“El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes”. Marco Tulio Cicerón. (106 AC – 43 AC). Escritor, orador y político romano.
Fortalecer las instituciones es una meta del Gobierno Federal para restablecer la seguridad y el desarrollo en Michoacán.
En el discurso suena muy bien, endulza oídos y hasta genera esperanza; el pero es que hacerlo realidad es extraordinariamente complejo, especialmente cuando las personas que tienen el poder insisten en aplicar la ley a conveniencia, o incluso no aplicarla por incapacidad, temor o porque su propia cola es muy larga.
Los ejemplos para demostrarlo abundan y prácticamente cualquier mortal podría hacer su propia y larga lista.
Para muestra retomemos el caso de los normalistas. Como se los anticipé desde mediados del 2014, los 986 egresados de las normales michoacanas tendrán su PLAZA AUTOMÁTICA, porque así lo han convenido autoridades estatales y federales en aras de la gobernabilidad.
En Michoacán no se aplicará la recién aprobada y cacareada Ley de Educación, que obliga, a cualquier profesor que pretenda obtener una plaza, a ganarla a través de un concurso de oposición.
Con semejante resolución dejarán claro que las marchas, bloqueos y movilizaciones, son más fuertes que las leyes y más eficaces que los gobiernos. Lamentablemente el círculo vicioso prevalece porque quienes están al frente de los gobiernos no han podido ser transparentes, tienen miedo a evidenciar las deficiencias y/o corruptelas de sus administraciones y de quienes las integran.
Sólo esta condición le ha dado argumentos a quejosos como los normalistas para seguir logrando lo que se proponen.
La reiterada corrupción que priva en el ámbito educativo prácticamente no ha disminuido porque en ella participan todos, gobiernos, líderes sindicales y una mayoría de trabajadores. Desde todos esos frentes surgen cotidianamente las acusaciones, se señalan mutuamente de ser los orquestadores, pero no hacen nada en concreto porque simplemente… todos pierden.
El problema es que el mensaje es lamentable. Otros estudiantes, otros ciudadanos con complicaciones, confirmarán una vez más, que papá gobierno todavía existe, que está débil por la aura de corrupción que los reviste, por su incapacidad de aplicar la ley o por su temor a gobernar desde una caja de cristal.
Para colmo y pese a semejante debilidad institucional, una vez más el Ejecutivo michoacano, Salvador Jara Guerrero, se volvió a equivocar. Su meta principal al asumir la gubernatura interina fue garantizar unas elecciones equitativas.
Y sin embargo, hace exactamente lo contrario. Insiste en provocar a sus opositores. Jara Guerrero, se supone, no debería tener ninguna presión, gusto o ánimo de convivir preferencialmente con ningún partido político.
Lo hizo antes y fue criticado y hasta denunciado ante las instancias electorales. Pero evidentemente no le importó. El pasado domingo recibió en Casa de Gobierno al precandidato de unidad del PRI, Ascención Orihuela Bárcenas acompañado de otros tricolores como el líder nacional, César Camacho.
¿Qué motiva a un gobernador interino surgido de la Universidad Michoacana a dar un trato preferente a un instituto político? ¿Si no puede tratar a todos por igual, incluso porque otros no quieran visitarlo, no sería mucho más sano abstenerse?
Lo que tengo claro es que acciones como las antes señaladas suman en demérito de las instituciones gubernamentales.
Ojalá que la clase política se percate cuando antes que han estirado la liga a niveles peligrosos, que urge no sólo un discurso que endulce los oídos, urgen la congruencia, la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación de la ley sin distingos.
En fin, ya veremos si quienes están y estarán en el poder público retoman el camino para fortalecer las devaluadas instituciones nacionales y locales o insisten en estirar la liga compuesta de ciudadanos defraudados, impotentes y hastiados.
Con la esperanza de que haya una próxima vez… me despido, gracias. cmongem@hotmail.com