El abandono de la agenda ambiental por el Estado mexicano está teniendo consecuencias funestas. La inexistencia de una estrategia de largo alcance que contenga y revierta el deterioro del entorno natural ha permitido que los sistemas productivos más abrasivos aceleren su expansión destructiva.
La continuidad de un modelo económico centrado de manera exclusiva en la actividad extractiva y ajeno a toda consideración por la valía vital del ecosistema humano y los equilibrios de la naturaleza, ha tomado mayor fuerza y se torna en una amenaza para el futuro de todos.
El único argumento que justifica esta dinámica brutal es la razón financiera, pero desoye la reflexión sobre las consecuencias creyendo que el dinero es la solución de los problemas que acarreará. Por ejemplo, no se quiere ver que a la par de la expansión aguacatera y del cultivo de frutillas está incubándose la ingobernabilidad en el campo.
Seguimos una ruta destructiva que ya está arrojando costos. Son costos que más temprano que tarde deberá asumir el Estado mexicano que tendrá que tomar recursos del erario para atenderlos. Es decir, los ciudadanos terminaremos sufriendo las consecuencias del desequilibrio ambiental ocasionado y pagando de nuestros impuestos las acciones correctivas.
Hasta ahora los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad solo se encuentran impresos en los textos de nuestras leyes. El gobierno mexicano ha optado por ponerse de rodillas frente al empuje avasallador de la economía ecocida y se ha olvidado de diseñar políticas públicas que transformen las actividades productivas para hacerlas sustentables.
Caminamos ya sobre un callejón sin salida que se estrecha cada vez más. Desde hace muchas décadas hemos seguido esta ruta, sin embargo, no alcanzábamos a mirar los límites porque todavía quedaba cierta abundancia en la naturaleza. Hoy los límites se alcanzan a mirar a nuestros costado y la estrechez es ya sofocante, ya queda muy poco y los equilibrios naturales se vienen rompiendo con singular rapidez.
En materia de política ambiental un trienio o un sexenio perdidos comprometen en definitiva el futuro de nuestra civilización y disminuyen las capacidades regenerativas de la naturaleza.
La agenda ambiental debe ocupar el mismo nivel de importancia, e incluso más, que las agendas para la salud, la alimentación, la educación, la economía y la paz social. Sin una agenda ambiental vigorosa y exitosa no hay economía, tampoco salud, educación y paz social.
Los conflictos sociales por el acceso al agua y la defensa territorial de bosques, no son eventuales, han llegado para quedarse y seremos testigos de su agudización que ocasionará ingobernabilidad recurrente. Será tarde cuando nos demos cuenta que la solución a esos problemas estaba en el pasado, en preservar bosques y aguas, o sea, una solución ya inexistente.
Desafortunadamente no hay indicios claros y firmes para el optimismo. Nuestros gobernantes siguen creyendo en el viejo paradigma que destaca el productivismo frente a la naturaleza. Sus ideas de política pública están dominadas por esa inercia. Que alguno crea que la agenda verde en Michoacán la va a trabajar con los aguacateros es un contrasentido. Es la reiterada claudicación frente a los poderes fácticos que se asumen como dueños de la naturaleza.
La voluntad y claridad política de los gobiernos del mundo, incluido por supuesto el nuestro, avanzan a paso lento e incluso contradictorio frente a la rapidez de la acción predadora sobre el medio ambiente. Ya se ha perdido tiempo valioso con consecuencias catastróficas para el planeta.
La sociedad contemporánea avanza contra reloj en la preservación de los ecosistemas y la subsistencia de la civilización. La humanidad parece condenada, por voluntad e inconsciencia propia, a reflexionar al borde del abismo sobre los valores que le han llevado al cambio climático y la vía que debe seguir para construir un mejor futuro, desde luego en armonía con el planeta y la vida natural.