San Agustín: razón y derecho (primera parte)
Hace ya algún tiempo (no mucho para los políticos, demasiado para la gente), colonos del fraccionamiento Valle de San Agustín, Jacona, se dirigieron a Adriana Campos Huirache, presidenta municipal de La Villa de las Flores, solicitando su intervención para el retiro de los plásticos, contenedores de residuos químicos, estructuras metálicas y otros materiales que la empresa Agro Superior S.A. de C.V. acumula en un predio localizado en Rubén C. Navarro, sin número, esquina con Ignacio Ramírez de ese agustino asentamiento urbano.
Como suele suceder en estos casos, los ciudadanos están obligados -necesitados- a confiar en que las autoridades leerán y responderán a sus solicitudes. En esa esperanza, los colonos agustinos precisaban algunos de los problemas derivados del cúmulo de plásticos y contenedores: a) reproducción y proliferación de mosquitos por encharcamiento de agua así como presencia de cucarachas y roedores; b) exposición a plaguicidas y fertilizantes; c) riesgos por incendios a causa de la acumulación plástica y de contenedores agroquímicos; d) filtración de residuos plásticos y químicos a los mantos freáticos; así como, e) exposición aérea a residuos plásticos, un factor de riesgo del cáncer pulmonar.
La comedida carta de los colonos fue recibida en las oficinas de la alcaldía y de los regidores hace unos 711 días, el 17 de septiembre de 2018.
Días después, el 20 de septiembre de 2018, Protección Civil de Jacona realizó una inspección en el sitio para verificar y exponer en su dictamen: el material reciclado (plástico) a un costado de la empacadora rebasa la altura del alambrado y provoca plagas sin contar con las medidas necesarias de seguridad. El mismo documento recomienda puntualmente: reubicar y/o trasladar la recicladora o el plástico a un lugar apto para almacenarlo donde no se dañe a terceros (vecinos) y revisar que el lugar asignado o autorizado cuente con las medidas necesarias de seguridad (PC Jacona, oficio 005, 21-09-2018).
Dicho dictamen fue recibido por el gobierno municipal hace 708 días, el 21 de septiembre de ese año.
A dos días del clímax Guadalupano, el 10 de diciembre de 2018, dirigieron una denuncia a Juan Carlos Vega Solórzano, procurador del medio ambiente del estado de Michoacán (PROAM), en donde reiteraban: “… en el punto que conforman las coordenadas UTM Zona 13Q 783,034 metros este y 2´209,413 en el municipio de Jacona, se lleva a cabo la disposición de residuos de manejo especial, consistentes en plásticos, acolchados y varillas que han sido utilizados para los macro túneles e invernaderos de la región, pero que tras haber perdido su vida útil son depositados en ese sitio sin recibir el manejo o tratamiento adecuado, lo cual ha generado fauna nociva en colonias aledañas y daños a salud”.
De la fecha en que fue entregada la denuncia, el 10 de diciembre de 2018 a este verano, han pasado cerca de 626 días.
Paciencia ilimitada y confianza en el Estado de Derecho
El Consejo del Fraccionamiento Valle de San Agustín y los socios que representan son personas formadas en la cívica formación que cristaliza el artículo 8 de la Constitución: “a toda petición ciudadana corresponde una respuesta de la autoridad”. En 2019 continuaron las gestiones respetuosas por las vías previstas en la normatividad y las buenas maneras, sin resultados satisfactorios para los quejosos.
El 28 de mayo de 2019 solicitaron de nuevo la acción de la Procuraduría de Protección del Medio Ambiente (PROAM). Copia de esa carta fue recibida en la oficina de regidores (28-05-2019), Protección Civil (28-05-2019), Diputada María Teresa Mora Covarrubias (s/f), PROAM (20-05-2019), Diputado Arturo Hernández Vázquez (casa de enlace, 4-06-2019), en la que reiteran el retiro de esos materiales y enlistan las “puertas que han tocado”, sin respuestas efectivas.
El 3 de junio de 2019, entregaron la petición de reubicar el cúmulo de plásticos a Ricardo Luna García, Secretario de Medio Ambiente y de Desarrollo Territorial del Gobierno de Michoacán. Los incendios que han ocurrido en Zamora y Jacona les motivan a insistir en el punto.
En términos similares, Manuel Cuadra García, Delegado Regional de Protección Civil, firmó de recibido otro oficio agustino el 10 de junio de 2019.
