Por Ruth Salazar, Dulce García y Cyndi Pérez. Fotos: Isaí Morales*
Hace siete años, 23 niños deambulaban solos en medio de una plaza en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los menores dijeron a los policías que a sus padres los habían “levantado”, es decir, secuestrado por el crimen organizado. La noticia que se dio a conocer al día siguiente, también informaría que en la institución encargada de acoger a menores, el DIF de aquella entidad, tenía ya a casi mil menores en los últimos años.
Esta situación es igual que en el estado de Michoacán. Los dos ocupan las principales estadísticas en torno a homicidios y desaparecidos por el crimen organizado.
Para atender el caso de huérfanos, Selene Vázquez Alatorre, ex comisionada presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Michoacán, informa que se está haciendo un registro, pero que va lento debido al desplazamiento de los deudos.
El registro es un poco más lento, pero sí lo estamos haciendo. Aunque el mayor número de víctimas son varones, los agraviados indirectos que sobreviven a los varones son niños y esposas que quedan en la miseria y en el abandono, que a veces tienen que cambiar de ciudad o de lugar, por temor a ser ellos luego objetos de venganzas o cosas así”, dice la ex diputada local explica que el caso de Michoacán es especial, sobre todo después de que se detonó el movimiento de las autodefensas: “Hubo muchas familias desplazadas y eso dejaba en indefensión a las víctimas, tenemos un caso de un solo sobreviviente de una familia de 14 y esa mujer quedó supremamente afectada”, relata para justificar por qué ha sido tan difícil llevar un registro detallado de las víctimas.
Vázquez Alatorre explica cómo se fragmentan las familias y quedan en la orfandad decenas de menores.
“En un caso de Apatzingán, el homicida es el padre, la mamá muere y los niños quedan en extrema pobreza a cargo de algún pariente que los quiera recoger. Te quedan cuatro niños huérfanos, que se van a cargo de una hermana de la madre que vive en una choza, sin piso… y de un momento, de cuatro hijos pasa a ocho”.
A nivel nacional todos los sistemas de integración familiar están limitados en sus funciones y se les dificulta actuar porque así está estipulado por la ley: sólo pueden proteger y atender a los menores a denuncia expresa.
Pero el problema principal por el cual no se ha podido atacar de manera directa es por la falta de registros confiables que permitan conocer cuántos huérfanos son y cuáles son sus necesidades.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe Violencia, niñez y crimen organizado, detalla que al menos 30 mil menores de edad en México estarían en riesgo de ser cooptados por el crimen organizado para realizar actividades como extorsión, tráfico de personas, piratería, robos y narcotráfico.
Liberar a menores de su entorno
Es por ello que expertos como Juan Martín Pérez García, director de Redim y Froylán Enciso, historiador y experto en temas de política de drogas, coincidieron en que no sólo falta otorgarles recursos para apoyar a las familias que acogen a estos menores en orfandad. Hace falta tener un número confiable y así otorgarles apoyo sicológico y evitar que en un futuro no muy lejano se conviertan en empleados del crimen organizado.
Enciso explicó que es fundamental enseñar a los niños que se han “acostumbrado” a vivir en medio de la violencia a que ese tipo de contextos no son normales.
Comentó que hay reportes de menores de edad que no solamente se vieron afectados y traumatizados por la violencia, sino que como efecto de ese trauma la normalizaron.
“Esto es muy preocupante —advierte Enciso— porque cuando creces pensando que esa es la única manera de vivir, la única manera de ser, terminas repitiendo las conductas antisociales, terminas convirtiéndote en uno de esos victimarios que tuvieron un efecto pedagógico en ti. No es normal crecer en medio de un ambiente social que legitima la violencia”.
En este atropello armado, los niños han sido impactados directamente de forma crítica. Parte de esos daños incluyen el reclutamiento forzoso, los homicidios violentos, la orfandad, el desplazamiento forzado y las desapariciones, señala Juan Martín Pérez García, director de la Redim.
El experto afirma que en esta guerra contra el crimen organizado una gran parte de las estadísticas de homicidios lo ocupan los menores de 12 a 17 años.
Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.