DEFIENDE PERIODISTA SU DERECHO AL SECRETO PROFESIONAL; DENUNCIÓ CORRUPCIÓN EN JUECES DE PERÚ

El Fiscal Supremo de Control Interno del Ministerio Público, Víctor Rodríguez Monteza, se excusó el 15 de julio de continuar a cargo de la investigación de los audios publicados por IDL-Reporteros y el programa periodístico Panorama, según informó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter. Los audios comprometen a jueces del Consejo Nacional de la Magistratura en presuntos actos de corrupción.

Poco después de que Rodríguez Monteza ordenara judicialmente a los periodistas Gustavo Gorriti y Rosana Cueva que revelen sus fuentes y entreguen los audios materia de su investigación periodística, el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez solicitó a la Fiscalía Suprema dejar sin efecto su pedido, informó La República.

Original (14 de julio): El sitio peruano de periodismo de investigación IDL- Reporteros recibió, por tercera vez esta semana, el pedido de revelar sus fuentes periodísticas por parte de las autoridades judiciales y legislativas luego de publicar un reportaje que reveló presuntos actos de corrupción en el sistema de justicia peruano.

Gustavo Gorriti. (Centro Knight).

El pedido más reciente ocurrió el 12 de julio, cuando el fiscal Víctor Raúl Rodríguez Monteza, titular de la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, le dio un ultimátum de tres días a IDL-Reporteros para que revele sus fuentes y entregue el íntegro de los audios de interceptación telefónica que recibieron y fueron materia del reportaje periodístico “Corte y Corrupción”, publicado el 7 de julio.

De no revelar sus fuentes, señaló la notificación, los periodistas serían procesados por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, publicó El Comercio.

“No voy a entregar (la información que solicitan) ni en tres, ni en treinta ni en 300 días”, dijo el director de IDL-Reporteros, el periodista Gustavo Gorriti, en entrevista al Centro Knight. “Una de las misiones fundamentales de un fiscal supremo es custodiar los derechos humanos, entre los cuales está el derecho a la información”.

Rodrigo Villarán, abogado y director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana dijo al Centro Knightque la orden emitida por el fiscal Rodríguez Monteza constituye un  abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal peruano.

“Se trata de una orden ilegal que vulnera derechos fundamentales reconocidos por la Constitución peruana e instrumentos internacionales ratificados por el Estado peruano”, explicó Villarán. En el inciso 8 del artículo 2 de la Constitución señala que toda persona tiene derecho a guardar el secreto profesional, agregó.

Los audios materia de la investigación periodística de IDL-Reporteros revelarían una serie de irregularidades y presuntos actos de corrupción en conversaciones sostenidas entre congresistas, ministros y jueces supremos en funciones – como la del juez César Hinostroza, ahora con impedimento de salida del país -, a quien se le escucha negociando la sentencia de un caso de violación a una niña de 10 años.

“Nosotros estamos revelando la corrupción más profunda en los niveles más altos del sistema de justicia. Gente del sistema de justicia hace lo posible por contratacar utilizando supuestamente la ley para tratar de ver todo lo que tenemos sobre ellos”, declaró Gorriti a la vez que aseguró que continuará con la investigación y sus posteriores entregas.

El primer intento de incautar el material periodístico de la mencionada investigación tuvo lugar el martes 10 de julio. Un fiscal acompañado de cuatro policías llegó a las oficinas de IDL Reporteros para realizar una diligencia de exhibición e incautación del material periodístico, según informaciones del diario El Comercio.

La diligencia fue cancelada debido a la falta de una orden judicial que la respaldara. “Lo que nos pasó con el fiscal fue prácticamente una trampa. Él llegó sin ningún documento fiscal que lo ampare”, declaró Gorriti y aseveró que ese fue un claro intento de intimidación.

“Lo que ayer (10 de julio) ha ocurrido es un hecho abiertamente ilegal”, dijo Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) al ser entrevistado en el noticiero del canal estatal TVPerú.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó inmediatamente la irregular y prepotente incursión del fiscal Rodrigo Ruruch a las oficinas de IDL-Reporteros por “lesionar el derecho a informar libremente”. La organización señaló que el Ministerio Público no puede coaccionar a un medio a exhibir material informativo ni a revelar fuentes directas o indirectas.

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