OPINIÓN. ACUSAN A INSTITUCIONES DE INDOLENCIA Y OMISIÓN ANTE LAS NUEVAS HEURTAS DE AGUACATE ILEGALES. Por Julio Santoyo Guerrero

¿Qué debe ocurrir cuándo las instituciones no cumplen con el deber que las leyes le mandatan? ¿No es acaso la omisión una conducta sancionable que de inmediato debiera motivar, por lo menos, un extrañamiento de los ejecutivos? La omisión siempre es el óxido que carcome y hace inviables a las instituciones.

Michoacán no debiera tener la crisis ambiental por todos reconocida. Cuestiones como el cambio de uso de suelo, que está aniquilando los bosques no debiera ir a galope, ni el acaparamiento ilegal de aguas estuviera exprimiendo las aguas superficiales y profundas del territorio estatal, tampoco el uso generalizado de glifosatos y neonicotinoides que afectan la salud y arrasa con polinizadores, fueran una práctica ordinaria.

Y no lo fueran porque para ello existen al menos las siguientes instituciones federales operando en el estado: Semarnat, Profepa, Conagua, Conafor, y otras tantas estatales: Semaccdet, Proam, Ceac, Cofom y la Fiscalía Ambiental. Es una constelación muy amplia de instituciones, todas ellas con un marco normativo preciso, relacionado con el cuidado del medio ambiente.

Tantas instituciones y sin embargo hasta ahora no han podido meter orden y contener el caos que prospera en el campo y varias zonas urbanas en la entidad. Algo consustancial a las instituciones ambientales no está funcionando bien, eso es obvio.

Frente a sus ojos pasan tantas irregularidades ambientales, que por tanto ocurrir los infractores ya no necesitan esconderse. Muchos creen a pie juntillas que ese es el orden aceptado y hasta reclaman el derecho para seguirlo haciendo. Han entendido la pedagogía de esta realidad tolerada: el ecocidio tiene permiso y se justifica con la productividad y con una visión pragmática que conjuga todos sus verbos operativos en presente ocultando y olvidando la visión del futuro.

Han llegado las instituciones ambientales a un estado lamentable, se han convertido en testigos de piedra del ecocidio en curso. Han convertido sus procesos institucionales en vías para normalizar el caos.

Se ha llegado a este punto por una razón bastante clara, la cuestión ambiental no es hasta ahora un asunto que se privilegie en las políticas ambientales del gobierno de la república. Al no ser así la omisión fluye como una cascada perniciosa que desactiva los instrumentos del aparato burocrático para petrificarse frente a la dura realidad ambiental.

Si tan solo se mostrara en el discurso oficial  la voluntad de catalogar la cuestión ambiental como un asunto de «seguridad nacional» otra ruta seguirían las instituciones; si tan solo se fijaran metas precisas para contener y sancionar otro gallo nos cantara; si tan sólo se destinaran mayores recursos para esta tarea en concordancia con la alerta de «seguridad nacional», otro futuro estaríamos construyendo.

Hasta ahora, esta constelación de instituciones han venido operando sin coordinación para atender la agenda ambiental michoacana. Son tantas que si se fijaran al menos un propósito común modificarían el comportamiento de los indicadores fatales del ecocidio estatal.

Por ejemplo, podrían asumir el propósito de frenar de una vez por todas el fatídico cambio de uso de suelo. Este es un problema que concentra una gama de ilegalidades que deben ser atendidas por tales instituciones. Implica la tala ilegal (Semarnat, Profepa, Conafor, Cofom, Fiscalía Ambiental, Proam); implica el acaparamiento de aguas (Conagua, Ceac); involucra el propio cambio de uso de suelo (Profepa, Proam, Semarnat, Fiscalía Ambiental); y supone incendios forestales (Conafor, Cofom, Fiscalía Ambiental).

Evidencia de esta petrificación es la casi nula atención a los acuerdos alcanzados en la mesa de conflictos ambientales realizada en Villa Madero el 14 de junio y el 1 de julio para atender precisamente las denuncias de cambio de uso de suelo.

Agentes de la Profepa han recibido denuncias verbales de decenas de pobladores sobre el mayor cambio de uso de suelo (82 hectáreas, se ilustra con la imagen) que se está realizando en este municipio y han sido omisos. En cuatro ocasiones han cruzado este predio y han optado por la omisión ¿o se trata de otra cosa?

El nuevo gobierno michoacano tiene la oportunidad de despetrificar las instituciones ambientales, enterrar la omisión y dotarlas de una política que genere resultados. La coordinación con las instituciones federales debería ser eficiente y de terciopelo, toda vez que tanto el gobierno central como el estatal proceden del mismo signo. Debiera ser pues el fin de las instituciones con síndrome de testigos de piedra, he ahí el reto sobre el cual deberán rendir cuentas.

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