De los funcionarios implicados, Miguel Angel López Mejía, Regidor de la Juventud y Ecología, reaccionó el 19 de septiembre de 2018, comunicándose a las direcciones de planeación y desarrollo, protección civil y a la oficialía mayor a fin de conocer la condición formal del uso del predio y de la bodega. Del cruce de cartas, oficios y otros papeles, Planeación y Desarrollo, el 10 de octubre de 2018, solicitó al dueño de la empresa Agro Superior que mostrara el permiso de construcción; y en sentido similar, la Oficialía Mayor, en oficio 366, respondía que ese negocio no contaba con permiso municipal para funcionar como bodega.
Autoridades formales y poderes fácticos
Parece obvio que la actuación “normal” de muchas empresas -como Agro Superior- se basa en prácticas irregulares. Si el negocio agroindustrial no contaba con licencia de construcción, si carece de autorización para acumular tales volúmenes de materiales, si Protección Civil verificó la dimensión de la bodega y los plásticos, ¿por qué sigue funcionando así esa empresa de Héctor Mario Valdés Aguirre? ¿Generar empleos e impuestos le da derecho a montar esos tiraderos de plásticos?
Desde luego que no es ninguna sorpresa saber que quienes ejercen el poder real no son los políticos profesionales (alcaldes, regidores, secretarios, etc.). Uno de los papeles más importantes de los políticos es parecer que ellos gobiernan y servir como amortiguador o mediador entre la población y los dueños y/o administradores del capital. Los empresarios no “se ensucian las manos” usando la policía o los tribunales para controlar y someter a la gente. De eso se encargan los políticos convertidos en gobernantes.
Y, paralelamente, los empresarios “no se interesan en la política”; no, aunque desayunen con los alcaldes, gobernadores y demás, para tomar acuerdos.
Huella de Agro Superior en Santo Tomás (segunda parte)
La cara amable de agro Superior, S.P.R. de R.L. dibuja una importante inversión agrícola en zarzamora, arándano y fresa. Cuando inició operaciones en 2012-2013 pagaba menos, pero en 2018-2019 se comprometió a cubrir 10 mil pesos de renta anual por hectárea. Toda una oportunidad para campesinos temporaleros y una ganga para Héctor Valdés Aguirre, hijo de Héctor Valdés –“El Perro Valdés” como se conoció entre trabajadores jaconenses del campo.
La inversión en nivelar, compactar, trazar regaderas y drenes e instalar ductos para el riego es compensada por la calidad de tierras no saturadas de agroquímicos, sin alteraciones notables en las interrelaciones de organismos plaga; con alturas superiores a 1700 metros sobre el nivel del mar (msnm). En Zamora, Jacona, Tangancícuaro no hallaría tierra alguna con rentas debajo de 25 mil pesos y ningún propietario rentaría con tanta elasticidad.
Una aclaración importante: las cifras anotadas a continuación son estimaciones; lo más probable es que los beneficios para la empresa y los perjuicios para la comunidad de Santo Tomás sean mayores.
Antes del conflicto suscitado en noviembre 2018-marzo 2019 con los comuneros por incumplimiento de la empresa y que le obligara a salir de Santo Tomás, esa firma estaba cultivando 170 hectáreas en Santo Tomás, con una derrama de 1.7 millones de pesos anuales por concepto de renta. Además, si en plásticos y estructuras invertía otros 220 mil/ha, estaría aplicando 37.4 millones de pesos, suma atractiva que beneficia a los proveedores de insumos, no a La Cañada de los Once Pueblos.
Por cierto, no se requiere pensarle mucho en la trascendencia de tres condiciones clave de los contratos: larga temporalidad, renta fija y sin restricciones de operación.
Agro Superior firma contratos de arrendamiento por lapsos largos, 10 años (del 30 de mayo de 2015 al 30 de mayo de 2015 en Santo Tomás) pagando 10 (diez) mil pesos por hectárea añosin fijar restricciones que protejan el suelo y sólo anotan: “para cultivo de fresa, arándano, frambuesa, etc.” En el “etcétera” cabe cualquier cultivo. Una cláusula favorable a Agro Superior es que la renta se fijara en 10 mil sin considerar las variaciones en los precios de (casi) todo.
Los contratos son tan flexibles -para los empresarios- que no establecen límites acerca del uso de maquinaria (profundidad de barbecho y surcada), ni sobre la aplicación de herbicidas. El arrastre de tierra por acción del agua en épocas de lluvia es frecuente. Además, la compañía usa el agua limpia de La Cañada a título casi gratuito; traza regaderas, caminos, remueve cercas, bordos, etc. para compactar los predios sin ninguna consideración ambiental ni pago de servidumbres.
El contrato -de una sola hoja- contiene una cláusula que es toda una burla: “de tener interés, La Compañía Agrícola Superior, S.P.R de R.L. de seguir rentando se le dará preferencia en el arrendamiento”.
