Curzio renunció a su espacio informativo porque le pidieron la cabeza de sus dos colaboradores. Con ello se suma a otros periodistas y comunicadores que han perdido sus espacios por presiones políticas sobre los concesionarios de la radio y la televisión, siendo el caso Aristegui uno de los más emblemáticos.El derecho a la información está reconocido en el artículo sexto de la Constitución y en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vulnerarlos no es un agravio menor y deben reconocerse y garantizarse en la práctica.
La pluralidad y la diversidad de voces también sufre un daño con la salida del cuadrante radiofónico de Curzio y sus colaboradores, mermando la opinión pública, la deliberación y generando una mala calidad de nuestra democracia. Aunque se han licitado más frecuencias para radio y televisión en el país, la oferta de contenidos, formatos, analistas y posturas no se ha diversificado. La mayor competencia en radiodifusión no ha sido directamente proporcional a una mayor pluralidad informativa y de opinión. Todavía hace falta contar con indicadores sobre la calidad de los contenidos y la pluralidad.
Como ha documentado, entre otras, la organización Artículo 19, durante el actual sexenio se han recrudecido y diversificado los atentados a la libertad de expresión, desde asesinatos de periodistas (29 en lo que va del sexenio), agresiones, amenazas, hasta formas más sofisticadas como el espionaje telefónico a través de software especializado de intervención de comunicaciones privadas.
Ricardo Raphael señaló en su cuenta de Twitter y en un artículo publicado en El Universaltitulado “Callarse y ser silenciado”, que la causa por la cual pidieron su salida y la de Casar fue la tertulia política que sostuvieron el 28 de septiembre en Enfoque Noticias. Los analistas cuestionaron las propuestas para eliminar totalmente el financiamiento a los partidos políticos y a los candidatos plurinominales, promovida por el Partido Revolucionario Institucional. La consecuencia sería el trasiego de recursos privados y/o de procedencia ilícita para el financiamiento de las campañas políticas.
Coincidimos con lo expuesto por María Amparo Casar en su columna “Adiós al enfoque de Curzio” en Excélsior: “la desaparición de su noticiero empobrecerá de manera sensible la oferta informativa y de opinión de este país. Sobre todo, empobrecerá aún más algunas de las virtudes de la democracia que los mexicanos, salvo contadas excepciones, hemos sido omisos en cultivar: la deliberación pública, el debate y la pluralidad”.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) se solidariza con Curzio, Casar y Raphael –como lo ha hecho en ocasiones previas con otros periodistas, reporteros, comunicadores, activistas y defensores de los derechos humanos– y exige que cesen los atentados a la libertad de expresión. Urge que México deje de ocupar el deshonroso pódium de ser uno de los países que más agresiones comete contra los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho de acceso a la información y derechos de las audiencias.
La renuncia del periodista y analista Leonardo Curzio, conductor de Enfoque Noticias y director de Noticias de Grupo Radio Mil, por negarse a despedir a dos colaboradores habituales de su mesa de análisis (María Amparo Casar y Ricardo Raphael, este último integrante del Consejo Consultivo de la Amedi), exhibe una vez más la vulnerabilidad de los comunicadores frente a los intereses políticos de los concesionarios (en este caso, el empresario Edilberto Huesca) y la facilidad con que la libertad de expresión es coartada, el derecho a la información de la población es ignorado y los derechos de las audiencias son omitidos.