Por: Carlos Alberto Monge Montaño.
“Cuando asumimos la ilegalidad como la primera opción ante las responsabilidades cotidianas -individuales o colectivas-, socavamos las bases de la democracia”. Francisco Domínguez Brito (1965 –). Abogado y político dominicano.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió de manera parcial el “Acuerdo” del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que pretende que todas las obras que ejecuta su gobierno se lleven a cabo como él quiere y con total opacidad.
El pasado 22 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el también conocido como “Decretazo” con el que López Obrador:
- Declara de “interés público y seguridad nacional” todos los proyectos y obras que ejecuta, y se consideren “prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional.”
- Pretende que las dependencias de la administración pública federal otorguen la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos y obras”, misma que debe ser “emitida en máximo 5 días hábiles” y si no hay respuesta, “se considerará resuelta en sentido positivo”.
- “La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses”, periodo en el cual “se deberá obtener conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.”
Así la propuesta del político que se presume diferente a los demás. Pretende mandar al diablo las instituciones, leyes y procedimientos vigentes, así como procurar total opacidad. Alerta, dejarle la opción de que cumpla los requisitos en 365 días, le permite causar daños que podrían resultar irremediables.
Lamentablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se quedó corta. Parece que trató de encontrar un punto de equilibrio para no confrontarse plenamente con el inquilino de Palacio Nacional. Debió generar una suspensión total del “Decretazo”, ante las afectaciones que podrían padecer los ciudadanos.
Sin embargo, vale la pena celebrar que la Suprema Corte haya otorgado la suspensión parcial, tras la controversia constitucional que presentó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), donde advirtió que el interés Público y la seguridad nacional son argumentos que transgreden principios constitucionales, porque realiza una reserva anticipada de la información relativa a esas obras y proyectos.
El INAI fue la única institución de nuestro país que se atrevió a contener los impulsos autócratas de López Obrador. Así que seguramente tendrá que prepararse ante una nueva embestida presidencial, especialmente porque para el Ejecutivo Federal es un instituto caro e inútil para contener la corrupción.
Por lo pronto, sigue obligado el gobierno de López Obrador a transparentar la información, con la consecuencia de que se seguirán demostrando presuntas irregularidades, como la contratación de servicios e insumos a empresas fantasma y otras que ni siquiera figuraban, como evidenció investigación de Latinus en la edificación del aeropuerto de Santa Lucía.
Y es que la administración de la llamada 4T, ha salido idéntica a los que tanto critica, resulta que ha entregado por adjudicación directa más del 80 por ciento de los contratos.
Así que más allá de lo que diga en sus mañaneras y del atole con el dedo que reparte diario, está claro que el presidente de México perseguía el interés de mantener todo en secreto, a la par de que sigue intentando mandar al diablo las instituciones.
Ahora sólo resta esperar el fallo final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el “Decretazo”, mismo que podría tardar meses, considerando que a partir del 16 de diciembre se van de vacaciones.
Así que estimado lector, alerta. Si usted tiene una casa, rancho, parcelas o plantíos de árboles frutales, entre otras cosas, el gobierno de López Obrador podría expropiarlas por el precio que les apetezca y sin mediar trámite ante alguna institución. ¿Qué le parece? ¿Se siente seguro?
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias.