Una de las razones principales en las que se basa el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y los 242 diputados de Morena, PES y Verde para la extinción de 109 fideicomisos es la falta de transparencia aplicada en el manejo de 68 mil 478 millones de pesos que a estos organismos se destinan para realizar actividades agrícolas, sanitarias, científicas, deportivas y culturales de las más diversas. Otros argumentos versan sobre los costos del manejo bancario-administrativo, la duplicidad de funciones, el exceso de burocracia y la necesidad de que, efectivamente, el recurso llegue al beneficiario (damnificado por un huracán, enfermo, artista, investigador).
Antes de desarrollar este choro mareador, reitero lo que hemos dicho antes: la extinción del fideicomiso no afecta los recursos con que se cubren salarios, el servicio de electricidad, artículos de limpieza, fotocopias, etc. pero si impacta ediciones, algunos proyectos y becas para alumnos.
El texto se compone de cuatro partes: a) Escuchar a Fundar; b) Fideicomiso: una figura mercantil plástica; c) Fideicomiso de El Colegio de Michoacán; d) Sanitizar, no satanizar.
Escuchar a Fundar
Fundar es una organización civil, independiente, dedicada al análisis e investigación en campos como la administración pública y los derechos humanos. Desde hace algunos años “…ha documentado que los fideicomisos son instrumentos jurídicos que han permitido la discrecionalidad en el uso de los recursos ante la insuficiencia de mecanismos de transparencia, control, fiscalización y rendición de cuentas” (Fundar, 2-10-2020).
Los cincos rasgos negativos de los fideicomisos que destaca son: 1) escasa información disponible; 2) confidencialidad que prevalece en 33% de los fideicomisos; 3) carencia de estructura administrativa en la mayoría; 4) una gran cantidad de recursos públicos se ejerce a través de esos esquemas; y, 5) incumplimiento de las observaciones y recomendaciones de la Auditoria Superior de la Federación (Fundar, 2020).
Conviene echar una mirada al estudio minucioso de Fundar que lleva un sugerente título: Fideicomisos: El arte de desaparecer el dinero Público (fundar.org.mx). En la introducción dice: “… los gobiernos estatales y federal han llevado a cabo una política sistemática de simulación del cumplimiento de las nuevas leyes sin comprometerse realmente a cumplir los objetivos que las propiciaron …
… Esta política de simulación adquiere distintos rostros y grados de sofisticación según la materia de que se trate. En lo que se refiere a la administración de los recursos públicos, ésta se encuentra plagada de esquemas técnicos y jurídicos que hacen de su seguimiento y control un ejercicio complicado para el grueso de la población e incluso para la sociedad civil organizada y los estudiosos de la materia …
… Este es el caso de los fideicomisos públicos que, al ser una figura perteneciente al ámbito privado que pasó a formar parte de la administración pública se ha ido configurando a partir de mecanismos complejos que los gobiernos en turno han aprovechado para mantener espacios de opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos, sin ninguna consecuencia (Fundar, 2018:9).
No obstante sus críticas, Fundar nunca ha propuesto la extinción de los fideicomisos “a raja tabla” (Jardón, Fundar, 2-10-2020) Nadie, asumiendo suficiente dosis de responsabilidad haría equivalentes, por sí, fideicomisos y corrupción.
Y en eso coincidimos (no todos, sí muchos): diagnóstico, medidas correctivas y, si hubiere necesidad, aplicación de responsabilidades.
Fideicomiso: una figura mercantil plástica
Este convenio es una herencia conceptual del derecho romano que en sus inicios aludía a la disposición de última voluntad mediante la cual el disponente encomendaba (commitere) a la buena fe y lealtad (fidei) de una persona de confianza, para que llevara a cabo un encargo a favor de un tercero. Los componentes de la palabra fides, fe y committere, encomendar, reflejan la idea.
Hace muchos años, cuando la figura del “compadre”, era de elevada honorabilidad no resultaba difícil atender su “última voluntad” cuando nos encargaba cuidar de su “Chonita”, ahora la fidei está desgastada es preferible pactar por escrito e instituir un organismo que audite todas las operaciones a detalle.
Ahora, conceptos, modalidades y límites están plasmados en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (DOF, 20-08-2008. Seguro que hay versiones más recientes).
El “fideicomiso” no es un engendro del chamuco ni es necesario exorcizar a sus participantes. Es un formato flexible que permite acopiar dinero y/o otros bienes para aplicarlos a alguna finalidad que interesa a las partes. Es una operación mercantil mediante la cual una persona -física o moral- llamada fideicomitente, destina ciertos bienes a la realización de un fin lícito determinado, encomendando ésta a una Institución de Crédito (Art. 381).
El objeto-materia- de un fideicomiso se forma con toda clase de bienes y derechos de propiedad del fideicomitente, salvo aquellos que, conforme a la Ley, sean estrictamente personales de su titular (art. 386).
Sus componentes son los siguientes: 1) Fideicomitente: persona (Secretaría de Hacienda, gobiernos) que constituye un fideicomiso para destinar ciertos bienes o derechos a la realización de un fin lícito y determinado y encarga dicha realización a una Institución de Crédito; 2) Fiduciario: persona encargada por el fideicomitente de realizar el fin del fideicomiso. El fiduciario se convierte en el titular del patrimonioconstituido por los bienes o derechos destinados a la realización de tal finalidad; y, 3) fideicomisario: persona que recibe el beneficio derivado de un fideicomiso.
Por su ductilidad, el fideicomiso es un esquema utilizado para acopiar y manejar recursos y se presta tanto para ejercer supervisión como para transferir responsabilidades y lograr lo que la gente antigua ironizaba: “como la Conasupo: nadie sabe, nadie supo”.
Fideicomiso de El Colegio de Michoacán
Con base en el informe financiero 2019 de esta figura llamada “Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico” del Colmich (clave de registro SHCP 20003891) el periodo enero-30 de noviembre de 2019, inició con $12, 170, 059.30, cantidad a la que se sumaron $786,326.56 de intereses brutos y restaron $184,305.41 por gastos fiduciarios o comisiones de manejo, éstos desagregados en dos rubros: $56,952.70 por honorarios de fiduciario y $127,352.71 por impuesto sobre la renta retenido por inversiones y comisiones por servicios bancarios). Así, la disponibilidad de recursos fue de $12,772,080.45.
Las operaciones enlistadas en el informe no permiten saber con certeza cuál es la fuente de esos ingresos denominados “aportación de recursos autogenerados” que totalizan $11,041,985.69 en el lapso 2000-2016. El periodo indicado inicia con $18,050 bajo el concepto de “apertura de fideicomiso 2000” cantidad a la que se agregarían $120,000 (en 2001), $156, 565 (en 2002), $1, 923,124 (en 2003), etc. con la última cifra de $1,420,534.59, en 2016. Estamos informados verbalmente que son aportes comprometidos para la edición de libros (libro del año que cubría el gobierno de Michoacán), financiamiento de proyectos y eventos de difusión. Otros ingresos son “rendimientos acumulados de recursos autogenerados” por $5,374,929.20.
Las deducciones llamadas “manejo de cuenta bancaria acumulado de recursos autogenerados” en 2000-2018 sumaban $1,555,591.80.
Entre las erogaciones sobresalientes y que me resultan más familiares destaco las siguientes: $2,246,000 invertidos en el Proyecto Complejidad Social en el Michoacán de Hoy (video grabación); $1,168,000 más 1,102,956.61para el proyecto “Michoacanistas”(libro); y $450,000 más 267, 625.00 para el proyecto internacionalización Colmich-Centroamérica (videograbaciones). Estas tres acciones superan los 5 millones de pesos ($5,234,581.61).
Con este choro quiero marcar tres puntos respecto del fideicomiso colmichiano: a) no es un recurso que la Secretaría de Hacienda asigne año tras año al Colegio; b) aunque no logro en este texto aclarar las fuentes “si se nota” que no es dinero aportado por Hacienda o, al menos, no sólo desde esa Secretaría; y, c) se aplica en tareas de investigación y difusión académica.
Sanitizar, no satanizar
Donde es posible -y necesario- hacer modificaciones al ejercicio es en la supervisión, información más “sonora”, más visible. Empezando por la discusión, comunicación y aprobación de los proyectos por los cuerpos académicos. No es que la autoridad impusiera la temática de un libro o los asuntos abordar en una videograbación, no.
Los profesores-investigadores decidieron con libertad qué y cómo escribir sobre problemáticas de Michoacán que los propios docentes precisaron (complejidad social, michoacanistas). De igual modo, para las grabaciones con un invitado de El Salvador, Guatemala o Nicaragua (internacionalización colmichiana hacia Centroamérica), los investigadores definieron los contenidos de común acuerdo con sus pares convocados.
¿Qué sí deberá cambiar suficientemente? En el futuro -suponiendo que el gobierno federal no cancelara el fondo sino el modo de operar- será saludable: a) que los integrantes externos del Comité Técnico y de Administración del Fondo no sean tan familiares al Colmich. La participación del LCP Julio Castellanos Ramírez, ex presidente municipal de Zamora y del Dr. Jaime Hernández Díaz, ex rector de la UMSNH y ex alumno del mismo colegio (estudió la maestría en historia y el doctorado), se presta a suspicacia.
En esa orientación -ser lo menos endogámicos posibles-, hallar un mecanismo tal que supere la designación de los integrantes del Comité por el mismo funcionario que maneja los dineros. Esta observación parte de la ignorancia y/o olvido de cómo y quién los nombra, pero -y sin afirmar que haya malos manejos- sanitizar (hacer más higiénica) la operación de los fondos demanda que los “vigilantes” tenga un alto grado de independencia respecto de las personas que aplican los fondos. No es suficiente con que los miembros del comité tecno-administrativo sean profesionalmente solventes, es recomendable que no haya asomos de conflictos de interés.
Esto vale para los Centros de Públicos de Investigación del Conacyt, entre ellos El Colegio de Michoacán. Como profesor investigador de la institución he sostenido que la institución usa los fondos para actividades de investigación, docencia y difusión. Si alguna persona o instancia moral tiene elementos para cuestionar los mecanismos y resultados colmichianos, debe aportar las pruebas. Eso será benéfico para la sociedad y para marca del charal.
A estas “alturas del partido”, es inútil recordar que la iniciativa de López Obrador no apuntaba inicialmente a extinguir todos los fideicomisos sino a aquellos sin estructura orgánica.
El texto oficial decía así: artículo 1). Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así como a los Tribunales Agrarios, para que a la entrada en vigor del presente Decreto y en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan como unidades responsables o mandantes (DOF, 2-04-2020).
¿Qué sigue? La cámara de diputados aprobó -no holgadamente- la extinción de los fideicomisos; falta la votación de los senadores. Parece que “todo mundo” coincide en que para curar un dedo no es necesario cortar toda la mano. Si estamos convencidos de las bondades del fideicomiso o de otro formato, no habría que ceder en sostener con claridad y firmeza nuestros argumentos. La investigación y docencia de alta calidad cuesta y los profesores-investigadores no estamos exentos de rendir cuentas.
Zamora, Michoacán, octubre 9 de 2020