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Como lo establece su propio reglamento interno, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obra Pública y Servicios, aprobado por el Consejo del Poder Judicial de Michoacán, por lo que quedó formalmente instalado.
La creación del mismo obedece al compromiso del Consejo para seguir fortaleciendo la transparencia institucional, así como administrar los recursos públicos que le son asignados con mayor eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez.
En esta primera sesión, se trataron 31 asuntos relacionados con compras y adquisiciones. Los integrantes del Comité aprobaron emitir una constancia a los proveedores que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento para formar parte del Padrón; en caso de equipo tecnológico y accesorios para diversos órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, acordaron preparar las bases para emitir una licitación; además, autorizaron el dotar de todo el material que se requiera al Juzgado Primero Familiar de Zitácuaro, que iniciará funciones en próximas fechas.
El Comité fue presidido por el magistrado Marco Antonio Flores Negrete; y con la participación de los consejeros Jaime Del Río Salcedo y Armando Pérez Gálvez (vocales); el secretario de administración Francisco Aquiles Gaitán Aguilar (secretario técnico); el contralor interno Elías González Ruelas; y el jefe de adquisiciones Sergio Tapia Contreras.
Con las decisiones tomadas este día en cuanto a adquisiciones, se asegura que éstas se realicen con apego a la normatividad aplicable y en las mejores condiciones disponibles de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Además, una vez conformado el Padrón de Proveedores del Poder Judicial de Michoacán, se recibieron diversas cotizaciones y propuestas económicas para las necesidades que fueron puestas a consideración de los integrantes del Comité. Con ello se aseguró la participación de un mayor número de personas físicas y/o morales.
Es importante recordar que entre las atribuciones de este organismo destacan el aprobar las políticas y criterios para realizar las operaciones al adquirir o arrendar bienes, contratar obra pública o servicios; instruir sobre la realización de procedimientos de licitación pública; proponer lineamientos para asegurar las mejores condiciones en los diferentes rubros e instrumentar medidas para comparar los precios ofrecidos por los proveedores frente a los de mercado, a fin de lograr descuentos o beneficios adicionales.