Los delitos de tortura y maltrato son actos que no deben aceptarse bajo ninguna circunstancia en nuestro contexto social y jurídico, pues constituyen una amenaza a la integridad y a la dignidad humana, afirmó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Martín Godoy Castro, al dar por inaugurados los trabajos del foro “Aplicación de Estándares Internacionales y Nacionales en la Prevención de la Tortura y el Maltrato”.
Reunidos en el auditorio de la Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente, y ante diversas autoridades de la PGJE, el procurador de Justicia resaltó la importancia de que se lleven a cabo este tipo de encuentros que promueve el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los cuales ayudan a reforzar las acciones encaminadas a evitar que se lleven a cabo este tipo prácticas.
Con este foro señaló, la PGJE cumple y se pone a la vanguardia de las disposiciones que mandata la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Inhumanos y Degradantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio del 2017.
El funcionario explicó que, con base a las disposiciones de esta Ley General, se expidió el acuerdo para crear la Fiscalía Especial para la Investigación en Delitos de Tortura, adscrita a la Dirección de Asuntos Internos de la PGJE, misma que entró en funciones un día después de ser expedida la respectiva ley.
Asimismo, explicó a los presentes que, para atender las exigencias de esta Ley, en materia de capacitación se lleva a cabo la creación del Programa de Actualización Permanente, enfocado a reforzar temas de derechos humanos, atención a víctimas y técnicas de investigación en delitos de tortura, por lo que exhortó a las asistentes aprovechar al máximo dicha actividad.
Por su parte Carlos Garduño Salinas, director general adjunto del MNPT y encargado de impartir esta capacitación reconoció la disposición de la PGJE de abrirse a compartir este tipo de espacios que servirán para que los funcionarios adquieran herramientas que servirán para prevenir actos de tortura y detectar cuando se están cometiendo.
“La apuesta que se tiene en el ámbito de los derechos humanos sobre este flagelo mundial es generar acciones de políticas públicas para que ustedes tengan herramientas para que puedan llevar a cabo el uso legal de la fuerza y sepan donde se puede estar llevando violaciones de los derechos humanos” explicó a los asistentes.
En su oportunidad, el director general de Asuntos Internos de la PGJE, Mario Alberto García Herrera, exhortó a los asistentes a continuar desarrollándose profesionalmente en sus actos y conducirse siempre priorizando los valores como la honradez, la eficiencia y el respeto pleno de derechos humanos al realizar sus actividades.
García Herrera explicó que la tortura y el maltrato son actos que deben sancionarse ya que atentan contra los derechos humanos, por lo cual la ley general establece una penalidad de hasta 20 años de prisión y 500 a mil días de multa al servidor público que incurra en una de estas conductas previstas por este ordenamiento.
En el evento se contó con la presencia de fiscales especializados, directores y personal de las distintas áreas de la PGJE y estuvo dirigida a personal operativo, policías, peritos y Ministerios Públicos.