Hubo un día, no hace tantas semanas, en que un poblador de la sierra nos reclamó con coraje el avance de la tala ilegal y el cambio de uso de suelo. Con su dedo tembloroso por el enojo señaló las lomas pelonas. Debí explicarle que nosotros solo éramos ciudadanos que promovíamos el respeto a la naturaleza, pero que no teníamos facultades legales para impedirlo, que la actuación le correspondía a las instituciones del gobierno.
Y en efecto, de 5 años a la fecha visitamos poblados de la sierra de Madero, Acuitzio y sur de Morelia, y compartimos con los habitantes nuestra preocupación por la destrucción de la naturaleza y las consecuencias que ello tiene en nuestras vidas. Tal vez, más de alguno, quiso ver en nuestra disposición algo más que una convocatoria ciudadana. Con más razón aún porque siempre hemos invitado a la defensa de los derechos ambientales y de la riqueza natural.
En el fondo, el disgusto de este ciudadano es el mismo que sacude las emociones de todo aquél que ve con impotencia el arrasador avance del abatimiento de bosques y el abrumador desorden que existe en materia medio ambiental.
Más sobrecogedora fue su reacción cuando le hicimos saber que la responsabilidad correspondía a las instituciones federales, estatales y municipales. Como si aquella respuesta le reventara una bofetada en plena cara, negó con la cabeza: —¡entonces está peor la cosa!
Tan lejos y tan ausentes están las instituciones ambientales de los problemas que ahora ocurren que la percepción ciudadana las da por descontadas. Salvo honrosas excepciones, son parte del problema no de la solución. Si durante los gobiernos pasados las instituciones ambientales podían ser acusadas de actuaciones medrosas, marginales y hasta complacientes con la depredación natural, la actuación de las presentes denota parálisis y falta de rumbo. El panorama es peor.
De hecho han sido desmanteladas y anulada su capacidad operativa. El discurso ideológico que trata de justificar el retroceso, el empantanamiento y la inacción, no alcanza para cubrir la gravedad de una realidad que brota por todos lados. Las amplias facultades que tienen las instituciones federales se pueden calificar en contraste, por ejemplo, con el vertiginoso cambio de uso de suelo que vive Michoacán. Ahí no hay presencia ni de Semarnat ni de Profepa. Simplemente no existen. Conafor está en agonía, las razones de la renuncia del reconocido y laureado Jorge León Castaño con más de 45 años de experiencia en el sector forestal, ponen al desnudo la crisis en curso del sector ambiental.
Los segundos responsables de la aplicación del derecho y de políticas ambientales, las instituciones del estado, han desvanecido tanto el discurso como las acciones hasta el punto de casi esfumarse. Habían iniciado con prometedoras expectativas de una política ambiental que buscaba contener y revertir el desorden pero se fueron achicando hasta el punto de diluirse en el abandono.
Los terceros responsables, los gobiernos municipales, que en su mayoría jamás han reconocido para efectos prácticos las facultades que les otorga la ley, generalmente abordan la problemática desde la justificación de la ausencia de recursos. Es decir, de manera real se lavan las manos aunque en los hechos sus corporaciones estén metidas en la corrupción que lubrica la tala ilegal y el transporte de madera chueca.
Así que era lógico y muy justificado el disgusto de nuestro interlocutor. A quién mejor reclamarle por los cerros talados que a los activistas ambientales que han estado en permanente relación con ellos y a quienes les han escuchado decir de su compromiso por la defensa de los bosques. Es decir, su defensa, —pueden reclamar— no ha sido suficiente.
Lo demás, las instituciones, son entidades inexistentes que han dejado de representar un baluarte de confianza para que la ciudadanía se acoja a ellas. Por desgracia, esta inacción ya sistémica es música para los oídos de quienes han hecho de la transgresión ambiental un jugoso negocio. Y no están perdiendo el tiempo, ahora mismo arrasan con hectáreas de bosques, construyen enormes ollas acaparadoras de agua, plantan aguacate, enmallan predios o construyen fraccionamientos. Las plantaciones ilegales terminarán formando parte del padrón de afiliados de Apeam y servirán para presumir el dinamismo del sector aguacatero en Michoacán, los fraccionamientos serán presumidos como parte del progreso urbano.
Sin embargo, lamento decirle a nuestro disgustado interlocutor que el panorama no se pinta para nada halagüeño. La rectoría federal en materia medio ambiental ha sido abandonada a cambio de discursos contradictorios y mucha jiribilla ideológica. En los hechos, hay casi nada y lo que hay es peor que lo habido en los sexenios pasados.
Y en el estado las cosas no van mejor, hace rato que las dependencias se desentendieron de su deber y de los compromisos establecidos en la Mesa de Seguridad Ambiental, y el futuro tampoco es prometedor si nos atenemos a la alianza pública del gobernador electo para trabajar la «agenda verde» con Apeam, los principales infractores ambientales del estado, ignorando olímpicamente las voces ciudadanas y al ambientalismo michoacano que denuncian un día sí y otro también la práctica del ecocidio.
En fin, creo que el disgusto nos implica a todos. La cuestión, pues, ante la claudicación de las instituciones del Estado, está en la cancha de la movilización ciudadana.