El instrumento más poderoso del Estado para influir sobre la actividad económica es sin duda alguna el ejercicio de su poder coactivo y reglamentario. Pero las decisiones públicas son adoptadas por determinados individuos, los de elección popular y los burócratas ¿Quién garantiza que utilicen criterios racionales?
El Estado puede establecer controles de precios, limitar el crecimiento de los salarios, regular los monopolios, defender al consumidor controlando la publicidad y la calidad de los productos, puede establecer límites a las emisiones contaminantes, planificar la distribución espacial de industrias y, sobre todo, puede reservarse para sí la producción de ciertos bienes y servicios. El Estado se encarga directamente de la producción de bienes de interés estratégico económico o militar o de los bienes públicos, aquellos que, al no poder excluir de su uso al que no pague, no serían ofrecidos en cantidad suficiente por la iniciativa privada. Este es el caso de la defensa nacional, de la enseñanza y de la sanidad, entre otros. El problema reside en que, aunque la empresa privada no lo haga bien, puede ser que el Estado lo haga aún peor.
En todos los países se acusa a los gobiernos de falta de eficacia en la administración de las empresas públicas. Muchas empresas públicas sufren pérdidas un año tras otro. La explicación es que los gobiernos suelen seguir el principio de la subsidiariedad, encargándose de producciones que no resulten rentables a la empresa privada. Los gobiernos se hacen cargo frecuentemente, para evitar la pérdida de puestos de trabajo, de gestionar empresas que la iniciativa privada haya administrado de forma descuidada hasta dejarlas obsoletas y a punto de cerrar. Resultan muy onerosas la reconversión y adaptación de las industrias a las exigencias de la competencia en una economía cada vez más global. Los gobiernos se suelen encargar de las inversiones necesarias para la reconversión de estas empresas procediendo a privatizarlas una vez que han vuelto a ser rentables.
Las decisiones del Estado las toman los políticos que están en el poder. Todo el mundo encuentra lógico que los consumidores y los empresarios adopten sus decisiones en función de su propio interés, sin embargo se tiende a considerar que los políticos deciden en función del bien común.
Eso no ocurre en la realidad. En el mundo real los políticos adoptan sus decisiones en función de sus propios intereses, como todo el mundo. Esto no es una alusión a los políticos corruptos que utilizan su poder para enriquecerse de forma deshonesta; un político absolutamente honrado en un país democrático se esforzará en ser reelegido y en que su partido obtenga más votos. Lo que ocurre es que en los países democráticos donde hay libertad de prensa, los intereses de los políticos suelen coincidir con los intereses de la mayoría de la población.
El análisis económico del comportamiento político es el objeto de una rama especializada de nuestra ciencia: la Elección Social o Public Choice uno de cuyos más destacados líderes y teóricos es Buchanan. Para esta corriente, los sistemas democráticos pueden ser vistos como mercados en los que los partidos políticos son empresas que ofrecen servicios administrativos a la comunidad. En su publicidad dicen qué harán y cómo lo harán.
Tratan de captar el mayor número posible de clientes- votantes. Cuando están en posiciones de poder — local, regional o estatal— tratan de satisfacer los deseos del mayor número posible de ciudadanos con el fin de maximizar el número de votos en las siguientes elecciones.
El mercado político presenta unas interesantes peculiaridades. Al parecer en ese mercado existen fuertes economías de escala por lo que hay tendencia a que se reduzca el número de partidos hasta convertirse en un oligopolio o duopolio. El posicionamiento de los partidos políticos con respecto a los problemas sociales se realiza con criterios muy similares a los que utilizan las empresas para establecerse geográficamente cerca de los consumidores.
En la figura se representan las opiniones del electorado sobre la conveniencia de la intervención del estado en la economía de un país a lo largo de una línea horizontal.
La posición de extrema izquierda significa que el estado debe asumir el control total de la economía, que controle el 100%.
En el extremo derecho de la línea se posicionan los que quieren que el estado se abstenga de cualquier intervención, que controle el 0%. Supongamos que en ese país hay sólo dos partidos políticos: uno de derechas y otro de izquierdas. Los partidos, mediante declaraciones públicas, definen sus programas políticos especificando el porcentaje de la economía que pondrán en manos del estado si son elegidos para ocupar el gobierno
Los votantes, si actúan racionalmente, elegirán aquel partido cuya propuesta esté más próxima a sus opiniones.
Si el partido de la izquierda propone una intervención del 66% y el de derechas una intervención del 0%, el partido de izquierdas será votado por todos los votantes que se encuentren más próximos, los situados entre el 100% y el 33,3%. Para impedir la victoria de la izquierda y ganarse a los votantes del centro, el partido de la derecha empezará a suavizar sus posiciones aumentando el porcentaje de intervención económica de su programa. Llevando a sus últimas consecuencias este razonamiento llegamos a la conclusión de que en los sistemas políticos bipartidistas existe una tendencia a que ambos partidos propongan soluciones políticas muy parecidas y situadas en el centro del espectro político.
En el caso de sistemas pluripartidistas esta tendencia a ocupar el espacio de centro queda suavizada por la amenaza de los partidos extremistas que recogen el voto abandonado por un excesivo desplazamiento hacia el centro. Por el contrario, los sistemas de elección no proporcionales y que penalizan las minorías, refuerzan la tendencia hacia la moderación de los partidos mayoritarios.
Por otra parte, la burocracia, los funcionarios no sometidos a elección, adopta también decisiones y sus motivaciones pueden ser diferentes de la de los políticos. Mientras que el político trata de maximizar el número de votos obtenidos, el burócrata trata de maximizar su poder. Buscará así que su departamento obtenga un presupuesto más alto, que haya más funcionarios a sus órdenes, que pueda disponer de mejores medios materiales.
Otro problema puesto en evidencia por los teóricos de la elección social es la intransitividad de las preferencias sociales. Aunque todos los individuos de un grupo sean racionales y con preferencias transitivas, las decisiones tomadas democráticamente por el grupo pueden ser intransitivas, es decir, irracionales.