Las 170 hectáreas rentadas se distribuían en los siguientes predios: Potrero y Conero, 70 para fresa; Fresno y Curirio (40), Pakapititaru (20), San T’ umasu (15), K’uerechan (10) y Tzinzunio (15), todas para arándano.
La inversión en salarios sí impacta directamente a estos pueblos (y a las cerveceras). Los empleos que generaba a razón de 180 pesos por jornada tenían efectos inmediatos que aún sin estimarlos se notaban en la actividad del pequeño comercio (sobre todo de comida), la venta de cerveza e intensidad del transporte.
Vale no olvidar en Jacona y Zamora era (es) muy complicado pagar 180 por jornada. Mientras que en La Cañada la gente puede estar dispuesta a trabajar “uno poco más tiempo”, con menor salario y sin prestaciones sociales de ningún tipo.
La ocupación que propicia tienen efectos positivos en el ingreso familiar de una población pauperizada y dispuesta a recibir pagos aún menores por el uso de sus tierras y de su mano de obra. Sólo en 70 ha de fresa estaría generando 1250 jornales/ha lo que suma 87,500 jornales que a razón de $180 equivalen a $15,750,000. Una cifra nada despreciable convertible a 239.7 jornaleros ocupados los 365 días del año.
¿Quién contrata?
Un contrato cualquiera puede estar firmado por Andrés Guzmán Avalos en calidad de arrendatario y representante de la mencionada compañía. El señor Guzmán Avalos y la empresa aparecen a los ojos de los vecinos como domiciliados en calle Ignacio Ramírez número 150, C.P. 59800 entre las calles Tulipán y San Juan, Fraccionamiento San Agustín, Jacona, Michoacán.
Pero, ¿quién está detrás de la razón social? En la localidad de Santo Tomás identifican como “contador” a Tizoc Zapién Alvarez, pero cuando se suscitan conflictos y los comuneros presionan, Guzmán ni Tizoc toman decisiones sino el Lic. Héctor Manuel Valdés Aguirre. Pero, tratándose de otras gestiones legales aparece Roberto Longoria a nombre de Val-Mex Frozen Foods, LLC con domicilio en 1891 Red River Tril, San Antonio, Texas, en los Estados Unidos.
Es tal la elasticidad con que operan Roberto Longoria & Héctor Valdés & Tizoc Zapien que signan contratos de arrendamiento con individuos que no son dueños ni posesionarios y de ese modo no pagan renta por algunas hectáreas, lo que ha motivado juicios en contra de la compañía por explotar 2-83-63.87 hectáreas que indebidamente plantó de arándano desde el año 2014.
Actualmente en el Tribunal Unitario del Distrito 017, Morelia, sigue su curso el juicio agrario 931/2018 en controversia para que la mencionada empresa agrícola restituya las tierras al legítimo posesionario.
Es poco menos que imposible que esas empresas “generadoras de empleo” cumplan las mínimas normas laborales y ambientales porque La Cañada es a Michoacán lo que México es a Estados Unidos: es una especie de patio trasero en donde los negocios agroexportadores pueden tirar los plásticos a las cañadas y barrancas; dispersar los residuos y recipientes de plaguicidas en cualquier sitio; usar herbicidas extremadamente tóxicos (Paraquat) sin precaución alguna y no resarcir los daños.
En ese contexto, cualquier espacio urbano como Valle de San Agustín puede ser bueno para colocar bodegas de materiales flamables y/o químicos, potencialmente riesgosos para la población.
En ese ambiente socio-político, las autoridades son como un arbitro que “pita el juego” a favor del equipo contrario. Los regidores de Chilchota, el alcalde, los diputados locales no tienen tiempo de mirar hacia lo que sucede en los campos de Curirio. No será sencillo que las autoridades de Jacona escuchen y actúen del lado de los colonos.
Si los vecinos de Valle de San Agustín identifican riesgos al convivir con ese cúmulo de plásticos y contenedores químicos, existen familias tan pobres que ven en esos plásticos una opción para cubrir sus paupérrimas viviendas
Es tal la pobreza en La Cañada que hay comuneros dispuestos a rentar sus tierras por menos de 10 mil pesos y trabajadores urgidos de contratarse por menos de 180 diarios por jornal. Esta condición se combina con la ancestral contradicción en los pueblos de La Cañada, así si los comuneros presionan a Val-Mex Frozen Foods, LLC (alias, Agro Superior), otra comunidad regala sus tierras para que las exploten.
Zamora, Michoacán, 30 de agosto de 2020
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