Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por 288 votos a favor, 82 en contra y 9 abstenciones, el pleno aprobó que la Secretaría de la defensa Nacional (SEDENA) otorgue permisos de portación de armas a los agentes extranjeros (Animal Político, 10-04-2015; El País, 27-04-2015).
La soberanía en tiempos de Morena
El 15 de enero de 2020 el embajador Christopher Landau celebró con Rodrigo Vásquez Colmenares, director general de la Agencia Federal de Aviación Civil, la inauguración de un proyecto de seguridad aeroportuaria para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, “con la finalidad de detectar y prevenir cualquier amenaza o situación ilícita en los puntos de revisión de ambas terminales”. El 10 de diciembre de 2019 se instalaron 24 equipos de tecnología de imagen avanzada para escanear de cuerpo completo a los viajantes de los 120 vuelos que se realizan desde ese puerto a diversos puntos de Estados Unidos (Financiero, Riva Palacio, 27-01-2020).
Pese a la “gran colaboración y respeto” que las barras y las estrellas le profesan al águila que se almuerza una serpiente, desde hacía muchos meses autoridades de Estados Unidos seguían una investigación al General Cienfuegos vinculado con Edgar Veytia (Ex fiscal de Nayarit) condenado a 20 años de prisión en EUA por delitos parecidos. En consecuencia, la juez federal del Distrito Este de Nueva York, Vera M. Scanlon, basada en el material ofrecido por el fiscal Richard Donoghue, firmó la orden de arresto desde el 14 agosto de 2019, misma que se ejecutó el pasado 15 de octubre.
Las declaraciones del presidente pasaron de la sorpresa a la celebración, luego de la cautela a la diplomacia. Primero enfatizó que la detención del ex Secretario, por vínculos con el narcotráfico, evidenciaba la descomposición del régimen neoliberal, a la vez se sorprendía por la falta de confianza de sus vecinos. Enseguida matizó y solicitó información a través del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad.
Así, el 21 de octubre, el ministro Ebrard expresó su “sorpresa y descontento” ante el embajador Christopher Landau. Posteriormente conversó con el fiscal general de EUA y “refrendó la molestia ante las muestras de desconfianza y falta de información” (Universal, Héctor de Mauleón, 19-11-2020).
Por “encimita”, después de un mes de gestiones diplomáticas y de procesos legales en la corte, la juez estadounidense Carol Bagley Amon, el miércoles 18 de noviembre, concedió el desistimiento que la Fiscalía de Estados Unidos pidió sobre los cuatro cargos relacionados con el narcotráfico en contra del extitular de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
¿Usted les cree? Yo tampoco.
La explicación formal del desistimiento y la liberación sin cargos son “razones de política exterior que superan el interés del gobierno de USA en seguir el procesamiento del imputado”. O sea: los resultados de la investigación sobre los nexos de Cienfuegos con el narco son reales, pero con tal de llevar la fiesta en paz con México, se libera al general.
No es la primera vez que altos militares son relacionados con actividades ilícitas de alto nivel. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), eran fuertes los “rumores” acerca de los tratos del secretario de la Defensa, Juan Árevalo Gardoqui, con el crimen organizado. Otros generales llegaron a sentencias condenatorias: Jesús Gutiérrez Rebollo (Ernesto Zedillo), Arturo Acosta Chaparro Escapite y Antonio Quiroz Hermosillo. Esos dos vinculados con el Cártel de Juárez en 2002.
La duda persiste a pesar de lo declarado por Andrés Manuel: “El principio es que toda indagatoria, investigación, información, mensajes, todo lo que ocurre en territorio nacional que sea del conocimiento de una agencia de otro país con el que tenemos un convenio de cooperación que se basa en el respeto a la soberanía mutua, debe ser comunicado a México…” .
Esperemos que no se afiance la impunidad en nombre de la soberanía.
Zamora, Michoacán, 23 de noviembre de 2020
jlseefoo@hotmail.com