La Comisión Estatal de Derechos Humanos acabó por demostrar ayer que su función prioritaria es la de servir de comparsa y de cómplice de los abusos cometidos por los gobiernos federal y estatal en Michoacán durante los últimos años, en la gestión de José María Cázares.
No tiene sentido que existan un obudsman y una comisión que solape abiertamente el actuar de las autoridades y se preste a ser certificador de sus abusos e ineficiencias. Lo decimos con conocimiento de causa.
En los últimos años el gobierno federal violó de manera flagrante la soberanía de Michoacán al enviar al virrey Alfredo Castillo Cervantes con plenos poderes para decidir los destinos de la entidad en todos los sentidos.
En los momentos más álgidos, cuando la Tierra Caliente era un polvorín y zona de enfrentamientos, así como el desplazamiento de ciudadanos inocentes de muchas comunidades, el presidente de la CEDH estaba escondido en su despacho de Morelia.
Algunos consejeros le pidieron que se debía auxiliar a la población que había quedado entre los dos fuegos en la guerra, pero ni siquiera se inmutó; el miedo lo tenía paralizado.
Pasaron situaciones gravísimas en materia de violación de derechos humanos como asesinatos, tortura, secuestro y cateos ilegales de la policía ministerial, municipal, federal y de seguridad pública y la Comisión jamás intervino.
José María Cázares se sumó al ejército de funcionario dóciles que se sometieron ante las órdenes de Alfredo Castillo y el grupo de secuaces procedentes del Df y del Estado de México.
Michoacán fue tierra de nadie y la Comisión de Derechos Humanos lo permitió. Porque no tienen interés de defender las garantías ciudadanas; porque no son independientes ni cuestionan los abusos del poder oficial.
Su escudo absurdo y estúpido: “Es competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ella debe intervenir en los casos del crimen organizado”, como si la violación a los derechos humanos consagrados en el primer artículo constitucional, supiera de competencias.
La CEDH nunca actuó como contrapeso y freno a las arbitrariedades oficiales; ahora se le identifica más como comparsa de gobierno que como representante y defensora de una sociedad michoacana violentada.
Si los Ayuntamientos michoacanos fueron cómplices del crimen organizado, la CEDH fue omisa y ciega de toda la ola de violencia desatada por la guerra entre delincuentes y gobierno.
Hoy, la militarización de Michoacán y el uso excesivo de la fuerza policiaca son el colofón de esta complicidad.
En el caso de algunos sectores como los periodistas, la inmensa mayoría de las quejas gozaron de impunidad, con la complacencia de la CEDH. Ese es su legado señor Cázares. Vergüenza había de darle, pues traicionó el juramento que hizo ante el Congreso del Estado de defender a la sociedad michoacana.
Hubo infinidad de quejas y recomendaciones «negociadas» por el pillo Lorenzo Corro, a quien el Ombudsman sostuvo en su cargo a pesar de las multiples quejas en su contra, y todavía ese sinvergüenza pretende ser el próximo presidente de la CEDH.
Los consejeros anteriores fueron también cómplices, cuando un pequeño grupo de activistas fuimos a Tierra Caliente a entrevistar quejosos por la matanza cometida por miembros del ejercito, ninguno de los consejeros tuvo el valor de acompañarnos, en esa ocasión hubo dos psicólogas y dos doctores que prefirieron renuncias que ir a tierra caliente. El problema de fondo esta en la calidad de Diputados que tenemos, en este caso la anterior diputada presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos era una inepta que solo negociaba sus intereses personales, esa comisión ha sida un desastre para el PAN. Hay tanto que señalar de todos esos actores que faltaría tinta para ello.