«Don Julio, secuestraron a mi esposo Guillermo hoy», fue el mensaje que recibí a las 12:05 del lunes 6 de diciembre. Releí más de tres veces el texto para confirmar que lo que estaba escrito era lo que entendía.
Este tipo de noticias son las que quisiéramos que nunca sucedieran. Para mala fortuna son tan frecuentes que cientos de miles de hogares en México las han vivido y seguirán sufriendo en estos oscuros tiempos de impotencia.
Apenas el 26 de noviembre en la Tercera Mesa de Trabajo Ambiental, ante autoridades federales, estatales y municipales, y cientos de representantes de las comunidades de Madero, Guillermo Saucedo denunció que estaba recibiendo amenazas.
El martes 30 de noviembre, una semana antes del secuestro, en cumplimiento de los acuerdos del 26, coordinados con autoridades ambientales se puntualizó la intervención en predios denunciados para hacer valer las leyes correspondientes.
No era la primera vez que ocurría. En el mes de mayo y junio pasados, en los días en que, junto con decenas de pobladores del Terrenate, el Zangarro, Moreno, San Pedro y Villa Madero, realizamos recorridos por predios talados, con cambio de uso de suelo o premeditadamente calcinados, llegaron amenazas intimidatorias. Sin embargo, cometimos un error, no denunciamos ni socializamos. Fuimos ingenuos, no creímos que las fueran a materializar.
No lo creímos porque supusimos que tales amenazas podían provenir del estado animoso y ocasional de quienes se han llenado los bolsillos haciendo cambio de uso de suelo e instalando sistemas productivos de aguacate. También candorosamente supusimos que asistirían a las mesas de trabajo para dialogar sobre el problema y dentro del marco de la ley estableceríamos soluciones, como sí lo hicieron algunos huerteros pequeños.
No es un secreto para nadie que el crecimiento galopante de los cultivos aguacateros ilegales y de frutillas, cruza su camino con el de la delincuencia organizada en un punto preciso: la generación de riqueza que tanto va a las manos de aguacateros como también a las de la delincuencia a través de vías diversas.
Tampoco se puede ocultar, como la prensa ya lo ha documentado desde los tiempos del terror «templario», que una buena cantidad de huertas ilegales ―y también legales― son administradas por gerentes de la delincuencia, y que en muchos desarrollos de aguacateras inmobiliarias está presente el hampa o sirven de lavaderos.
Es en este contexto que ocurre el secuestro de Guillermo que concluyó con su liberación 10 horas después. Un evento extraño en el que los secuestradores trataron de subrayar que a ellos «les valía madre el medio ambiente o que la gente tumbara pinos» en cambio lo acusaban de haberle «puesto el dedo» a un delincuente recién capturado con armas largas en la sierra de Madero, asunto que le es completamente ajeno.
El secuestro de Guillermo ha hecho notar la completa vulnerabilidad de los activistas que luchan por el derecho humano a un medio ambiente sano. La violencia contra el ambientalismo tiene un origen sistémico, es decir, se incuba en los entretelones del poder económico que comparten muchos aguacateros, políticos y personajes de la delincuencia.
La urgencia de una política ambiental seria y con efectos prácticos inmediatos, que tenga como propósito el ataque frontal a la impunidad, que se asuma sustentable en la búsqueda de alternativas productivas, y de una política eficaz de protección de los ambientalistas, es una tarea que tiene el deber de cumplir el gobierno de Michoacán.
Si en Madero hay predios con cambio de uso de suelo en curso y huertas aguacateras recién plantadas, vigiladas día y noche por personas con armas de alto poder, no se puede concluir que lo estén haciendo con apego a la constitución. Por cierto, ¿Estos son los cultivos que Apeam respalda como el motor del desarrollo agropecuario de Michoacán, cuidadosos de los bosques y el aprovechamiento sustentable del agua? Se reconoce que más de la mitad de estos cultivos están en la ilegalidad.
Dos son los factores constitutivos de la inseguridad que viven los activistas ambientales: la impunidad y la corrupción que carcome a las instituciones. Impunidad que hace creer a los aguacateros ilegales que la ley es para servirlos y que en su territorio el Estado son ellos; corrupción que se ha constituido en camino pavimentado para que los ecocidas arrasen con la naturaleza presentándose como protagonistas del desarrollo y del progreso.
El mensaje de fondo que envían los hechores es un mensaje preciso de poder absoluto sobre las personas, la economía y el territorio, como lo están haciendo en tantos lugares del país. Es una realidad que no solo se ha repetido en la historia reciente, sino que viene en crecimiento.
Es un hecho reconocido que en el sector aguacatero se vive un clima de inseguridad que transita en distintas direcciones. Pero esta realidad parece ser atendida desde una perspectiva surrealista, por ejemplo, se decide escoltar caravanas de tráileres aguacateros para evitar el robo, pero se cruzan de brazos frente a la inseguridad que sufren las personas. Otra cosa fuera si con esa misma voluntad operaran protocolos de protección sobre los activistas ambientales, digamos, nada más para balancear el criterio de prioridad, no vaya a ser que en los hechos tengan más protección los aguacates que la vida humana.
Por fortuna Guillermo retornó con vida a su casa y al lado de su familia, en gran parte gracias a la enorme difusión que tuvo el acontecimiento y las generalizadas muestras de solidaridad. Sin embargo, el mensaje es claro y reiterado, hay poderes fácticos que han trascendido a las leyes y al Estado. La lección, son poderes fácticos que solo se pueden acotar con la organización y la participación consciente de la ciudadanía. La mala noticia: terrible enterarse que hay instituciones como la Guardia Nacional (Madero) que tienen órdenes explicitas de no intervenir frente a los grupos delincuenciales.