POR EDGAR RESILLAS
El Congreso del Estado aprobó una reforma a la ley que obligará a las instituciones del sector público que al menos el tres por ciento de su personal sea con capacidades diferentes, logrando con ello una acción de inclusión social a este sector vulnerable.
El diputado Arturo Hernández Vázquez quien fue el responsable de la iniciativa, explicó que va encaminada a crear una nueva realidad en Michoacán donde las personas con capacidades diferentes puedan tener la posibilidad de insertarse en el ámbito laboral.
Informó que en los Tres Poderes del Estado, Ayuntamientos, organismos autónomos y descentralizados y todas aquellas dependencias que reciban dinero público estarán obligadas a la contratación de personal con alguna discapacidad.
«Todas aquellas instituciones que reciban dinero del Estado, tendrá que de cada 100 empleados, tres de ellos deberán ser personas con alguna incapacidad, con todos los beneficios laborales, igual que el resto de la nómina», indicó.
De acuerdo con estadísticas del INEGI, en Michoacán existen 250 mil personas con alguna discapacidad física y que se encuentra sin empleo, lo que constituye un problema social y que requiere de la aplicación de nuevas políticas públicas.
Añadió que mientras él permanezca como legislador estará al pendiente de que se cumpla con esta nueva norma, como también lo tendrá que hacer el Consejo Michoacano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.