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Información obtenida por Aristegui Noticias con fuentes federales revela que fueron congeladas las cuentas relacionadas con Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Sedesol y Sedatu, y de Emilio Zebadúa, quien fuera su oficial mayor en ambas dependencias y operador principal del presunto desvío de recursos millonarios a través de por lo menos 11 dependencias federales. Los hechos que se investigan ocurrieron durante la administración de Enrique Peña Nieto, principalmente desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Banobras.
Los elementos legales que fueron considerados para llevar a cabo el congelamiento de cuentas de Zebadúa y Robles, se relacionan con la acción, comisión y omisión en diferentes delitos cometidos presuntamente por ambos ex funcionarios. En el caso de Robles, se considera que incumplió con la calidad de garante de la ley que tenía como secretaria de Estado. En la investigación se presume, también, desvío de recursos públicos, generación de empresas fachada, contratación sin control adecuado, lavado de dinero y corrupción política.
La ASF documentó, por su parte, que el gobierno del ex mandatario Enrique Peña Nieto entregó a una red de cerca de 130 empresas, de las cuales por lo menos un centenar resultaron fantasmas, contratos por más de 7 mil 500 millones de pesos.
A finales de julio, en entrevista con Aristegui Noticias, la ex directora forense de la ASF, Muna Dora Buchahin, explicó que en el esquema para desviar recursos públicos a través de la llamada “Estafa Maestra” la indagatoria debe comenzar con funcionarios de bajo nivel que están dispuestos a revelar todos los mecanismos de esta trama ilícita que se diseñó con el fin de apropiarse de recursos públicos.