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Dirigentes de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos, AC (ANETAAC) y del Movimiento Nacional del Taxi (MNT), dieron a conocer que los prestadores del servicio de transporte de pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ganaron de forma definitiva el amparo en revisión 1132/2017, mediante el cual se obliga a las autoridades federales correspondientes a impedir el transporte de personas desde la estación aérea si no cuentan con el permiso o concesión federales, decisión que podrá replicarse en los estados de la República por los miembros de la ANETAAC.
Este hecho, sin embargo, provocó la reacción de las autoridades federales, las cuales mediante la Comisión Federal de Competencia Económica ahora presionan y combaten al gremio con acusaciones de monopolio en el transporte dentro del Aeropuerto Benito Juárez, por lo cual es “evidente el interés por introducir y legitimar a las Empresas de Redes de Transporte (ERT)” y el acoso del Estado Mexicano, a través de la COFECE, contra los transportistas permisionarios del servicio de transporte terrestre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que de ser necesario se defenderán en la Suprema Corte de Justicia (SCJN).
En la voz del vocero del Movimiento Nacional del Taxi, los transportistas que prestan el servicio en los aeropuertos del país destacaron cómo existen convergencias de algunos sectores interesados, recientemente ahora también en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el fin de regular la prestación del servicio de empresas como Uber, Cabify, Buggy Rides, Taxifi, Taxibeat, Easy Taxi, Yaxi y Ergomotos, entre otras.
Esta arremetida en su contra, revelaron, la encabeza el diputado panista y empresario del transporte en Monterrey, Alfredo Rodríguez Dávila, junto con algunos de sus compañeros de partido y de Movimiento Ciudadano, quienes quieren realizar reformas legislativas a modo en la Ley de Aeropuertos y de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.
“Nos oponemos rotundamente porque nosotros somos permisionarios y concesionados como lo mandata la ley y nuestra Carta Magna. Nos oponemos a la ilegalidad”.
De igual forma demandaron al gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello, revisar la situación jurídica y que se actúe conforme a derecho en el caso de los dirigentes Bersaín Miranda Borraz y Franklin Herrera Soriano, hechos presos desde enero pasado por luchar por la legítima defensa del gremio y el respeto al Estado de derecho en aquella entidad que también lucha contra las ERT.
Destacaron que estas ERT a las cuales “hoy han estado empoderando frente a los verdaderos trabajadores del servicio público de pasajeros, que somos nosotros, carecen de la seguridad que siempre han esgrimido sus protectores y aquellos quienes tienen intereses muy personales y claros para intentar legalizar lo ilegal”.
Insistieron en “el caso de la joven universitaria Mara Castillo, quien presuntamente fue privada de su libertad, violada y asesinada por el conductor de una unidad de Cabify en la ciudad de Puebla, donde el Estado es cómplice de este hecho por permitir que presten servicio sin estar debidamente regulados”, así como otros hechos que ocurren cotidianamente.